La Vida Penitenciaria

INTRODUCCIÓN

Desde hace bastantes años; más de cuatro décadas, Venezuela vive una realidad carcelaria profundamente deteriorada, la cual resulta imposible ocultar. Sobre éste fenómeno social, han investigado y escrito abundantemente diferentes estudiosos, tanto en nuestro País, como en otras partes del mundo, de allí la universalidad del conocimiento.

Precisamente esas referencias, sirven de motivación para tratar de investigar sobre la forma como las variables interactúan y producen los fenómenos en el contexto penitenciario local. Sobre el particular existen múltiples estudios realizados por personas que evidentemente se han preocupado por la situación, aportando nutridos conocimientos sobre la materia que hoy día son de vital importancia; puesto que, reflejan una serie de condiciones que han existido en el tiempo y que subsisten en la actualidad.

Lo que se expresa en el contenido de este trabajo, representa los resultados de una larga vivencia en el quehacer penitenciario. Se sustenta en la revisión de los planteamientos de algunos teóricos que guardan relación con los diferentes tópicos que se abordan; pero sobre todo en la observación directa de los hechos.

Se ambiciona, que los resultados de este trabajo, de alguna manera pudieran servir de referencia y contribuir, por una parte, con quienes en el futuro decidan estudiar la temática, y por otra, como una reflexión para las personas que en la actualidad tienen la responsabilidad de ser actores directos en la situación penitenciaria y, en cierto modo, para actualizar un poco la información al público sobre el tema, considerando que existen investigaciones similares a las cuales se cree necesario dar continuidad.

LA VIDA PENITENCIARIA

La negación del derecho a la vida dentro de la cárcel sigue siendo un aspecto ético preocupante; sin embargo, siempre se sigue hablando de la cárcel, históricamente, como un problema que hay que atacar con carácter de urgencia. Lo malo de la cárcel es fácil de identificar: hacinamiento, violencia, violaciones, ocio, vejaciones a la dignidad del ser humano, insalubridad, desnutrición, enfermedades, en resumen la muerte. Mientras que las causas más denunciadas son la falta de recursos, de especialistas, la falta de voluntad política, la corrupción, la negligencia, el no cumplimiento de las leyes, entre otras. En el Art. 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece, la privación de libertad, como última opción, lo cual significa que la cárcel es algo negativo, que no sirve para rehabilitar y por lo tanto, hay que evitarla. Cabe resaltar que, dicho artículo hace énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y al tratamiento de rehabilitación de los internos. Así mismo, la reforma de la Ley de Régimen Penitenciario adecua algunas normas al Código Orgánico Procesal Penal, pero no así a la CRBV en cuanto al funcionamiento del Sistema Penitenciario; por lo tanto, se consagra el trabajo y la educación como derechos de los condenados. Además de los instrumentos legales citados anteriormente, existe toda una legislación en la materia abundante, si a ello le sumamos todos los Tratados Internacionales, Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, suscritos por la República, lo cual implica que las debilidades del Sector Penitenciario se ubican más en el ámbito operativo que en el legal. Por lo tanto, la rehabilitación constituye el principal objetivo de la cárcel, lo cual significa un cambio de conducta sociable, para luego reinsertarse y llevar una vida sana en Comunidad, lo cual resulta difícil sin un programa de atención Postpenitenciaria.

La utilización del tiempo y el espacio

Otra característica importante en la vida en la prisión es la utilización del tiempo y el espacio, aspectos fundamentales en toda institución total (¿qué hacer?, ¿cuándo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?).

Tiempo: En la cárcel casi nunca hay nada que hacer, pero el recluso tampoco puede planificar su tiempo. La importancia en la seguridad, en la evitación de la fuga y el control total del preso, hace que las actividades en la prisión, además de inestables, carezcan de interés para el preso, al que no se intenta motivar a que participe en las escasas actividades. Las razones de esto son:

Apenas existe personal capacitado, motivado y encargado de realizarlas, ya que la gran mayoría de los funcionarios de la prisión están dedicados a tareas exclusivamente regimentales, administrativas y de seguridad y vigilancia, no se le forma en actividades de intervención, y se encuentra en un ambiente laboral sumamente desmotivador.

El excesivo número de reclusos, el enorme hacinamiento que constantemente satura nuestras cárceles, no permite que todas puedan realizarlas, con lo que frecuentemente no las realiza ninguno.

