La acreditación de carrera: un modo de garantizar la calidad educativa. El caso de las carreras de enfermería

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Universidad Nacional de Entre Ríos

Facultad de Ciencias de la Educación

Maestría en Docencia Universitaria

Seminario:

Política, gobierno y gestión universitaria

Tema:

La acreditación de carrera: un modo de garantizar la calidad educativa. El caso de las carreras de enfermería

Docentes:

Mg. Rafaghelli, Milagros

Dr. Caudis, Alejando

Alumno:

Lic. López Sergio Lorenzo Jesús

Concepción del Uruguay – 22 de diciembre de 2017

 “Lo que no se evalúa, se devalúa…

Pero lo que se evalúa mal se deteriora”

Ángel Gabilondo (2012)

El sistema de educación superior (SES) señala Burton Clark (1983) se estructura y organiza como una institución sumamente compleja en la que lo esencial es la producción y transmisión de conocimiento, siendo este último el “facilitador” de los arreglos organizacionales dentro de la universidad, incluso esta materia prima –el conocimiento- delimita los modos en que el poder y la autoridad se distribuyen y ejercen en esta institución. Clark sostiene que las complejidades de los SES también se encuentran dados por la coexistencia de diferentes actores con diversos intereses e incluso por una serie de contradicciones tanto internas como externas. Haciendo referencia a las tensiones que se producen entre las exigencias que tanto la sociedad, el Estado y el mercado les demandan en relación a los criterios de productividad y mejora de la calidad educativa.

Esta última idea que Clark plantea en su análisis acerca de los sistemas de educación superior, se refiere en otros términos a los procesos de acreditación que en las últimas décadas se han venido implementado –con mayor o menor énfasis- como estrategias de políticas públicas y han ocupado lugar en las agendas universitarias. Tema del cual no ocuparemos en los próximos párrafos.

A que nos referimos cuando hablamos de políticas públicas. En este punto se vuelve necesario hacer mención a lo siguiente: las políticas pueden ser analizadas desde dos dimensiones, por un lado, una política para hacer referencia a las formas de ejercicio de poder y una dimensión referida al instrumento de los gobiernos para la realización de la política en sí misma. La manera en que se defina el concepto, dependerá de lo que se entienda por políticas y cualquiera sea su elección debe realizarse de manera reflexiva, teniendo en cuenta sus sentidos y los usos del término.  

A propósito de lo antes dicho, en América Latina en la década de los 80´ se abre el debate alrededor de la idea de crisis de calidad de las universidades que va a determinar un cambio en la orientación de las políticas públicas de la época. Es así que, los procesos de reforma de la educación superior de los años noventa marcaron, a su vez, un desplazamiento que puso en el centro de la agenda de política la cuestión de la “evaluación de la calidad” como una nueva respuesta a la crisis del modelo institucional (Chiroleau. 2012). Primeramente, el foco de atención de las políticas se orientó a una mejora y restructuración de un inadecuado modelo institucional y a la búsqueda de eficiencia en el uso de recursos y adecuación a las demandas del mercado producto de la crisis económica-financiera.

Cabe preguntarnos en este punto, de qué manera se operativizan estas políticas por parte del estado, pues si bien la agenda es del gobierno –en ocasiones- los problemas o necesidades que la componen, conciernen y preocupan a la sociedad. En tal sentido, la “definición” de un problema público que forme parte –no solo de la agenda gubernamental, sino también de la agenda universitaria- no se vuelve tarea sencilla. Pues en su determinación confluyen interdependencias, subjetividades y conflictos (Aguilar. 1993) de cada uno de los actores (sociedad, gobierno, estado, etc.).

Al respecto “Desde 1986 en adelante aparece el debate sobre los problemas de la eficiencia académica y de la gestión […] las universidades eran conscientes de la necesidad de mejorar la calidad y de proceder para ello a realizar diagnósticos objetivos de las instituciones. En 1991 la Universidad Nacional de Salta organizó el Primer Encuentro lnteruniversitario Nacional sobre Evaluación de Calidad. En el Ministerio de Educación desde comienzos de los años noventa comenzó a funcionar una Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) y se organizaron procesos de evaluación institucional con universidades que estaban interesadas en estos procesos.”^[1]

A raíz de los continuos debates comenzados en la década del 80´, es que en el año 1995 con la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior (LES) se estableció el marco normativo para la regulación de la evaluación de la educación superior universitaria en la Argentina. En efecto, con ella se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –la CONEAU- (artículo 44), y se determinaron sus funciones (artículo 46) y composición (artículo 47) y se fijó la distinción entre dos procesos: la evaluación para las instituciones universitarias y la acreditación^[2] para las carreras de grado y de posgrado. (Araujo 2015).

Claro que como afirma Krotsch (2001), la implantación de la evaluación en la Argentina fue en sus inicios un proceso altamente conflictivo. Su introducción en la agenda gubernamental de la década de 1990 fue percibida como una intromisión del Estado en la vida de las instituciones y como un instrumento de control amenazante para sus autonomías. Cuestión que aún se mantiene en algunas universidades del país, como el caso de la Universidad de Buenos Aires.

Por qué tanto la acreditación como la evaluación se constituyen como un problema en la agenda universitaria y como parte de las políticas. Pues estos procesos –desde mi punto de vista- confieren de legitimidad académica, mejoran la calidad y el rendimiento no solo de la enseñanza, sino también de la investigación y la extensión. De hecho, el resultado que se obtenga del proceso conduce al reconocimiento oficial y al otorgamiento de validez nacional de la titulación. En tal sentido “Las universidades deben desarrollar su perfil institucional para dar una respuesta propia, de calidad, diferenciada a partir de sus fortalezas, a fin de satisfacer adecuadamente la provisión de sus funciones básicas y sociales”^[3].

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