Ensayo Ley de Transparencia Introducción

LEY DE TRANSPARENCIA

Introducción

El crecimiento desmesurado de lo que conocemos como modernidad de mano con la tecnología cada día nos arrastra poco a poco al intercambio de ideas, pensamientos e intereses, los cuales no por la mera necesidad de comunicación signifique una preocupación del uno por el otro y mucho menos por lo que pasa en su vida día, día, conlleva esto entonces a posible planteamientos en un sentido practico de la exigencia de la justicia por parte de los gobiernos que en su momento estén tras los hilos del poder, que los ciudadanos del pueblo colombiano no por estar inmersos en una actualidad plagada de intereses individuales no se preocupen o sientan la necesidad de hacer parte de la vida democrática del país, uno de los mecanismos empleados para que el ciudadano del común haga uso de sus derecho democrático es la participación en la vida pública, que aunque no siempre se hace de forma formal a diario se lleva a cabo, en ocasiones de forma inconsciente y a veces sin saberlo.

Por ello es apenas entendible la interacción de las instituciones políticas con la ciudadanía por el simple hecho de ser un derecho, por ser parte de una nación con constitución propia promulgadora de la democracia, conllevando el derecho de acceso a la información para los ciudadanos en su conjunto y la inseparable si hablamos de ello, la transparencia, los cuales se constituyen en ejes generadores y consolidadores de todas las sociedades.

Desarrollo del Tema

La transparencia cobra especial trascendencia en la medida que se configura como propulsor de formas de expresión y protección, especialmente en los sectores sociales marginados, así el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía, precisando que la transparencia y el acceso a la información publica debe interpretarse y aplicarse en beneficio de la parte débil de la relación estado, pueblo, esto es, del ciudadano del común. La misma transparencia en la gestión pública garantiza que se pueda ejercer el control debidamente buscando la efectividad del derecho social constitucional de desarrollo, entonces la política de transparencia en la gestión pública no busca más que garantizar al pueblo que pueda ejercer control generando confianza en el mismo.

Uno de los lineamientos modernos dentro del escenario político, en lo que se refiere a las llamadas políticas públicas, que no es otra cosa mas que las acciones llevadas a cabo por el gobierno y la sociedad de forma conjunta, es la cuestión que la información debe estar en el espacio público a menos que haya suficientes razones y justificaciones de peso para mantenerlas a raya y en manos de muy pocos, que desgraciadamente es lo que ha venido sucediendo en los mandatos pasados de nuestro país.

La importancia de la transparencia y del derecho de acceso a la información publica radica entre muchas otras cuestiones en un tipo de legitimidad que para los gobernadores de paso, es inherente a lo que esperan de los que en el poder en el momento; y es que los ejemplos del tema existen y son numerosos no por el hecho de la juventud y frescura de los términos si no por la imperiosa necesidad que en la actualidad requiere un proceso plenamente llamado democrático que al final redundara para el bien de los gobiernos que en su momento estén el poder, pues una transparencia ceñida a la legitimidad de los procesos, de credibilidad en las acciones y de continuidad como los ejes principales, dará como resulta obvio, mayor participación por parte de la ciudadanía en los procesos electorales, mayor credibilidad en la instauración de una plena democracia, cuyas acciones no serán tomadas en cuenta por la población en general, si no se focalizan los intereses primarios de los individuos y ello lleva consigo, mejora en la atención por parte de las entidades gubernamentales que es la contraparte de la participación ciudadana.

Se puede entonces definir el derecho a la información como el conjunto de normas jurídicas que regulan las libertades, garantías, facultades y delimitaciones que integran el derecho a la información (Carpizo 1985).

Teniendo en cuenta esta definición estamos ante la presencia primero de la regulación que en este caso es la información que ha de presentar en forma transparente el estado al pueblo y en segundo lugar en presencia de las mediaciones jurídicas que interrelacionan justamente los medios informativos y la sociedad, con esto se asoma el papel y alcance de los medios y derechos de la libertad de expresión.

Siendo que ha cada individuo en particular le viene el derecho de recibir, difundir y solicitar información, por el solo hecho de ser beneficiario directo del derecho de acceso a la información. Puesto que el objeto de este derecho no está debido solamente a cada particular, si no también a los ámbitos en donde se producen y reproducen las informaciones que han de ser las clarificadoras de tal derecho. En este intercambio de información y opiniones se origina una discusión en donde se forma la opinión personal que junto con la de los demás conformaran una opinión publica en la que se ve la voluntad política del colectivo que acabara manifestándose como una voluntad jurídica del estado.

Surge entonces en Colombia en marzo de 2014 la ley 1712 en donde se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información publica nacional en la cual se establecen los principios de transparencia, buena fue, facilitación, no discriminación, gratuidad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información, responsabilidad en el uso de la información.

En nuestro país, el derecho de acceso a la información pública, además de novedoso en cuanto a la actualidad, es un derecho fundamental de corte democrático, el cual, surge en el período de la transición a la democracia que ha venido experimentando el sistema político por muchos años. Aunque exista un período de transición al régimen democrático, no significa que ya se haya establecido dicho régimen, ni que por lo tanto, el país esté en vías del desarrollo al mismo, esto se dice, por todas las acciones emprendidas por los órganos de gobierno, las cuales, en su sentido más profundo son desviadas por meros intereses particulares, y es entonces donde puede llegar a formularse cuestiones que critiquen y pongan en tela de juicio, la pureza de intención en tales acciones, que para el caso, son a fin de cuentas, acciones que a la postre darán legitimidad al poder o partido político

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