Movilización social contra las privatizaciones

político que propiciara el fortalecimiento y modernización de la economía paraguaya.

Movilización social contra las privatizaciones

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2003

Juan Carlos Yuste; Diego Brom

Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana

Las privatizaciones de la década de los 90 fueron signadas por la descapitalización del Estado, la ausencia de beneficios para la población, altas tarifas, e insuficiencia en la cobertura. En el año 2000 se reactivó el impulso privatizador, a través de la promulgación de la Ley de Privatización de las Empresas Públicas. El intento de privatizar las telecomunicaciones, bajo este marco legal, se realizó en un contexto de estafas y corrupción. La movilización social logró la derogación de dicha ley, pero se teme que la agenda privatizadora sea retomada nuevamente.

Elfracaso de la oleada de los años 90[1]

Históricamente, el proceso de privatización de empresas estatales no ha sido muy exitoso. Se inició en1991, a dos años del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, con la aprobación de varias leyes que declaraban a varias compañías nacionales como sujetas a privatización. En este contexto, la Asamblea Nacional Constituyente estudiaba la modificación de la Constitución Nacional, con el fin de crear enmarco jurídico y

En 1991 fueron privatizadas las primeras empresas estatales: la Administración Paraguaya de Alcoholes(APAL), la Flota Mercante del Estado (Flomeres), Líneas Aéreas Paraguayas(LAP) y Aceros del Paraguay (Acepar).

El Estado recaudó más deUSD 50 millones con la venta de estas corporaciones, pero dichos ingresos se diluyeron en los gastos del Estado, sin efectos concretos sobre la vida cotidiana de la población. Actualmente, todas estas empresas – con excepción de LAP que se integró a la empresa Transporte Aéreo del Mercosur (TAM) – están en quiebra o descapitalizadas. Encasa todas las ventas de estas empresas públicas los medios de comunicación denunciaron hechos de corrupción.

Desde su fundación en 1909, APAL monopolizaba el añejamiento, fraccionamiento y comercialización de aguardiente de caña de azúcar. En 1991 se inició su proceso de privatización, y se convirtió en Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capaza). Hoy está prácticamente en quiebra. Los compradores de la empresa (accionistas, proveedores y trabajadores de APAL), adquirieron el 70,8% de las acciones en 1996 por un total de aproximadamente USD 2,7 millones al cambio actual. En marzo de 1998 los integrantes de la sociedad anónima compraron el total de las acciones.

En enero de 1999, el Consejo de Privatizaciones realizó una auditoría a Capaza. El Informe, presentado en agosto de ese año, reveló que la sociedad había perdido un total de USD 2,5millones al cambio actual en los ejercicios 1996, 1997 y 1998, el 47,5% del patrimonio neto original. A fines de 1995, antes de la privatización, la única deuda bancaria que poseía la empresa era de menos de USD 200 mil. En 1998, luego de tres años de administración de la sociedad anónima, la deuda total con el sistema bancario era de casi USD 1,5 millones. La auditoría destacó que la empresa era de alta rentabilidad, y el aumento de la deuda se debió a mala administración.

Otro ejemplo del desastroso resultado de las privatizaciones en el país es el de la Flota Mercante del Estado Paraguayo, creada en 1966 como línea de bandera al transporte fluvial y marítimo de pasajeros y cargas. Permaneció así hasta 1991, cuando fue declarada empresa sujeta a privatización y se la dividió en cinco empresas.

Una de ellas, la Flota Mercante Paraguaya S. A., fue vendida a fines de 1996. La venta del total de acciones alcanzó aproximadamente USD 4,8 millones. Otra de las empresas surgidas de la privatización es la Compañía Transporte Fluvial S.A., vendida Medilla & Asociaste Financiar Cervices [2] a fines de 1996. La venta del total de acciones alcanzó los USD 4,8 millones. En febrero de 1998, un agente marítimo informó al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Privatización que los 3 buques de ultramar pertenecientes a la empresa estaban abandonados en Porto Alegre, Brasil, y eran objeto de rapiña. Las autoridades no pudieron encontrar a los responsables de la empresa.

En abril de 1998, el Consejo de Privatización rescindió el contrato con la empresa y ordenó su intervención. Además, el Estado Paraguayo inició un juicio contra los responsables de Medilla& Asociaste Financiar Cervices por daños y perjuicios, exhortando a que se entregaran los bienes que habían sido vendidos. El principal argumento del gobierno fue que la empresa había abandonado los buques que le había vendido. Este escándalo causó gran revuelo en los medios de comunicación, que destacaron durante varias semanas el pésimo negocio realizado por el Estado.

