Politica Economica, Pobreza En Mexico

Política económica, salarios

y pobreza en México

En México, los grandes contrastes sociales se han acentuado en los últimos veinte años, a la par que se ha dado un proceso de transformación económica. En el discurso oficial se reconocen problemas apremiantes, como educación y salud, en medio de la pobreza que abarca a la mitad de la población. Al mismo tiempo se habla de la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y abatir la vulnerabilidad de las finanzas públicas como marco adecuado para el crecimiento.

En lo general, una política económica tiene como objetivo último operar para mejorar las condiciones de vida de la población; sin embargo, en México, a pesar del diagnóstico de la pobreza y la acción gubernamental para enfrentarla, este problema se ha agudizado.

Si bien la pobreza tiene varias dimensiones —patrimonial, alimentaria y de capacidades—aquí interesa enfocarla sólo desde el ángulo del salario y su incidencia en la acumulación.

POLÍTICA ECONÓMICA Y VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO

Para los fines de este trabajo lo que interesa resaltar es una política de gasto público selectiva en las industrias que producen los bienes-salario y, dentro de ellos, en particular los de la canasta básica. El argumento en su expresión más simple es el siguiente: una mayor productividad en estas actividades reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir tales bienes, lo que repercute de manera favorable en la disminución del valor de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, en los costos salariales.

Si, de acuerdo con el enfoque neoliberal, los incrementos salariales por arriba de la productividad son inflacionarios sin diferenciar entre salarios nominales y reales, en un enfoque marxista se tiene que el mismo salario nominal puede significar un salario real mayor cuando hay un desarrollo tecnológico sostenido en las industrias de bienes de la canasta básica, lo que, por tanto, disminuye los costos salariales reales y controla las presiones inflacionarias derivadas de la rigidez de la oferta. Es necesario subrayar, aun cuando fuera de la mayor obviedad, que la disminución del valor de la fuerza de trabajo significa desvalorización, pero no pauperización absoluta, sino lo contrario, es decir el mejoramiento de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

En el mismo sentido, cabe mencionar, por un lado, que la respuesta de corto plazo de las empresas ante la disminución de la tasa de ganancia involucra a su vez la reducción del costo salarial y el aumento de los precios en un afán por mantener la tasa de ganancia en su nivel habitual, con el concomitante efecto inflacionario.

Por otro lado, respecto al largo plazo, es importante destacar que la política industrial seguida en el país ha sido insuficiente para integrar la planta productiva, concretamente la que se dedica a la producción de los bienes de la canasta básica, lo cual genera una dinámica que inhibe un desarrollo autosostenido de productividad-precios-salarios, al obstaculizar la desvalorización de la fuerza de trabajo, con aumentos concomitantes del salario real.

La productividad tiene como principal componente el desarrollo tecnológico, el cual, en lo general, tiene un mayor dinamismo en las industrias de bienes de capital que en las de bienes de consumo, de tal forma que éstas tienen menores niveles relativos de desarrollo tecnológico, hecho que implica que en la formación de la tasa media de ganancia se den transferencias de valor de las industrias menos productivas a las más productivas y que, en consecuencia, sean las de bienes-salario en la canasta básica las que en menor medida puedan retener la totalidad del valor que generan.

Esta situación no puede ser revertida por el libre juego de las fuerzas del mercado, ya que precisamente es resultado de él; en consecuencia, una intervención estatal selectiva, dirigida a estas actividades, puede incidir favorablemente en los niveles de productividad con programas de desarrollo tecnológico específicos para este espacio de valorización, con la idea de la desvalorización de la fuerza de trabajo y la disminución de los costos salariales y de la inflación como resultado final, en el supuesto de que ésta tuviera a los salarios como un componente importante. Después, el problema a resolver sería el monto del gasto público y el de su financiamiento.

Cuando se pretende bajar la inflación eliminando el déficit público, se puede actuar aumentando los ingresos, vía impuestos, que inciden en la mayoría de la población. En cambio, el recorte al gasto público incide solamente en aquellos sectores que se benefician de los programas educativos, de salud, de infraestructura, o bien de fomento a la inversión. Por lo tanto, e incluso a riesgo de ir en contra de un postulado de reivindicación social, el financiamiento por conducto de una mayor eficiencia tributaria y tasas impositivas mayores el esbozo de las líneas anteriores es un ejemplo respecto a una fuente de financiamiento público que no riñe con políticas sociales.

