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POLÍTICA- DERECHO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hayneth Gutiérrez24 de Septiembre de 2013

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República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitario

Universidad Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Sucre Aldea “LAS CUPULAS”

Programa Nacional de Formación

En Estudios Jurídicos V Semestre

POLÍTICA- DERECHO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALUMNA: HAYNETH GUTIERREZ

C.I: 11.487.768

SECCION B

ESTUDIOS JURIDICOS

V SEMESTRE

CABIMAS –EDO. ZULIA

MAYO - 2013

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos abordar objetivamente los distintos presupuestos de la responsabilidad civil proyectados a la responsabilidad de los medios de comunicación masiva. Dado que el daño y la relación de causalidad no presentan particularidades en esta materia, centraremos nuestro enfoque en la responsabilidad social, civil y penal de los medios de comunicación.

Todos los medios de comunicación cumplen con una misión fundamental para la sociedad pues por medio de estos tenemos conocimiento de los hechos, ya que lo que ellos nos muestran es lo que al final podemos conocer; es claro que de su honestidad, veracidad y transparencia sabremos que nuestro mundo es real.

El periodismo ha estado inmerso en la sociedad desde tiempos inmemoriales y se ha convertido en parte vital de la misma, debido a que por el periodismo ha sido posible saber lo que ha sucedido antes y ahora, y puede prever un futuro.

El periodismo, gracias a su capacidad de registrar y reflejar la sociedad, termina por retratar los acontecimientos presentes y futuros, ya que con su objetivo de informar difunde ideas para que las personas puedan tomar una posición frente a acontecimientos, grupos o individuos.

Debido a esto, es de suma importancia clara cuál es la responsabilidad social de los medios, entendido como el compromiso y los principios con los que se debería actuar. Aunque lo anteriormente expuesto parece muy claro, el periodismo no solo se ha dedicado a informar, sino que se ha convertido en una de las formas más fáciles para adquirir prestigio, obtener fines y manipular situaciones, que en muchos de los casos son personales y no ayudan en nada al desarrollo de la sociedad.

No es de más aclarar que el papel de los medios de comunicación en la sociedad es el de crear conciencia en ella misma, buscando no solo mostrar un acontecimiento sino que de éste se puedan sacar elementos productivos que ayuden al bien común y no al individual.

ESQUEMA

1.- MARCO REGULATORIO DELAS COMUNICACIONES.

2.- LA ADMINISTRACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

3.- LA LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

4.- EL REGLAMENTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ABIERTA COMUNITARIA DEL SERVICIO PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO.

5.- EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RESPONSABILIDAD PENAL).

DESARROLLO

1.- MARCO REGULATORIO DE LAS COMUNICACIONES

Regulación en el sector de telecomunicaciones

a) Antecedentes de la regulación de Telecomunicaciones en Venezuela

El cambio institucional es un proceso complicado y de difícil instrumentación. Aunque las instituciones formales pueden ser cambiadas inmediatamente como resultado de decisiones políticas o judiciales, las costumbres, tradiciones, códigos de conducta y otras instituciones informales son mucho más resistentes al cambio.

En general, los instrumentos de regulación tienden a solidificarse, y a divorciarse por tanto del contexto temporal y local que les da sentido. Así mismo, el ente regulador tiene la función de transformar acuerdos ocasionales en normas y de ayudar a fortalecer los actores, creando las condiciones para que los comportamientos se adapten a las nuevas condiciones. Ello no es fácil, dado el conjunto de incentivos que inhiben el interés del ente por regular conforme al bienestar público.

En el sector de telecomunicaciones, como en otros servicios de utilidad pública como el eléctrico y el de agua, la principal justificación para la intervención del Estado había sido la de considerar que este sector poseía una estructura industrial propia de un monopolio natural.

En efecto, debido a la especificidad de las inversiones en el sector, la competencia entre los agentes económicos se consideraba prácticamente imposible ya que los altos costos tecnológicos hacían que, al ingresar en el mercado de telecomunicaciones, el empresario quedase atado al mismo al no poder recuperar su inversión dada la naturaleza específica de los activos empleados, que no era posible emplear en usos alternativos. Se concluía entonces, en que este sector requería elevados costos hundidos o costos no recuperables, lo que se constituye en una importante barrera a la entrada al mercado y a la competencia.

