Los Principios Procesales: noción fundamental

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN     

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de la Comunicación

Cátedra de Derecho Procesal Civil I

Principios Procesales

Fabiola Araujo

Jessica Ríos

Prof. Abg. Guillermo Delmas

Año 2019

Asunción – Paraguay

Índice

Introducción                                                              ___________________________

Los Principios Procesales: noción fundamental   ___________________________

Principios del Sistema Dispositivo                         ___________________________

Principios del Sistema Inquisitivo                          ___________________________

El Principio de Contradicción                                 ___________________________

El Principio de Formalismo                                     ___________________________

El Principio de Economía Procesal                        ___________________________

El Principio de Inmediación                                    ___________________________

Conclusión                                                                ___________________________

Bibliografía                                                               ___________________________

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Introducción

Los principios procesales son pautas o directrices generales que inspiran la forma que toma un ordenamiento jurídico procesal y que brindan utilidad a un proceso. Son expresión del espíritu de un cuerpo legislativo pues indican los derechos que van a ser tutelados por este y los medios a ser utilizados para garantizar esta protección.

El presente trabajo recopila una parte de los principios procesales pasando desde una noción básica de estos, así como los principios que rigen los sistemas dispositivo e inquisitivo y los principios de contradicción, formalismo, economía procesal e inmediación.

Los Principios Procesales

1. Los Principios Procesales: noción fundamental; función de los principios en el proceso.

Los principios procesales son, en general, líneas maestras que descienden desde las distintas cartas magnas de cada país, delineando el desenvolvimiento del Derecho para cada territorio. ^[1] Toda norma tiene su fundamento en el principio jurídico del cual deriva y constituye su consagración práctica. ^[2]

De lo antes citado, se entiende que los principios procesales expresan el espíritu del cuerpo normativo de un país, al tutelar ciertos derechos y garantizar el cumplimiento de ciertos preceptos en el desarrollo del proceso. Constituyen bases fundamentales de las estructuras estatales y a sus disposiciones normativas.

Los principios se diferencian de las normas en que, inicialmente, estos son fuente de las últimas, y, por consiguiente, son más genéricos que estas.

En sentido general, los principios son un valor que se busca como ideal de conducta en la sociedad, mientras que la norma aplica para conductas más específicas.

Ahora bien, existen tres sistemas que corresponden al modo en que se le da impulso al procedimiento. A saber:

1. El sistema legal: en el cual, la ley dispone tanto a las partes como al juez, al cumplimiento de ciertos actos procesales.
2. El sistema dispositivo: en el que el impulso procesal corresponde a ambas partes.
3. El sistema inquisitivo: en el que el juez toma un papel activo investigando de oficio sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Los sistemas dispositivo e inquisitivo serán desarrollados a continuación.

1. El Principio del Sistema Dispositivo: noción básica, en relación a:

1. Iniciativa;

En virtud del sistema que nos ocupa, denominado también sistema acusatorio o dispositivo, por basarse en el respeto de la libertad individual de las personas, los procesos sólo principian a instancia de parte interesada, de modo que el Estado no entra a intervenir en el ámbito personal para involucrar a nadie en un proceso contra su voluntad. Salvo, desde luego, que se trate de una cuestión de gravedad tal que el propio orden público esté interesado en la investigación y la solución correspondiente, tal como sucede en el derecho sancionatorio con los hechos punibles de acción penal pública, en los que el Estado, a través del Ministerio Público, puede tomar la iniciativa e iniciar el proceso, avivándolo hasta su conclusión. Lo mismo ocurre en ciertos casos en el fuero de la niñez y la adolescencia, dado el carácter tuitivo que tiene respecto de los menores de edad, e incluso en el proceso civil cuando el Ministerio Público puede iniciar, por ejemplo, juicios sucesorios en los que el Estado pueda tener algún derecho —casos de legados o de herencias vacantes— o para plantear la demanda de nulidad respecto de decisiones asamblearias en las Asociaciones Reconocidas de Utilidad Pública (artículo 112 del Código Civil) o en las Asociaciones Inscriptas con Capacidad Restringida (artículo 121 del Código Civil). Pero son situaciones excepcionales que no afectan la vigencia de la regla.

1. Carga o Impulso Procesal;

Así como el Estado, a través de sus órganos competentes, no puede iniciar de oficio un proceso —salvo las situaciones de excepción antes enunciadas— tampoco puede impulsarlo mediante la realización de oficio de los actos idóneos que tiendan al desarrollo y conclusión del proceso. La carga de hacerlo avanzar corresponde a quien lo ha iniciado, pues no es posible que quien ha puesto en funcionamiento la maquinaria judicial, se desentienda de ella y la abandone. Y sabido es que el incumplimiento de una carga trae como consecuencia una sanción, que se manifiesta en la pérdida del derecho respectivo. De ahí la existencia del instituto denominado caducidad de la instancia en el artículo 172 del Código Procesal Civil Paraguayo, que opera como un sistema de detención del referido mecanismo judicial, que da por concluido el juicio, con la imposición de las costas del proceso, cuando quien lo ha puesto en se ha desentendido de él.

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