México

Durante el siglo XIX, la forma de gobierno monárquico se estableció en el México independiente en dos momentos de su historia política. En la segunda década, cuando Agustín de Iturbide encabezó el primer Imperio mexicano con las características de una monarquía constitucional moderada. Más tarde, en la segunda mitad del siglo (1864-1867), cuando Maximiliano de Habsburgo, con la ayuda de las tropas francesas de Napoleón III, ocupó la capital y gran parte del territorio de México, estableciendo el Segundo Imperio mexicano.

La causa formal de la intervención francesa en México y de la imposición del Segundo Imperio fue la suspensión de pagos a Francia, España e Inglaterra, que el gobierno del liberal Benito Juárez se vio obligado a anunciar después de la Guerra de los Tres Años, también llamada Guerra de Reforma (1858-1861), entre liberales y conservadores. Esto hizo que las tres potencias europeas se reunieran en Londres (Convenio de Londres de 1861) y acordaran hacer efectivo el pago de las deudas. Para presionar a las autoridades mexicanas, dichas potencias desembarcaron con tropas en el Puerto de Veracruz en 1862, entrando en negociaciones con el gobierno de Juárez. Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo en el pueblo de la Soledad. Como resultado de las mismas, el ministro mexicano de relaciones exteriores Manuel Doblado, logró persuadir a los gobiernos de España y Gran Bretaña de que la suspensión de las deudas era algo transitorio, lo que trajo como consecuencia que las tropas inglesas y españolas se retiraran del territorio mexicano.

Sin embargo, las tropas francesas se negaron a irse debido a que Napoleón III tenía intenciones de instaurar una monarquía en México, con el fin de apoyar a los confederados en la guerra civil estadounidense (Guerra de Secesión) y así disminuir drásticamente el poder de los Estados Unidos en la región. Por tal razón, los franceses avanzaron desde la costa hasta el centro del país y tras sufrir un revés en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, continuaron adelante hasta ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. A partir de entonces y hasta la llegada de Maximiliano a la capital, el gobierno estuvo encabezado por una regencia integrada por los generales Juan Nepomuceno Almonte (hijo natural del sacerdote revolucionario José María Morelos y Pavón), Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida.

Otra de las causas de la instauración de la monarquía fue que los conservadores mexicanos, descontentos con el fracaso de su gobierno (1837-1841) que promulgó las Siete Leyes Constitucionales expedidas en diciembre de 1936, habían volcado los ojos hacia Europa con el fin de imponer en México un gobierno netamente conservador de carácter monárquico. Con este propósito, éstos —después de visitar a Napoleón III y asegurar su apoyo a la intervención—, enviaron una comisión a Trieste, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada (ministro plenipotenciario de los conservadores en el viejo continente), Miguel Miramón (dos veces presidente interino de México) y el ya mencionado Almonte, para convencer al archiduque de que aceptara el trono de México.

La razón fue que la elección del emperador francés —luego de un par de intentos de convocar a príncipes europeos—, había recaído sobre Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lorena, hermano de Francisco José, emperador de Austria-Hungría. Maximiliano, después de exigir varias condiciones, entre ellas el deseo expreso y la comprobación de que el pueblo mexicano lo requería, aceptó en su palacio de Miramar (Trieste) el trono de México, mediante un juramento pronunciado el 10 de abril de 1864. Su reinado fue efímero, duró sólo hasta 1867, año en que fue fusilado. Dicho juramento decía:

“Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así que, como os lo anuncié [...] me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de las leyes constitucionales tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente”.

Pero, ¿quién fue ese príncipe liberal europeo que tuvo tan trágico destino en México?, ¿cuál era su ideología?, ¿cuáles sus leyes?, ¿qué aportó al país que gobernó en tan breve lapso? Veamos.

Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena (1832-1867) nació en el Palacio de Schönbrunn de Viena (Austria), con los títulos de Archiduque de Austria y Príncipe de Hungría y Bohemia; títulos a los que renunció cuando aceptó el trono de México. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. Contrajo matrimonio con la princesa Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo I de Bélgica en 1857. Poco después se instaló con su esposa en Milán donde ocupó el cargo de virrey del reino Lombardo-Véneto, que gobernó con talante liberal durante dos años. Posteriormente construyó y se instaló en el Castillo de Miramar (Trieste) en lo que entonces era la provincia austriaca de Istria. Allí fue contactado por los conservadores mexicanos quienes buscaban, con el apoyo del emperador de Francia (Napoleón III) a un príncipe europeo para la ocupar la corona del Segundo Imperio mexicano. Después de pensarlo e imponer una serie de condiciones, aceptó el trono de México.

