LA DESAPARICION Y LA DESAPARICION FORZADA EN HONDURAS

INTRODUCCION.

Históricamente, la desaparición forzada de personas ha sido utilizada como un procedimiento de represión e intimidación de la población por parte de regímenes políticos autoritarios o dictatoriales.Recurrir a ella provoca situaciones de gran angustia e incertidumbre, puesto que uno de sus objetivos es eliminar a los opositores de un determinado régimen borrando todo rastro de las personas que son víctimas de esta práctica. En América Latina, la desaparición forzada de personas se extendió durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente en países con gobiernos dictatoriales, autoritarios, o que experimentaron conflictos armados internos (Chile, Argentina, Uruguay, Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil y Honduras) ; no obstante presentándose en países también de gobierno civil como México, Colombia y Perú.

En nuestro Perú es bastante conocida la violencia armada en las últimas dos décadas del siglo pasado. Situaciones que llevaron a dañar la memoria individual y colectiva de docenas de miles de peruanos; episodios sangrientos atropellos contra la dignidad humana y un elevado número de personas desaparecidas durante el periodo 1980 y 2000.

Todo empezó, de un lado, por el cambio social y político a través de la lucha armada como parte de ideologías extremistas y hasta mesiánicas del PCP Sendero Luminoso (1980): y de otro, por la respuesta del estado con el objetivo de reprimir la subversión.

Un número importante de miembros de las fuerzas del orden, autoridades locales, y pobladores murieron a consecuencia de la acción terrorista. De otra parte, se produjeron numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de pobladores principalmente de la sierra sur y central del país, causando gran dolor e incertidumbre en sus familias. Todos ellos merecen no sólo la más esmerada atención por parte del Estado, sino el reconocimiento y apoyo de la sociedad en su conjunto.

Muchos órganos se han pronunciado al respecto como la Defensoría del Pueblo que busca contribuir con los esfuerzos de paz y reconciliación en el país con la creación de la llamada Comisión de la Verdad Y Reconciliación, esta encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Apostar por la construcción de una cultura de paz requiere conocer las heridas abiertas y atenderlas.

Todo esto nos hace reflexionar que si bien estas prácticas no son utilizadas más, aún queda en la agenda nacional de temas pendientes establecer el destino de los desaparecidos, garantizar el derecho a la sepultura que asiste a los familiares y ofrecer la reparación correspondiente a los deudos.

Origen y desarrollo:

Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.

La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en la década del sesenta.(1)

Con algunos antecedentes mucho más atrás en el tiempo -como la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, tras las masacres perpetradas por el régimen de Hernández Martínez-, el método como tal principia a configurarse en Guatemala entre los años 1963 y 1966(2).

Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en ese país: impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana.

A lo largo de dos décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América Latina.

Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Países como México(3), Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma. Asimismo, sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones ejecutadas en Honduras, haciendo víctimas en ese país tanto a aquellos que pertenecían a sindicatos, movimientos estudiantiles, dirigentes políticos, abogados y otros profesionales, cuerpos de solidaridad y religiosos, entre otros: todo ello con el apoyo militar de los Estados Unidos, que hiso llegar al país instructores y asesores argentinos,

israelíes, chilenos y de la CIA.

Para el año de 1982, el control administrativo del Estado es asumido por el Presidente Roberto Suazo Córdova, el país se coloca en manos de los militares nacionales y extranjeros. La Contra Revolución Nicaragüense controlaba el sur y el oriente del territorio. Las Bases Militares Estadounidense se ubicaban en Comayagua y Trujillo. Las fronteras con El Salvador y Guatemala eran controladas por las Fuerzas Territoriales, que recibían financiamiento total de los Estados Unidos.

A lo interno se crearon los escuadrones especiales antisubversión, entre los más destacados figuran los escuadrones de la muerte como el grupo de los Catorce, comandado por el Mayor Adolfo Díaz; la Dirección Especial de Investigación (DIES), dirigida por el oficial de policía Alexander Hernández; Batallón de Inteligencia 3-16 y Fuerzas Contra Revolucionarias de Nicaragua conocidas como los Contras, que apoyaban a los escuadrones de Honduras en los operativos contra disidentes políticos. Las Estructuras judiciales no tenían control sobre ninguno de estos cuerpos. Apoyaban también los Batallones Especiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Territoriales que también recibían financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y los Ejercitos Militares Conjuntos, denominados Ahuas Tara I y II, en el que participaron más de 6,000 soldados estadounidenses.

En fin las Desapariciones Forzadas en Honduras han sido una práctica ejecutada y tolerada por las autoridades del Estado. La Desaparición de más de 200 personas es la prueba irrefutable de lo que la desaparición forzada fue una política de Estado durante los años ochenta. La creación de comisiones militares para la investigación amañada de los hechos consolidados, la impunidad de los autores materiales e intelectuales.

La creación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras constituye una acción concreta de la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a la vida y al debido proceso entre otros derechos violados y asa como en el Perú se esta buscando incluir y reconocer a estas víctimas y a sus familiares como ciudadanos y ciudadanas para acabar con el estigma social que hasta el día de hoy continúa.

CONCEPTOS

1. Desaparición forzada, o desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad,1 siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD.DD.).

El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.

El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego en muchos otros del mundo, especializándose en su denuncia y concienciación.

A partir de la precedentemente expuesta para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la constitución en 1980 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre

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