La escasez de espacios dedicados a actividades, como el difícil acceso a ellos, dificulta la realización de casi todo tipo de actividades.

La mayoría de las actividades que se realizaban en mucha prisiones eran llevadas a cabo por parte de personas ajenas a la prisión, perteneciente a diversos grupos (instituciones religiosas, ciudadanas). Pero cuando la situación de la prisión es especialmente precaria, cuando estas personas venidas de fuera critican la situación, la institución penitenciara reacciona cerrando sus puertas, intentado evitar las críticas ocultando la situación.

El Estado venezolano es el responsable de garantizar la vida y la integridad física de quienes están recluidos, o más bien depositados en las aberrantes cárceles de nuestro país. Cada vez es más evidente la incapacidad y la insensibilidad de los funcionarios que tienen en sus manos la tarea concreta de dirigir la política penitenciaria.

No se ha llegado, por incapacidad, temor o complicidad, al fondo de uno de los más graves quistes que tiene el sistema penitenciario.

Se siguen aplicando viejas fórmulas ya fracasadas para un viejo problema hoy multiplicado por cien o por mil.

No se ha llegado, por incapacidad, temor o complicidad, al fondo de uno de los más graves quistes que tiene el sistema penitenciario, como lo es el tráfico de armas.

Uno se pregunta cómo puede ser creíble la tesis de que una madre, una esposa o un hijo o hija de un preso pueden pasar, como si nada, armas de distinto calibre, que van desde la más modesta pistola hasta la más temible ametralladora, sin ser detectados por los distintos niveles de control que existen a la entrada de estos antros infernales. Y hasta ahora no se ha llevado a cabo una seria investigación para determinar responsabilidades específicas de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Dirección de Prisiones, encargados de la custodia externa e interna, respectivamente.

Se trata de un negocio millonario, que a su vez genera otros no menos rentables. El hecho de que una parte de la población reclusa esté armada obliga a que el resto pague protección, lo cual no siempre es posible, dado que, la absoluta mayoría de los internos, cuidado si más del 95% por ciento, son hijos de la pobreza.

Como ingrediente que agrava la situación, persiste el retardo procesal. El retorno del horario tradicional a los tribunales no es suficiente para saldar la deuda que tiene el Poder Judicial con la sociedad en general y con los presos y sus familiares en particular.

Es increíble que en tantos años, entre la cuarta y la quinta, pero sobre todo en esta última década en la cual nació una nueva carta magna, no se haya podido poner en práctica un verdadero plan de emergencia judicial que alivie el hacinamiento carcelario, que implique el traslado de los jueces a las cárceles para aligerar los procesos y que haga funcionar realmente el sistema de la defensa pública para quienes no tienen recursos que les permitan pagar abogados.

La respuesta sigue siendo una mezcla de incapacidad e indolencia con represión.

Si no persistiera el sectarismo y la prepotencia y privara realmente el deseo de ponerle coto a la tragedia penitenciaria venezolana, ya Humberto Prado y el Observatorio Venezolano de Prisiones tendrían un lugar asignado en la mesa donde deberían tomarse las decisiones que apunten a convertir las cárceles del país en centros de reeducación y reinserción social.

El pasado 25 de enero, a raíz de una requisa realizada en el Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental, situado en Uribana, estado Lara; se suscitaron algunos actos de violencia que, de acuerdo a las cifras oficiales, concluyeron con la muerte de 58 reclusos y más de 100 heridos. Entre los fallecidos se encontraba al pastor Segundo Camejo, miembro de la Pastoral Evangélica Penitenciaria, así como, unos 30 reclusos cristianos más.

Como medida de seguridad, el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios realizó la evacuación de la cárcel, trasladando a los reclusos a nueve diferentes prisiones del país. Un total de 2.092 internos de Uribana fueron llevados temporalmente a otros penales mientras concluyen las inspecciones en la actual estructura y se culmina la nueva sede carcelaria.

Actualmente permanecen en Uribana 229 internos en los sectores denominados El Rodeíto y La Banquera, 46 de estos privados de libertad son atendidos por las heridas sufridas en los hechos del 25 de enero. En estos espacios las visitas de familiares se cumplen sin mayores problemas; mientras que los familiares de los presos evacuados, fueron trasladados también por el mismo Ministerio al resto de las cárceles.

Inmediatamente finalizado el desalojo y traslado, la ministra para los servicios penitenciarios, Iris Varela, implementó el

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