Mejoramiento de los servicios de atencion

Gerencia social como una propuesta de mejoramiento de los servicios de atencion

En el último siglo ha cambiado en forma sustancial el modo de percibir la sociedad su responsabilidad con los sectores más desprotegidos de la población. Durante miles de años esta responsabilidad recayó en la familia o el grupo social más inmediato; en el siglo 19, con la expansión del mercado, la movilidad de la fuerza de trabajo y la división social de la producción, esta obligación empezó a transferirse a la nueva institución del Estado nacional. Primero, como protección de los menesterosos, luego, de los asalariados, y hoy, de la inmensa mayoría de la población, a través de las políticas gubernamentales de seguridad social y calidad de vida, incluida la protección de la naturaleza para garantizar, como se dice ahora, un crecimiento económico sostenible con desarrollo humano.

Lo anterior también ha significado cambios sustanciales en las funciones del Estado y la llamada «sociedad civil» y en los medios para satisfacer las necesidades sociales, las que también han venido modificándose en el transcurso del tiempo. Así, por ejemplo, en el siglo 19 la atención a los enfermos --no existía el concepto moderno de cuidado o cultura de la salud-- se consideraba obligación de asociaciones caritativas y no del Estado, o la disposición de vivienda digna o el disfrute de tiempo para la recreación recuperadora sólo hasta hace muy poco se consideran necesidades sociales que deben garantizarse de alguna manera.

Sobre la base de que debe haber un mecanismo de asignación para los que tienen menos, tres criterios han sido los más utilizados. En orden de facilidad u ocurrencia, podría decirse que el principal y más usual ha sido darle a quien llega primero o tiene mayor cercanía al programa o proyecto social; luego seguiría el criterio de dar preferencia a quienes están más próximos a satisfacer sus necesidades, ya que esta modalidad, además de menos costosa, ofrece el «dividendo político» adicional de aparecer como si se disminuyese en una fuerte proporción o magnitud la pobreza o el problema social a corregir; y un tercer criterio, más difícil de aplicar, consiste en identificar y darle prioridad a los más necesitados y enfocar los esfuerzos a solucionarles sus problemas, sabiéndose que por su gravedad no es fácil una pronta satisfacción; es decir, puede crearse la apariencia de que los programas o proyectos sociales son menos eficaces.

Lo anterior no significa que el último criterio, que parece el más equitativo, sea el de obligatoria aplicación en todos los casos. Normas legales o reglamentarias, condiciones locales específicas, las características del programa o proyecto o del propio bien o servicio social, u otras consideraciones, obligan o recomiendan usar mejor los dos primeros criterios. Por ejemplo, un servicio de alimentación

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