Maxumiliano y Carlota llegaron al Puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de mayo de 1864. En un corto periodo de tiempo el príncipe se enamoró de su nuevo país y de su gente, de lo que quedó constancia en las muchas cartas que envió a Europa hablando de ello. Construyó el Castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia, así como el Paseo de la Emperatriz (actualmente Paseo de la Reforma) para conectarse con la ciudad. También trató de conservar la cultura mexicana, lo que queda como una de sus grandes contribuciones como emperador.

En su efímero gobierno promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, probablemente elaborado por el mismo, y antecedente de la Constitución que regiría la monarquía constitucional en que se hubiera transformado el Imperio mexicano de haber sobrevivido. El Estatuto no llegó a entrar en vigor, aunque tuvo validez jurídica porque dio pie a una amplia e importante legislación de carácter liberal y social que garantizaba los derechos del hombre y del trabajador.

Conforme al compromiso que el archiduque había adquirido de colocar a la monarquía bajo leyes constitucionales, Maximiliano expidió el 10 de abril de 1865 dicho Estatuto que para algunos autores es el reflejo del proyecto de Constitución que en el palacio de Miramar había elaborado conjuntamente con los emigrados mexicanos. Sin embargo, para otros, el proyecto de Constitución en que trabajó en Trieste, poco o nada tiene que ver con el Estatuto. Este, que no fue propiamente un régimen constitucional sino un sistema de trabajo para su gobierno (previo a la forma definitiva que adoptaría el imperio cuando se aprobase la Constitución), se expidió un año después de haber aceptado Maximiliano el trono.

Es obvio que la comisión de conservadores mexicanos que había invitado a Maximiliano conocía perfectamente los antecedentes liberales del archiduque y conocía también el pacto adicional y secreto, en virtud del cual el emperador aceptaba las declaraciones de Forey (Comandante General del cuerpo expedicionario francés en los inicios de la intervención) en su programa del 12 de junio de 1863, reconociendo la nacionalización y desamortización de los bienes del clero. Por consiguiente, y de acuerdo a tales precedentes y a su propia convicción, Maximiliano, un liberal europeo al estilo de la época y hombre de buena voluntad respecto a los destinos de México, desarrolló a su llegada una política en desacuerdo con la posición tradicional de la clase conservadora y del clero mexicano.

El liberalismo del emperador lo enfrentó con quienes lo habían llevado al poder. Esto fue debido a que reconoció la legislación juarista e incluso invitó a Benito Juárez a formar parte de su gobierno como Ministro de Justicia —aunque éste no aceptó—, e integró en su gabinete a liberales distinguidos como los dos constituyentes de 1856: Pedro Escudero y José María Cortés y Esparza. Por otra parte ratificó las leyes que despojaban de sus bienes a la iglesia a pesar de las presiones recibidas por parte del Vaticano y del obispo de México, y promulgó muchas normas acordes con el liberalismo de la época.

El fundamento de su legislación liberal fue una ley del 16 de junio de 1863, donde se estableció una Asamblea de Notables, seguida de unas bases para el gobierno del nuevo imperio del 11 de agosto del mismo año. Entre los aciertos de esta legislación, derivadas del Estatuto, estuvieron la ley de organización de los ministerios, la ley orgánica que dividió el territorio en departamentos para su mejor administración y gobierno, la que creó el Periódico Oficial, la que reguló la policía general del Imperio, la ley electoral de los ayuntamientos, la ley de garantías individuales, el decreto de libertad de trabajo, favorecedor de los indígenas que trabajaban como peones al declararlos “libres” y al proponer la extinción de las deudas que tenían contraídas con sus amos, así como al declarar que quedaban abolidas en las haciendas los castigos de prisión, cepo, latigazos y en general todos las sanciones corporales. También las normas sobre la forma

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