La Prueba

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALDEA: LUIS BELTRAN RAMOS

CARRERA: ESTUDIOS JURÍDICOS

UNIDAD CURRICULAR: DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS PROCESALES

PROFESORA: ABOG. MILAGROS RAMÍREZ

MARACAIBO – ESTADO ZULIA

REALIZADO POR:

CEBALLOS, MARÍA EUGENIA

C.I. 7.885.378

MARACAIBO, NOVIEMBRE DE 2014

ESQUEMA

Introducción

1. Régimen Probatorio Penal

2. Principios Generales de la Prueba

3. Carga y la Apreciación de la Prueba

4. Prueba en el Proceso Penal

5. Medios de Pruebas existentes en el C.O.P.P.

6. Actas de Investigación

7. Actas Probatorias

8. Diferencias entre el Acta de Investigación y el Acta Probatoria

Conclusión

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico Procesal Penal como instrumento legal en la legislación penal venezolana contiene un aparte sobre el Régimen Probatorio fundamentado en principios y garantías constitucionales que enmarcan sus normas legales.

La presente investigación tiene como finalidad profundizar en el ámbito del Régimen Probatorio en el Código Orgánico Procesal Penal, ya que se convierte en el pilar fundamental para el esclarecimiento de un hecho ilícito.

La libertad y la vida constituyen dos bienes infinitos fundamentales que sustentan la columna vertebral el cual requieren la protección en un estado social y en democracia de derecho en la justicia y la aplicación de la ley penal. En la esfera interna y al margen de las declaraciones legales, la vida y la libertad han significado poco entre las personas.

Tener estos conocimientos quiere llegar de una manera eficiente y eficaz al desarrollo y ejecución de las distintas formas de probar un hecho, para llegar así al fin último del proceso, que es conocer y llegar a la verdad, tarea realizada por los diferentes órganos de investigaciones penales.

El estado garantiza y protege la administración de la justicia y tiene como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo y está respaldado por un debido proceso y el derecho a la defensa para asegurar la adecuada defensa de los derechos ciudadanos. Dentro de estas garantías se encuentra el poder contar con todas aquellas pruebas o medios de pruebas que puedan ayudar a dilucidar la comisión de un hecho punible y través de la apreciación de las pruebas y se aplica al culpable su respectiva sanción.

1. Régimen Probatorio Penal

El régimen probatorio aplicado en la legislación nacional con relación a la materia penal y que se relaciona con la evidencia física, para eso nos remitimos al Art. 198 COPP: “Artículo 198. Libertad de prueba. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este Código y que no esté expresamente prohibido por la ley. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.

Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.

El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio”.

2. Principios Generales de la Prueba

 Artículo 1. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

 Artículo 2. Ejercicio de la Jurisdicción. La potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado.

 Artículo 3. Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código.

 Artículo 4. Autonomía e independencia de los jueces. En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho.

 En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.

 Artículo 5. Autoridad del Juez. Los jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.

 Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales, las demás autoridades de la República están obligadas a prestarles la colaboración que les requieran.

 En caso de desacato, el Juez tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones, respetando el debido proceso.

 Artículo 6. Obligación de decidir. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio,

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