Ley De Transparencia

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

La llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.

Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. Por un lado reconoce la información de las instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.

En el caso de infracciones graves por parte de los cargos públicos podrá haber un cese en su cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años. Si, por ejemplo, hay un falseamiento u ocultación de datos importantes o malgasto en la gestión pública, la infracción podría ser considerada como delito y tramitarse por la vía penal.

En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.

Esta ley deberá afectar a todas las instituciones y cargos públicos, además de todas las entidades privadas que ejerzan una actividad pública, o que funcionen con dinero estatal como Radio Televisión Española, Aena, y así como otras empresas privadas que ejerzan actividad pública.

Esta ley es necesaria para que Los ciudadanos puedan saber qué hacen los gobernantes con sus impuestos y también se podría hacer un balance mejor para votar a sus representantes.

Otra de las razones por la que es necesaria esta ley es para que haya más transparencia sobre el funcionamiento de la administración, que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.

Normalmente en otros países, la ley de acceso a la información contempla unos 15 días desde que el ciudadano pide los datos hasta que los recibe, aunque se espera que la norma española demoraría un mes este plazo.

Las organizaciones que defienden la transparencia creen que el gasto es una de las preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que responder a preguntas, algo que lleva

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