Ley De Infogobierno

La Asamblea Nacional (AN) publicó en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre, la Ley de Infogobierno, con el objetivo de establecer los principios, bases y lineamientos que regirán el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público a fin de mejorar la gestión y los servicios que se prestan a las ciudadanas y ciudadanos.

La Ley de Infogobierno establece las normas, principios y lineamientos aplicados a la Tecnología de la Información, con el fin de mejorar la gestión pública y hacerla transparente, facilitar el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la información en sus roles de contralor y usuario, además de promover el desarrollo nacional que garantice la soberanía tecnológica.

La nueva Ley establece que todo programa informático que se desarrolle, adquiera o implemente en el Poder Público deberá ser Software Libre y con estándares abiertos, salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley y previa autorización del ente competente.

Además, en la Ley de Infogobierno se establece el carácter de obligatoriedad del uso de las Tecnologías de Información en el ejercicio de las competencias del Poder Público dentro de su gestión interna, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular. Uno de sus fines es facilitar el establecimiento de relaciones entre el Poder Público y las personas, a través de las Tecnologías de Información.

Están sometidos a la aplicación de esta ley los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, en todos los niveles del Gobierno, así como en distritos metropolitanos, dependencias federales, el Banco Central de Venezuela, las universidades, institutos de educación universitaria públicos, las organizaciones del Poder Popular, y demás personas de derecho público nacionales, estadales, municipales, entre otros.

ANOTACIONES SOBRE LA LEY DE INFOGOBIERNO

La información pública es pública

La Constitución vigente establece, en su artículo 28, que “toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley”, así como a “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”.

En su artículo 74, la Ley de Infogobierno declara que “la información que conste en los archivos y registros en el Poder Público y en el Poder Popular es de carácter público, salvo que se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad y la defensa de la Nación (omissis)”. Igualmente establece, en su artículo 13, el principio de transparencia, según el cual toda persona tendría acceso a esta información denominada de carácter público.

Esto, en teoría, constituiría un avance gigantesco

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