Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela

Ciudadanos:

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela

Su Despacho.

Yo, Edanir Enrique Vecchionacce Gómez, venezolano, mayor de edad, natural de Caracas domiciliado en Maracay, y aquí presente, identificado con la cédula de identidad Nº 7.088.159, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado con el Nº 44591, con domicilio procesal ubicado en la Av. Aragua cruce con calle principal de San Miguel, edificio Petunia Piso 1, número 13, Maracay, Estado Aragua actuando en este acto en forma personal y además con el carácter de defensor del joven Héctor Alexander Velásquez Herrera, en adelante Héctor Alexander, venezolano, de 27 años de edad, portador de la cédula de identidad N° V-16.764.118, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, ciudadano éste, quien se encuentra detenido hace más de un (1) año tres (3) meses y veinte (20) días, prácticamente faltan 10 días para que cumpla 1 año 4 meses en Tocoron, razón por la cual es imposible su presencia personal, en consecuencia, ante usted con el debido respeto, acudo ante su competente autoridad, para interponer Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido, y su consecuente mandamiento de Hábeas Corpus Cautelar, conjuntamente con Acción de Nulidad Absoluta, y en consecuencia expongo:

Único

Por segunda vez en 18 años, estoy plenamente convencido de la inocencia de mi defendido el joven Héctor Alexander Velásquez Herrera.

Digo por segunda vez, porque para ser honestos normalmente las personas que defendemos son culpables del hecho que se le imputa, y la defensa esta dirigida fundamentalmente, a que, aun cuando son culpables es menester comprobarlo bajo la premisa de la presunción de su inocencia.

Por segunda vez, estoy seguro que aun cuando injustamente esta el señor Enrique detenido por algo que no hizo y con violación de sus derechos humanos, hoy se va a subsanar este grave error y mi defendido joven Héctor Alexander va a recuperar su estado de libertad, en el que debe estar un inocente. Por ello, con el objeto de probar que el señor Enrique está privado de su libertad con violación del debido proceso, me permito presentar mi defensa mediante la acción que actualmente despliego, en base a los alegatos de hecho y los fundamentos de derecho que detalladamente voy a desarrollar con la certeza de que nuestro Padre Celestial, el Juez Supremo de toda la Tierra, el Magistrado Yahvé Dios Creador y Padre de mi señor Jesucristo a quien levanto de los muertos para nuestra salvación, os dará la sabiduría e inteligencia para hacer justicia tal como su palabra lo dice en La Biblia en Romanos 13:1 al 4 así: “1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador (juzgador) para castigar al que hace lo malo”. Lo que da cuenta, del hecho cierto de que ser Juez es un cargo celestial dado por Yahvé Dios nuestro Padre Celestial, a hombres, que van a ser servidores de Él; que van a juzgar en lugar de Él ; que van a ser representantes de Él; que van a ser por declinación de competencia del Superior jerárquico, quien por su puesto es Dios, los encargados en la tierra de juzgar en lugar de Él. Que interesante ¿no les parece?. De hecho el Tribunal Supremo en el curso de la historia, siempre fue ejercido por los reyes, como lo vemos en el Derecho Romano cuando un ciudadano romano apelaba al Cesar, lo que corresponde actualmente al Tribunal Supremo de Justicia, a su digno cargo.

I

OBJETO Y CONTENIDO DEL PRESENTE ESCRITO

Con base en los artículos 19, 23, 25, 26, 27, 29. 44, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en adelante Carta Magna o Constitución de 1999, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9, numeral “3”, 14, numeral “3”, literal “c”, en relación con el artículo 7, numeral “5”; en concordancia con el artículo 8, numeral “1” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en unión con las facultades que me otorgan los artículos 1, 2, 4, 5, 38, 39, 41 y 42 y en avenencia con el artículo 6 ordinal 5to todos de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, presento y ejerzo Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido, ante este digno Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela, sustentado en los argumentos que más adelante señalaré, en contra de la decisión dictada el día 6 de febrero del año 2009, en el expediente 1Aa-7350-08, por la Corte de Apelaciones del Estado Aragua, mediante la cual declaró que el amparo constitucional es inadmisible por haber prescrito la acción (imprescriptible) por violación de los derechos humanos referidos a la libertad personal, de conformidad con el artículo 6 ordinal 4to ejusdem, ello con motivo de la incidencia constitucional, ahora en apelación, que surgió en el transcurso de un proceso, en el cual se interpuso Acción Autónoma de Amparo Constitucional y su consecuente mandamiento de Hábeas Corpus, conjuntamente con Acción de Nulidad Absoluta de Decisión, por privación ilegítima de la libertad, incoada en contra de 4 decisiones judiciales debidamente detalladas en la solicitud de amparo y de nulidad en referencia, En este sentido, señalo que aun cuando se hizo uso de la vía del amparo constitucional y de una acción de nulidad absoluta, dirigidas a restituir la situación jurídica infringida, fueron nuevamente violados los derechos constitucionales, motivado a que la decisión que dicto la Corte, es lesiva de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, concernientes a la libertad personal y al debido proceso, por tratarse de un pronunciamiento que causa un daño continuo e irreparable, ya que se refiere a la libertad personal y al gravamen que dicha decisión acarrea. A tal efecto, con el objeto de que se suspendan los efectos de los actos lesivos o violadores de derechos humanos y garantías constitucionales despliego la presente acción sobrevenida del procedimiento en curso atinente a la apelación del amparo constitucional y de la acción de nulidad absoluta,

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