Justicia Ambiental En El Peru

Justicia ambiental: Logros y desafíos en el país y el mundo

Raúl E. Chacón Pagán

La justicia ambiental nació como concepto en los Estados Unidos, a inicios de los años 80, a raíz de la contaminación que sufrían comunidades afroamericanas, hispanas e indígenas a causa de industrias nocivas localizadas predominantemente en sus cercanías. Más precisamente, el movimiento de justicia ambiental comenzó en 1982, en el Municipio de Shocco, condado de Warren, Carolina del Norte. El Estado había seleccionado dicho municipio, conformado mayoritariamente por población afroamericana de bajos ingresos, para construir un vertedero de basura de desechos peligrosos. Ante ello, los pobladores, con el apoyo de la Comisión de Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo, implementaron una campaña de desobediencia civil no violenta, que costó al inicio alrededor de 500 arrestos. En los siguientes años, una serie de estudios, eventos y hasta acciones gubernamentales alrededor de los problemas ambientales que afectaban a las comunidades pobres o negras, hicieron de la justicia racial un tema de interés nacional. Fue así que en 1992, el Departamento para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) estableció su oficina de Justicia Ambiental (originalmente llamada la Oficina para la Igualdad Ambiental) e inició la publicación del reporte de Igualdad Ambiental: Reduciendo los Riesgos en todas las Comunidades. La Oficina de Justicia Ambiental es la encargada de coordinar los trabajos de justicia a través de las diez regiones de la EPA; de administrar los fondos ofrecidos para pequeñas iniciativas de comunidades, escuelas y universidades, y supervisar los proyectos relacionados al área de la justicia ambiental. En consecuencia, desde los años 1990 se ha ido consolidando un Movimiento de Justicia Ambiental internacional, habiendo surgido de varias luchas, acontecimientos y movimientos sociales por todo el mundo, que han dejado su impronta en la gestión estatal y la legislación ambiental.

En el Perú, la lucha por la justicia ambiental tampoco es nada nueva, pues se puede remontar a los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando numerosas comunidades campesinas de la sierra central se opusieron a la contaminación generada por el recién construido complejo metalúrgico de La Oroya, por entonces en manos de la Cerro de Pasco Copper Corporation. La falta de normas ambientales impidió que sus reclamos fueran canalizados, así como permitió por décadas la continuación de emisiones altamente contaminantes, aunque la fundición fuera estatizada en los años 70 por el gobierno militar del general Velasco. Otro caso emblemático histórico fue el de la comunidad de San Mateo de Huanchor, en 1934, cuando los pobladores se levantaron contra la minera Lizandro Proaño, que estaba contaminando la zona con los humos de su fundición, siendo reprimidos duramente por la policía. Esta reacción de fuerza les costó cinco muertos, aún recordados como mártires por el pueblo en cada aniversario del suceso. Otro hito importante en la construcción del movimiento por la justicia ambiental en el país fue la fundación en 1999 de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), con el apoyo de ONGs nacionales e internacionales, liderada precisamente por líderes de una zona tradicionalmente minera: La sierra central, más precisamente Pasco y Junín. Desde entonces la CONACAMI, en particular, ha procurado poner en agenda la reivindicación de los derechos ambientales de las localidades altamente contaminadas por la llamada vieja minería. Aunque en los últimos años han perdido fuerza sus iniciativas al respecto.

El caso de La Oroya, considerado uno de los diez lugares más contaminados del planeta por el Instituto Blacksmith de los Estados Unidos, sigue siendo hoy en nuestro país un ejemplo de injusticia ambiental, tan

...