Proyecto Ley De Transparencia

LEY DE TRANSPARENCIA

INTRODUCCIÓN

El derecho de acceso a la información pública está debidamente reconocido en nuestra Constitución, en los artículos 20.1.a , 105.b y 23 , así como en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales , por tanto es un derecho que todo ciudadano español, y europeo, debe tener.

A pesar de ser un derecho reconocido por la ley, y pese a que la mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia, es cierto que no había hasta ahora una Ley de Transparencia que garantizase la buena gestión de los sujetos públicos, así como una garantía para los ciudadanos de acceder a la información pública, por lo que será esencial, aprobar una norma sobre transparencia y acceso a la información en España, que esté a la altura de los tiempos y adaptada a la creciente reivindicación de los ciudadanos; reivindicación que en los últimos tiempos se ha generalizado por los distintos casos de corrupción que se han venido sucediendo.

Lo único referido a Transparencia en la gestión pública que se regulaba en España se puede encontrar en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pero esta regulación está llena de carencias, no ha sido capaz de generar una cultura de transparencia, ni en los ciudadanos ni en la Administración.

Hay, además, algunas otras leyes que, directa o indirectamente, se han ocupado de cuestiones relativas al derecho de acceso a la información, ya sea con carácter especial la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, o de naturaleza horizontal como lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos donde se regula el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos.

En España se hace necesaria una ley de acceso a la información pública y una reforma de la regulación actual en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde el acceso a la información se aplique a todos los poderes y autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos. Además, de la creación de una autoridad independiente elegida por el Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o dato solicitado por el ciudadano. Así mismo, como la utilización de las Tics, mediante la publicación en las Webs de información relativa a los presupuestos ministeriales, con descripción de las partidas presupuestarias y otros datos necesarios que permitan el seguimiento de su ejecución.

Esta necesidad se intenta materializar en los anteproyectos de Ley de Transparencia elaborados por el PSOE partido del anterior Gobierno de España, y otro por el que era por aquel entonces partido de la oposición el PP.

El anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la información pública elaborado por el PSOE, promulga una ley de transparencia como un principio rector de la actividad pública, y no cómo una respuesta forzada a la demanda de los ciudadanos.

El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno elaborado por el PP actual gobierno de España, se quiere garantizar la transparencia de las actuaciones del gobierno y el derecho de acceso a la información a la ciudadanía, así como, exigir responsabilidades por su mala la gestión tanto los trabajadores como los políticos de todas las instituciones públicas o en las empresas donde participen con porcentaje superior al 50%, fundaciones.

COMPARATIVA DE AMBAS PROPUESTAS:

Las principales diferencias que podemos encontrar entre ambos anteproyectos de Ley, promulgados por el PSOE y PP son:

1º El PSOE aboga por publicar toda decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos, fundamentalmente, si las decisiones comportan gasto, e incorporar una Ley de transparencia para asegurar la gestión pública, mientras que el PP aboga por la aprobación con carácter inmediato de una ley de transparencia, así como reducir los plazos en todos los procedimientos, y la supresión de trámites y documentos necesarios.

2º El PSOE obliga a publicar las remuneraciones y patrimonio de altos cargos, así como garantiza que los cargos públicos no puedan cobrar más de un sueldo de las AAPP, mientras que el PP regula por ley las normas de conducta de los miembros de gobierno y de los altos cargos, establece un marco de referencias para los salarios de los altos cargos, normas claras para ofrecer el patrimonio de todos los partidos políticos, y una reducción de los altos cargos y personal eventual.

3.º El PSOE opta por una Administración sin papeles para 2016, la impulsión del DNI electrónico, mientras que el PP avanza hacia el apagón del papel en la administración y hacer accesibles a través de internet todos los presupuestos de las entidades con participación pública.

4.º El PSOE realiza una transparencia en el ingreso y el gasto público, y la lucha contra el fraude fiscal, sin embargo el PP optan por la modernización de los procedimientos tributarios.

5.º El PSOE opta por aplicar listas electorales desbloqueadas y estudiar el voto por internet como vía complementaria, así como la promulgación de una Ley Básica de Participación Cívica e institucional, el PP prefiere ampliar los mecanismos de participación ciudadana, así como una reforma del sistema electoral municipal.

6.º A diferencia de la práctica habitual del PP, la Ley promulgada por el PSOE, imposibilitará, tal y como viene sucediendo en la actualidad, la práctica de blindajes en los contratos de directivos públicos.

Con las elecciones generales celebradas recientemente, el actual Gobierno de España es gobernado por el PP por mayoría absoluta, por lo que el proyecto de ley que se presenta para su aprobación ante las Cortes es el realizado por el PP.

Antes de la aprobación por el Consejo de Ministros y posterior presentación en

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