En julio de 1999, el juzgado que tomó el caso autorizó al Estado Paraguayo para que el Consejo de Privatización reasumiera la dirección y administración de la compañía. Actualmente, los buques que eran propiedad de la empresa se encuentran varados, prácticamente inservibles, y la compañía dejó de funcionar.

Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), creada en 1963 como empresa de transporte aéreo de pasajeros y cargas, también fue privatizada en 1995. El 80% de las acciones se vendió al Consorcio Cielos de América, de Ecuador por USD 22.125.000. La transferencia se realizó en octubre de 1994. El Consorcio Cielos de América transfirió luego los derechos de esta empresa a TAM y Tras América Línea Aérea S.A. En 1999, TAM compró el resto de las acciones (20%) por aproximadamente unos USD 5 millones. Hasta el momento, la empresa no pagó el total de las indemnizaciones a los trabajadores estatales que fueron parte de LAP.

Por último, en 1997 el Estado Paraguayo vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cuspar),integrado por la Cooperativa Multi activa de Trabajadores de Acepar, y la empresa Lorito S.A. La venta alcanzó los USD 35 millones. Sin embargo, los compradores no pudieron seguir pagando sus cuotas y se inició un largo conflicto entre éstos el Estado.

Insuficiente cobertura y tarifas excesivas

En los sectores donde las empresas privadas pueden ofrecer servicios en el mercado (vivienda, educación, agua y desagües cloacales, salud, telefonía celular), naturalmente sólo invierten donde puedan obtener un retorno rápido del capital. Dadas las condiciones de pobreza de la mayoría de la población los resultados son una escasa cobertura y un alto costo de los servicios.

Así, en el sector salud, el81% de la población no tiene seguro médico alguno. Este índice se eleva a 95%aproximadamente entre los grupos más pobres de la población. El 10,9% de la población cuenta con el seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS-estatal), en el cual constantemente se registran denuncias de corrupción, malversación, desabastecimiento de medicamentos y mal servicio. Un pequeño porcentaje de la población cuenta con seguro médico privado, ya que la mayoría de estos servicios tienen costos elevados.

Respecto a las empresas de transporte público urbano, el Estado otorga licencias a compañías privadas para operar en determinada área. Esta medida tampoco ha tenido un impacto positivo, y existen constantes quejas de la población sobre el mal servicio que prestan ya que los ómnibus se encuentran en pésimo estado, el servicio se interrumpe durante la noche, y el costo del pasaje aumenta varias veces al año. Actualmente la tarifa por un viaje interurbano es de aproximadamente USD 0.20, y el sueldo mínimo apenas alcanza USD 180.

Sin embargo, muchas empresas siguen funcionando dadas las relaciones privilegiadas con sectores políticos que las amparan, porque los principales partidos políticos utilizan los ómnibus de las empresas de transporte durante los días de votación para trasladar alas electores a los centros comiciales. En contrapartida, el gobierno de turno permite que los ómnibus que se encuentran en mal estado sigan funcionando, les concede privilegios tributarios, aun poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Los principales transportistas adeudan millones de dólares al Banco Nacional de Fomento (estatal) por préstamos que obtuvieron hace casi 10 años.

Actualmente, existen dos organismos estatales encargados de regular el sistema de transporte público, la Dirección Nacional del Transporte (Diñaran) y la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana (Retama), que están integrados por funcionarios del Poder Ejecutivo, las gobernaciones y las municipalidades.

Estos organismos obtuvieron algunas victorias para la ciudadanía, impidiendo en varias ocasiones el aumento del precio del pasaje.

En cuanto a las empresas de telefonía celular, el 28,5% de la población cuenta con este servicio [3] que solamente es brindado por empresas privadas. La cantidad de usuarios va creciendo, a pesar del alto costo de las llamadas. Se estima que hoy en día existen más de 1.150.000 abonados a las empresas de telefonía celular existentes el país. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conato), cada mes hay 50 mil nuevos usuarios. Sin embargo, los usuarios denuncian continuamente sobrefacturaciones, cortes del sistema de transmisión y excesivos costos.

La movilización social contra las privatizaciones

En 2000, el Presidente González Macchi reactivó la Secretaría de la Reforma y promulgó la Ley 1615 de las Privatizaciones de Empresas Públicas, que se constituyó en el marco legal para realizar las privatizaciones. La primera empresa pública en la agenda privatizadora pasó a ser la telefonía básica (Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTELCO) que se convirtió en empresa privada con 100% del capital estatal y pasó a llamarse Corporación Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO). La Secretaría de la Reforma empezó a ser asesorada por empresas internacionales y nacionales, que se encargaron de acompañar el proceso y elaborar los marcos técnicos. Se realizó una convocatoria internacional párala compra de ANTELCO donde se presentaron las grandes multinacionales de la telefonía internacional (Telefónica Española, France Telecom, DeustchTelecom, entre otras).