Igualmente, en tales condiciones las empresas que logran ingresar al sector suelen adquirir de este modo una posición de monopolio y por tanto, independencia global en su comportamiento, lo que en definitiva les permite limitar la producción e/o imponer precios superiores que los que de otro modo pudieran establecerse en una situación de competencia. Por lo tanto, la intervención pública en los casos de monopolios naturales se ha asociado a la idea de un control intenso, preferiblemente ejercido a través de una empresa del Estado, dirigido a evitar el abuso de poder de mercado. Por otra parte, dicha regulación también persigue capturar las ventajas de los monopolios naturales, a saber: que pueden vender a un precio inferior que el que existiría si operan dos o más empresas.

b) Primera etapa en el desarrollo de las telecomunicaciones. La CANTV.

Llegados a este punto es posible comprender la evolución del marco regulatorio del sector de telecomunicaciones, desde sus comienzos, en la década de 1930, hasta el presente; en buena medida dicha evolución ha estado asociada al destino de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV).

El marco regulatorio del sector se inició en 1940 al dictarse la Ley de Telecomunicaciones, la cual ha regulado desde entonces las actividades de las telecomunicaciones en Venezuela. Guiada por la idea de mantener un control estatal intenso, dicha ley establece en su artículo 1º que el establecimiento y la explotación de todo el "sistema de comunicación telegráfica...corresponde exclusivamente al Estado". De esta manera, la planificación, regulación y control de las telecomunicaciones se ejercería a través del ministerio del ramo, esto es, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), (artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración Central). En este sentido, la base del sistema organizativo de las telecomunicaciones se encontraba, hasta la creación de CONATEL, en el MTC, a través de la Dirección General Sectorial de Comunicaciones, la cual tenía dentro de su competencia la elaboración y evaluación de planes a mediano y largo plazo, el análisis de aspectos económicos, técnicos y financieros de los organismos estatales descentralizados de telecomunicaciones (empresas operadoras), la administración del espectro radioeléctrico, la elaboración de normas para el otorgamiento de permisos y certificados, para la instalación y operación de equipo de telecomunicaciones y para controlar la programación de las estaciones de radiodifusión sonora y audiovisual, así como el estudio y la evaluación de tarifas, entre otras atribuciones.

Así, dicho régimen ha sido considerado en varias ocasiones como un obstáculo de acceso al mercado, al excluir del sector de telecomunicaciones del posible ejercicio de la libertad económica, no obstante la posibilidad de otorgar permisos y concesiones a privados para operar en el sector.

Por su parte, la CANTV fue constituida legalmente en 1930 como una empresa privada, para explotar una red telefónica en el Distrito Federal y otras localidades, con base en una concesión otorgada por el entonces Ministerio de Fomento. Al ser la más exitosa, la CANTV fue adquiriendo progresivamente las demás empresas dedicadas a la explotación del servicio de telefonía. A partir de 1946 la CANTV tuvo que competir con el Ministerio de Comunicaciones, el cual en esa fecha comenzó a ofrecer servicios de telecomunicaciones (telégrafo y telefonía) con instalaciones propias. En 1953 y a pesar de que coexistían ambas empresas (la pública y la privada), el Gobierno Nacional adquirió las acciones de la CANTV y en 1965 le traspasó a esta empresa las instalaciones telefónicas del Ministerio de Comunicaciones, otorgándole una concesión por 25 años para operar en el sector como monopolio telefónico nacional. De esta manera, la CANTV se convirtió en el instrumento privilegiado del Estado para el desarrollo de los servicios telecomunicaciones. Los servicios de correos telégrafos, con su numerosa plantilla de empleados, permanecieron en dicho ministerio.

c) Segunda Etapa: Estancamiento del sector en los ochenta

Si bien hasta finales de la década de los setenta la CANTV emprendió un profundo proceso de desarrollo tecnológico, a comienzo de la década de los ochenta ya experimentaba un estancamiento en las inversiones y una progresiva erosión en la calidad del servicio, como consecuencia de los intereses políticos infiltrados

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