Este razonamiento puede extenderse al financiamiento de políticas de desarrollo tecnológico en las industrias de bienes-salario, o bien de reinversión de utilidades exentas de impuestos en las propias empresas en programas de investigación, de tal forma que a largo plazo y fuera de la lógica inmediatista de maximización de la tasa de ganancia, el Estado puede actuar “como capitalista colectivo ideal” para preservar el interés del capital en general, aun cuando actuase coyunturalmente en contra de los intereses de la “pluralidad de capitales” al gravar ganancias del capital especulativo o inducir la inversión tecnológica.

Finalmente, se trata de ejemplificar que la intervención estatal no es distorsionante per se y que puede ser expansiva al actuar sobre las condiciones de oferta, en particular la de bienes-salario. Esta reflexión sirve para introducir en términos concretos el tema de la pobreza —y sus dimensiones—, asociado a los bajos niveles de ingreso, por cuanto ello es una pesada ancla de la acumulación.

ORIGEN Y DESTINO DEL SALARIO

El comportamiento de la productividad, los precios y los salarios conforman el marco general en el que se desarrolla la economía. En particular, con los salarios se establece la dimensión que un bajo ingreso tiene en el nivel de vida de la población.

La información utilizada se refiere al origen por nivel salarial y el destino de los ingresos en tres momentos, 1998, 2008 y 2012, de acuerdo con la información disponible.

La fuente básica de información es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la información de la ENIGH se presenta en estratos de salario mínimo y en deciles, lo que plantea un problema metodológico de comparación.

DESTINO DEL GASTO

En condiciones de bajo ingreso, los bienes-salario básicos tienen un importante peso específico. Así, como primer referente, con base en la información de la ENIGH 1 1998, se observa que las personas del grupo que recibían ingresos en el rango de 0.51 a 1 1.50 salarios mínimos destinaban 40% de ellos a la satisfacción de sus necesidades alimentarias y dedicaban porcentajes muy inferiores al resto de otras necesidades mediatas. En contraste, las personas del grupo con más de ocho salarios mínimos asignaban 1 14.6% de su ingreso a alimentación; y entre 1 10 y 1 12 por ciento a cada uno de los siguientes rubros: transporte; educación y esparcimiento; y artículos para el cuidado personal.8

Como se muestra en seguida, las tendencias señaladas se acentuaron a lo largo del tiempo y se generó una distribución del gasto orientada sobre todo a la adquisición de alimentos para las personas del primer grupo y hacia otros rubros para las de ingresos de más de ocho salarios mínimos. Es de suponer que dichas diferencias representan un caldo de cultivo donde se exacerban las condiciones objetivas de potenciales conflictos sociales.

Para fines comparativos, debido a un cambio de metodología en las ediciones 2008 y 2012 de la ENIGH, en las cuales la distribución del gasto se mide por tipo de destino y por deciles.

En el año 2008, en la mayoría de los casos se constata la misma estructura de asignación del gasto que en 1998, en la cual los dos grupos con menores ingresos destinaban más de la tercera parte de su salario a necesidades alimentarias, mientras que el grupo de más alto ingreso asignaba el mismo monto a alimentos que a actividades de esparcimiento o de transporte.

Puede inferirse alguna mejora en la distribución del ingreso en 2008, al observar aumentos del gasto destinado a vivienda y transporte en los deciles I y II; pero, al mismo tiempo, en dichos deciles habría operado en sentido inverso el gasto destinado a salud.

En cambio, en 2012, el rubro de alimentos aumentó de manera importante en los tres deciles, pero el incremento del rubro es mayor en los dos primeros, pues en promedio absorbe la mitad del gasto, fenómeno que se atribuye al aumento de precios.

Si se toma en cuenta sólo el gasto en alimentos, en el año 2012, el decil de más bajo ingreso destinaba en promedio 52% a este rubro, lo cual estrictamente comparables, sí se remiten a la misma situación que interesa analizar, es decir, el efecto de los bajos niveles salariales en las condiciones de vida de la población una década después indica un empeoramiento de la situación referida en el año 2008. Por lo tanto, es de suponer que la crisis de 2009 tuvo efectos severos en los niveles de pobreza, máxime si se considera un periodo

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