Necesidad de la creación de un Consejo para la repartición presupuestal y la implementación del presupuesto participativo en la legislación mexicana.

Necesidad de la creación de un Consejo para la repartición presupuestal y la implementación del presupuesto participativo en la legislación mexicana.

México es un país neoliberalista, entendiéndolo como un país cuyo sistema se basa en que el gobierno contribuya únicamente a brindar seguridad a su pueblo, es decir, para que el estado avance económicamente, deberá impulsarse por sus propios medios, siendo la protección la única ayuda que recibirá por parte del gobierno, tratándose de lo anterior, es ilógico que los habitantes mexicanos no tengan mayor colaboración para lo que se supone debería ser uno de sus principales intereses como nación, la elaboración del plan de desarrollo y al mismo tiempo cómo se repartirá el presupuesto para la satisfacción de las necesidades que emanen del Plan de Desarrollo Nacional, es por ello que es necesario que la ciudadanía tenga una mayor participación en el ámbito presupuestal.

Si bien es cierto que en México se lleva un sistema representativo, mediante el cual el poder legislativo es el encargado de representar los intereses de toda la comunidad mexicana, principio estipulado constitucionalmente, en el precepto normativo de nuestra Carta Magna, falta una real participación ciudadana para ostentar los principios de las necesidades a que debe atender el Plan Nacional de Desarrollo y  la repartición presupuestal, participación que además debe estar estipulada conforme a derecho. Aunque haya una minoría de la población, encargada de representar nuestros intereses, es decir, el poder legislativo, esta minoría no puede saber todas y cada una de las necesidades de la mayoría, es ilógico que sólo un grupo establezca estas carestías a las cuales se deba atender, aparte de esto, si bien es cierto que la planificación para el desarrollo es en base a las necesidades de la ciudadanía, no se determina exactamente cuáles son las prioridades.

Siguiendo el proceso de Presupuestación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el proceso en que se calculan y cotejan los gastos que tendría cada sector de la administración pública, mediante el reglamento interno de cada institución es como se estipula la forma en que se designará el presupuesto que requiere cada organismo, para después comunicar al superior jerárquico de cada organización el total correspondiente que necesitaría. En el artículo 16º del mismo orden jurídico, dice “…La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo…”

De lo anterior se desprende que el Plan Nacional de Desarrollo debe atender a las necesidades de la población, y para satisfacerlas es que se crean programas, los cuales deberán ser desahogados mediante el presupuesto que se asigne para su cumplimiento, en base a lo estipulado por los Poderes Legislativo y Ejecuto en el cumplimiento de sus funciones en atribución al proceso de planificación y Presupuestación.

Ahora bien, en mérito de explicar la problemática, es importante partir de las siguientes premisas:

La primera consiste en afirmar que para que un Plan de Desarrollo Nacional y la elaboración de la Repartición del presupuesto para el mismo, sean EFICIENTES, requieren de normatividad para su creación y  su ejercicio, así como la verdadera atención de las necesidades del pueblo, las cuales pueden hacerse saber mediante el Presupuesto participativo y un ente  que vigile los intereses del mismo.

Mediante la segunda premisa ostento que el Plan de Desarrollo Nacional y la programación y ejecución  del presupuesto nacional en México cuenta con la normatividad para su creación, pero no cuenta con la verdadera  atención a las necesidades del pueblo mediante el Presupuesto Participativo.

Es decir, en la primera premisa hay dos conformantes necesarias para la eficacia de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de la repartición presupuestal, estos conformantes son una normatividad y el presupuesto participativo, para llegar a dicha premisa basta tomar de ejemplo el caso de Porto Alegre, Brasil, como muestra de la buena ejecución de la repartición presupuestal, ya que la misma cuenta con la normatividad acorde y la colaboración de la población para llegar a un consenso en el que se regule la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, establecida y regulada jurídicamente, contando con un sistema para recabar la opinión pública acerca de los puntos de relevancia para que se lleve a cabo una democrática Presupuestación.

En la segunda premisa se toma como punto de partida la repartición presupuestal en México, donde sí se cuenta con el primer elemento señalado anteriormente, que es una normatividad adecuada para la repartición presupuestal, sin embargo se carece del segundo de los elementos señalados anteriormente, que es el presupuesto participativo, premisa que se demuestra con la existencia de la Ley Federal de Presupuesto y Repartición Hacendaria, así como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74 fracción IV que a la letra dice “…Articulo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de diputados: … v. aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos…” Entre otras leyes relativas.

Por lo tanto se llega a la conclusión de que el plan de desarrollo nacional y la elaboración de la repartición presupuestal para el mismo, no son eficientes en México, siendo este el punto central de la problemática.

México cuenta con una repartición presupuestal basada en el Plan de Desarrollo  mediante el cual, quienes establecen las necesidades del Estado son una minoría, puesto que no se ejerce el presupuesto Participativo, minoría que, si bien “atiende” a las necesidades de la mayoría, no recaba la opinión de esta misma para la verdadera satisfacción de las necesidades y el desarrollo.

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