Modelos Economicos E Impacto Social

Modelos económicos e impacto social

Documentos correspondientes al archivo «Modelos económicos e impacto social» de la Colección 30 años: los archivos de la democracia.

Los grandes problemas económicos que enfrentó la transición democrática pueden resumirse en la presión por la redistribución de los ingresos, la caída de la inversión y la deuda externa. Todos temas centrales que mostraron las tensiones del modelo de acumulación y evidenciaron la necesidad de un cambio estructural.

Si bien el primer plan económico del gobierno de Alfonsín buscó ciertas mejoras en la distribución salarial, rápidamente el proyecto mostró los límites de un Estado débil frente a los distintos grupos de interés que pugnaron por apropiarse de los ingresos en un contexto de recursos escasos y gran inflación. Este intento de retorno a la matriz sustitutiva de importaciones basada en la redistribución no construyó una alianza social capaz de modificar el patrón de acumulación en marcha. Con respecto a la deuda externa, en principio se intentó discriminar deuda legítima de ilegítima, pero al poco tiempo su pago se convirtió en uno de los principales objetivos y consumió la mayor parte de los recursos generados por el comercio exterior. Esto limitó el crecimiento económico y reforzó la concentración y diversificación de los sectores de la economía que habían sido beneficiados por las políticas de desindustrialización y valorización financiera llevadas adelante durante la dictadura.

En un marco de agudización de los problemas sociales, el gobierno impulsó políticas asistenciales con el objetivo de responder a las urgencias de los sectores más postergados, tal fue el caso del Plan Alimentario Nacional (PAN). Luego, con el fin de controlar la inflación y reducir el déficit fiscal, un nuevo gabinete económico cambió la denominación de la moneda: dejaron de ser pesos para ser australes, en una disposición que le puso freno a la emisión, además de congelar el tipo de cambio, los precios, las tarifas públicas y los salarios. Tras el objetivo de estabilización económica, el gobierno se propuso acompañar estas medidas con una reestructuración del sector público a través de la privatización de algunas empresas del Estado, plan que fue rechazado por el Congreso Nacional.

En busca de una solución, el gobierno intentó una vez más negociar con los organismos de crédito aplicando políticas de ingresos recesivas que afectaron el consumo interno, pese al rechazo popular. Al mismo tiempo, la Sociedad Rural también manifestó su desacuerdo con las medidas, pues el valor de la moneda extranjera no beneficiaba a los sectores exportadores. En estas condiciones, el gobierno decidió la cesación de pagos de la deuda externa (1988) y, meses después, sectores del capital financiero local y los bancos extranjeros dispararon una serie de corridas cambiarias para que el gobierno realizara las transformaciones requeridas por los organismos de crédito internacionales, proceso que terminaría desatando la crisis hiperinflacionaria de 1989.

A la disputa por la redistribución del ingreso entre los grupos económicos más poderosos, se sumó la puja del gobierno con las organizaciones sindicales, situación que acarreó un nuevo recambio del equipo económico. En esa jugada, se impuso la perspectiva liberal que impulsaba la reducción del Estado para derrotar la inflación y presentaba a la hiperinflación como una consecuencia de la excesiva intervención del Estado. Esta idea fue funcional al disciplinamiento social y sirvió para la liberalización de las políticas en los años posteriores. Finalmente, en las elecciones presidenciales de mayo de 1989, se impuso la fórmula justicialista que postulaba a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde como presidente y vice. La deriva económica y los saqueos de comercios forzaron al gobierno a entregar el mando por anticipado.

Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) se consolidó el modelo de ajuste estructural: un capitalismo de características neoliberales cuyas bases se habían gestado a mediados de los años setenta. Este gobierno profundizaría la alianza con los sectores del capitalismo financiero, propiciando una nueva inserción de la Argentina en el contexto internacional. En consecuencia, sancionó las leyes de Emergencia Económica (23.697)

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