JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO - ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

CAMPUS PUERTO VALLARTA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO – ELECTORALES

DE LOS CIUDADANOS

POLITICA I

LIC. Oscar Reynaldo Gutierrez Leaño

EQUIPO 4

• García Colín Paola Andrea

• Arabit del Campo Norman

• Machaen Terriquez Wistor Ozmín

• Nuñez Blas Vicente

• Corona Tiznado Alfredo Daniel

• Rivera Rodríguez Justo

• Menchaca Ramirez Alfredo

Puerto Vallarta, Jalisco a 25 de Marzo del 2006

ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..………………3

2.0 MARCO TEÓRICO…………………………………….…………………………..………4

2.1 QUE ES EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO – ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS……………….……………………………….….4

2.2 QUE ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN…………………………………………...….4

2.3 QUE SON LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES….………………………..4

2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS………………………………………………..………5

3.0 MARCO JURIDICO……………………………………………….……………………….8

3.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL…………………………….……………………...8

3.2 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL…………………………………………………………….………….…………..9

3.2.1 PROCEDENCIA………………………………………………………………………....9

3.2.2 LEGITIMIDAD Y PERSONERIA……………………………….………………………9

3.2.3 LAS PARTES EN EL JUICIO………………………………….………………...……11

3.2.4 COMPETENCIA………………………………………………………………………..11

3.2.5 PLAZOS Y TERMINOS………………………………………….………….…………12

3.2.6 PRESENTACION DE LA DEMANDA………………………...….…………………..12

3.2.7 TRAMITE………………………………………………………………………….…….13

3.2.8 PRUEBAS………………………………………………………………..……………..14

3.2.9 SOBRESEIMIENTO……………………………………………………………..…….15

4.0 CONCLUSION…………………………………………………………….……………..16

5.0 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….………………..17

1.0 INTRODUCCIÓN

No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo son “tiempos de cambios”. La democracia es un instrumento que es útil para poner y quitar gobernantes, pero que no sirve para resolver los problemas sociales, podríamos decir que para ello sirven los gobiernos, las políticas públicas, pero no la democracia.

En el campo concreto de las instituciones que afectan la vida democrática mexicana, no cabe duda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyas siglas adecuadamente nombradas al día de hoy son TEPJF- se ha constituido en un referente necesario para el desarrollo de nuestra débil democracia. Sus resoluciones constituyen punto obligado de referencia para el conocimiento del derecho electoral mexicano. En este contexto jurídico electoral, tanto el propio TEPJF como el Instituto Federal Electoral (IFE), han venido consolidándose como las instituciones electorales de mayor prestigio en nuestro orden jurídico, en esta parcela de relaciones de poder, las relaciones electorales.

Los derechos políticos del ciudadano es el conjunto de privilegios que la Constitución le otorga a los ciudadanos en su Art. 35, para votar y ser votados en las elecciones populares así como para participar en los asuntos políticos del país. Estos derechos político-electorales se protegen mediante un juicio que procede cuando el ciudadano, por si mismo, hace valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares y de asociarse o afiliarse libremente en los partidos políticos.

En el presente trabajo haremos un análisis sobre este medio de impugnación y la importancia que tiene cuando al ciudadano se le vulneran éstos derechos, y que sea de nuestro conocimiento la forma en que debe promover este recurso en el que puede hacer valer sus derechos políticos, así como los requisitos y todo lo procesal que como abogados necesitamos saber.

2.0 MARCO TEÓRICO

2.1 QUE ES EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO – ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS

El juicio de protección de los derechos político-electorales es un medio de impugnación con el que cuentan los ciudadanos para combatir presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

2.2 QUE ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN

Es un recurso legal que permite a los ciudadanos y a los partidos políticos inconformarse ante la instancia correspondiente por actos de las autoridades electorales que se considere lesionen sus derechos político-electorales.

2.3 QUE SON LOS DERECHOS POLITICO - ELECTORALES

Los Derechos Político – Electorales son el conjunto de derechos garantizados por la ley, que permiten a los ciudadanos tomar parte, de una manera pacífica, en los asuntos políticos del país, como votar y ser votado.

Mientras no desaparezca el hombre, los derechos políticos seguirán siendo el fundamento principal para la formación y la organización de cualquier sociedad, y como consecuencia, del Estado, independientemente de su régimen jurídico o de su forma de gobierno.

Los derechos políticos, difícilmente ubicados dentro de los derechos humanos, en un sentido estricto son considerados por la comunidad política contemporánea como derechos fundamentales y como manifestación de la voluntad en general.

Arturo Barraza establece que los derechos político-electorales pertenecen a la rama del derecho público, reconocidos constitucionalmente a la persona como ciudadano mexicano, ya sea en lo individual o colectivo, para que dentro de un Estado de derecho, participe con la representación de la soberanía del pueblo y de manera democrática en la renovación del poder público.

2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En 1996 se derogaron los tres últimos libros: el sexto, el séptimo y el octavo del COFIPE y se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para contemplar la estructura orgánica del Tribunal Electoral, como órgano especializado y máxima autoridad federal, en materia electoral asimilado al Poder Judicial de la Federación y se emite una nueva ley adjetiva en materia electoral: La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral el 19 de Noviembre de 1996.

Esta Legislación procesal tiene un alto grado de especialización, ya que regula los distintos medios de impugnación con que cuentan los partidos políticos y demás sujetos electorales, para impugnar actos o resoluciones electorales que les causen agravios, es decir, a través de recursos (revisión, apelación y reconsideración) y de juicios, verdaderos procesos contenciosos (inconformidad, de protección de los derechos políticos - electorales del ciudadano, de revisión constitucional y el juicio laboral electoral), de los cuales salvo el de revisión, todos los demás son medios de impugnación típicamente jurisdiccionales.

La reforma de 1996 estableció el juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, una especie de amparo en materia electoral, a cargo de otro órgano de la justicia federal, el especializado en esa materia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Existe una disposición general que permite a un ciudadano acudir a ese juicio cuando considere “que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior”, que son precisamente los de votar y ser votado. Se requiere que el derecho solicitado se ejerza “en la forma y en los plazos” que la ley establezca.

Existe, por otra parte, la posibilidad política y aun legal, de hacer campaña con una candidatura no registrada. La ley electoral dispone que en la papeleta del voto haya un espacio para candidaturas no registradas. El Partido Comunista, cuando carecía de registro, acudió en dos ocasiones a esa fórmula: en 1964 cuando presentó la candidatura de Ramón Danzós Palomino y en 1976 cuando lo hizo con Valentín Campa. En el primer caso no se computaron los votos por candidatos no registrados pero sí en el segundo, cuando sumaron 212,064 sufragios. Presumiblemente, la mayor parte de ellos correspondió a Campa.

Se dirá que es una broma cruel sugerir, o siquiera recordar la posibilidad de ser candidato sin registro. Dado el cuantioso financiamiento público

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