La expulsión de los misioneros jesuitas

La expulsión de los misioneros jesuitas de las provincias del noroeste fue un acontecimiento con profundas repercusiones en la historia de la región. La expulsión de estos religiosos del imperio español fue una de las reformas borbónicas, y la primera que afectó al noroeste. La Compañía de Jesús había provocado la animadversión y desconfianza del rey Carlos III tanto en España como en diversas colonias del imperio. Esta orden era en extremo poderosa por las propiedades acumuladas y por la influencia política que había alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las elites del imperio español y sus alumnos les guardaban respeto y admiración. Además, el rey recelaba de la fidelidad de los jesuitas porque no aceptaban la política de imponer la voluntad del rey sobre la Iglesia, aun por encima de la autoridad del papa.

Los monarcas de Portugal y de Francia también tuvieron conflictos con la Compañía de Jesús, que resolvieron expulsando a los religiosos y confiscando sus bienes. Carlos III optó por la misma vía y, el 27 de febrero de 1767, firmó la orden de expulsión de los jesuitas de todos los dominios de España y la confiscación de sus propiedades. En México y en otras ciudades de la Nueva España la orden se cumplió entre el 25 y el 28 de junio del mismo año, pero en las provincias remotas se realizó más tarde, a mediados de julio en el noroeste: 52 misioneros fueron concentrados en Guaymas y 10 meses más tarde deportados por mar a San Blas, salieron por Veracruz hacia el destierro en diversos países europeos.

La expulsión de los misioneros fue súbita y violenta en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, lo que provocó efectos inmediatos en las comunidades indígenas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de misiones que, con una administración centralizada, presentaba un solo frente a los colonos que buscaban su desaparición. La salida de los misioneros desarticuló la organización de los pueblos indígenas y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Desapareció también la disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades y, aunque esta supresión gustó a muchos indios, la falta de dirección provocó la pérdida de los bienes de comunidad.

Se había previsto secularizar las misiones luego de la expulsión de los jesuitas, pero el obispo de Durango, a cuya diócesis pertenecía la gobernación de Sinaloa y Sonora, sólo tuvo suficientes clérigos para atender las 14 misiones de Sinaloa y Ostimuri. Para administrar las 25 misiones de la provincia de Sonora hubo que llamar a los frailes franciscanos, pero ni los clérigos ni los religiosos recibieron autorización para intervenir en la vida económica y política de las comunidades, como lo habían hecho los jesuitas.

Sobre estas comunidades desarticuladas y en su mayor parte carentes de dirección incidieron otras disposiciones del gobierno colonial

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