La tarea de proteger los Derechos Humanos

Introducción

En el siguiente trabajo se ha desarrollado el tema de "Derechos Humanos", el cual fue producto de una investigación que se llevó a cabo a fin de recabar información de los antecedentes de los Derechos Humanos y la trascendencia de los mismos a través de los años, para lograr una toma de conciencia acerca de ellos, y poder colaborar a que se respeten, reconozcan, tutelen y promocionen los derechos humanos.

Todo esto con el objetivo de realizar un análisis de un caso documentado (“Mercancía sin voz” publicado en el periódico EL UNIVERSAL) mediante una discusión en grupo, para determinar el cumplimiento o no de los derechos humanos.

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.

La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

La defensa o la protección de los Derechos Humanos tiene la función de:

- Contribuir al desarrollo integral de la persona.

- Delimitar, para todas las personas, una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares.

- Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.

- Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

“Mercancía sin voz”

Usos y Costumbres

Al proclamar la Independencia de México en 1810, el cura Hidalgo abolió la esclavitud y sin embargo persisten formas de mantener esclavizadas, en este caso, a seres humanos como las mujeres, sobre todo indígenas.

En 1946 se instituyó a nivel internacional la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, que ha promovido diversos foros, conferencias y proclamas a favor de las féminas; de ahí salió, precisamente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue aprobada en 1979 por la ONU y entró en vigor en 1981, con la firma de diversos países, entre ellos México.

La Conferencia Mundial para los Derechos Humanos de Viena de 1993; la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el mismo año, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, además de la Convención de Belem do Pará, la de Mujeres de Beijing y muchas más.

Pues todo eso no le importa a los hombres que mandan en los pueblos de La Montaña y algunos de la Costa Chica; muchos no hablan español ni quieren entenderlo y otros, incluyendo autoridades, se basan en usos y costumbres de las comunidades, y consideran sin ningún problema la venta de las pequeñas.

TRATA DE BLANCAS IMPUNE, Subraya la CNDH, un problema de orden público mundial, y de seguridad nacional, porque involucra flujos migratorios, situación de pobreza y la peligrosa actuación de la delincuencia organizada trasnacional, aparte de que se agrava la tensión política y social.

Marco Legal

El Protocolo que se diseñó en Palermo, Italia en el año 2000 que diseña el tipo penal en el marco de la Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, entró en vigor en México en 2003 al ser ratificado por el Estado Mexicano y define a la trata de personas como “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, a abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”.

El Protocolo al que se ha hecho referencia, permitió contar con normas especiales para combatir la trata de personas, para implantar un sistema persecutorio y punitivo bien organizado; entrando al estudio del delito con fines persecutorios, pero también abordando acciones de prevención, protección y atención para las víctimas. De ahí su importancia. Fue en el año 2007 cuando se da un primer paso en la legislación mexicana al reformarse el Código Penal Federal, tipificando la trata de personas y tutelando el bien jurídico de este delito.

Y en noviembre de ese mismo año, entra en vigor la Ley General para Prevenir Sancionar

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