En paralelo comenzaron las negociaciones entre el Gobierno y trabajadores de la ex ANTELCO que a finalesdel 2001 llegaron a un acuerdo sobre la venta de COPACO. El gobierno ofreció dos opciones: pagar dos salarios devengados cada año de antigüedad (a los queso acogieron 3.425 empleados) o pagar un salario y medio por año en efectivo y el restante 0,5% en acciones de la nueva empresa (al que se acogieron 962empleados). En total la indemnización pactada a los 4.287 empleados alcanzó unos USD 79 millones.

El proceso de privatización estuvo marcado por varios hechos de corrupción como faltantes de dinero (USD192.174) a cargo del anterior ministro y del coordinador de la Secretaría [4]; contratación de un escribano, amigo del Presidente de la República, por USD536 mil para una protocolización que podía hacerse gratuitamente en la Escribanía Mayor de la República; o contrataciones directas (sin concurso público) por parte de la Secretaría de la Reforma a empresas privadas. [5]

Este intento de privatización de la telefonía básica costó al Estado USD 6,4 millones, repartidos en pago a consultores extranjeros y nacionales, funcionarios asignados a la Secretaría, viajes y pagos innecesarios a amigos, más el robo explícito de USD 383 mil por parte de personal de la Secretaría de la Reforma. Estos gastos se financiaron con un préstamo del Banco Mundial de USD 12,6 millones para la reforma de los sectores agua y telecomunicaciones.

En medio de estas denuncias, sectores campesinos, sindicales y de izquierda conformaron el Congreso Democrático Popular que tomó la derogación de la Ley 1615 como una de sus principales reivindicaciones. [6]Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortes de ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente el Parlamento, tras una represión a los manifestantes donde murió un joven campesino, derogó la citada ley. El gobierno subió los precios (“tarifados”) en sectores como agua, electricidad, transporte público y telefonía básica culpando de ello a la suspensión de las privatizaciones. Asimismo anunció el despido de 550 empleados de COPACO para final de año.

De esta manera, actualmente no existe marco legal para realizar privatizaciones en el país. Aunque el candidato oficialista de la asociación Nacional Republicana (partido en el gobierno, conocido como Partido Colorado) ha expresado que estas se retomarán con el próximo gobierno.

La descentralización estatal como experiencia exitosa

A través de la descentralización estatal, la ciudadanía logró concretar algunos proyectos exitosos, que lentamente se reproducen en el país. Así, por ejemplo, en el sector del agua potable, varias comunidades, sobre todo de municipios cercanos a Asunción y capitales departamentales, lograron organizarse y crear Juntas de Saneamiento. Estas se organizan en los lugares donde el servicio estatal de agua potable no llega y a través de un sistema participativo la vecindad establece todo el sistema de cañerías, distribución y saneamiento del agua, para su propio beneficio. Cada miembro de la comunidad o familia paga por este servicio un precio asequible, y puede controlar el servicio ya que son los propios vecinos, con el reconocimiento de sus municipalidades, quienes administran los fondos y velan por la calidad del sistema.

Notas:

[1] Los datos de este capítulo son tomados de Fernando Masi (compilador). Privatizaciones en América Latina y en Paraguay. Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), 2000.

[2] La empresa Medilla & Asociaste Financiar Cervices estuvo conformada por capital estadounidense en el momento de la compra de la flota mercante paraguaya. Una vez que los buques fueron encontrados en estado de abandono, el estado paraguayo intentó localizar a los directivos de la empresa, pero fue en vano. La compañía se había disuelto.

[3] Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Encuesta Integrada de Hogares 2000-2001.

[4] Juan Ernesto Villamayor y Luis Sisal, respectivamente. Éste último se encuentra fugado del país y con orden de búsqueda y captura internacional.

[5] Baker & Mc Kenia, Banco Santander, Sanchís Asociados y la su consultora Vouga & Olmedo.

[6] Otras reivindicaciones fueron: frenar el proceso de reforma de la banca pública; retiro de la ley de concesión de rutas; retiro del proyecto de ley antiterrorista; retiro de la ley sobre IVA a productores agropecuarios en estado natural; y lucha contra la corrupción y la impunidad.

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