Según Su Apreciación Existen En Su País, Mercados Donde Se Visualizan Convenios De Colusión?, ¿Qué Sucede Con La Calidad Del Bien O Servicio?

“Los carteles y los acuerdos de colusión son muy perjudiciales para la economía global de un país y para el consumidor. Los monopolios y oligopolios manejan a su antojo los precios de los productos y servicios y como e la mayoría de los casos son regulados por el gobierno, este tipo de empresas se unen para saltarse las reglas y obtener beneficios a costas del consumidor, es decir son empresas corruptas. En Colombia y Latinoamérica, (sin dejar de decir que en el resto del mundo también se presenta), es muy común, ya que por ejemplo en Colombia existen grandes grupos o bloques de empresas que manejan el mercado, entre estos esta la Organización Ardila Lule y el sindicato Antioqueno. Estas a pesar de brindar un gran desarrollo al país han incurrido también en acuerdos de colusión sin salvarse de la corrupción. En el ámbito internacional La corrupción y el sector privado muestra de qué manera las prácticas de corrupción se convierten en una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y, en definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas. Tan sólo en los últimos dos años, las empresas han pagado multas por miles de millones de dólares debido a prácticas corruptas. El costo de la corrupción incluye además el debilitamiento de la moral del personal y la pérdida de confianza de los clientes y posibles socios comerciales. Tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta US$ 40.000 millones por año. El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors), facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables. La cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que efectivamente ponen en práctica sistemas destinados a prevenir el abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien casi el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, menos de la mitad afirmaron monitorear su cumplimiento. Veamos un ejemplo claro en Colombia con las cementeras: El mercado del cemento en Colombia actualmente tiene una estructura oligopólica. Las empresas productoras de cemento en Colombia, en este momento, son tres: Holcim (Suiza), Cemex (México) y Argos (Sindicato Antioqueño); la industria del cemento es uno entre muchos ejemplos de demasiadas estructuras de mercado de cuantiosos productos en Colombia, especialmente después de la apertura económica de 1990. En 1998 entra al mercado Cementos Andino, que adquiere una cementera en Boyacá y en el 2005 monta otra planta en Barranquilla, con la cual suple el 8 por ciento de la demanda a nivel nacional. En 1998, Andino se une a las tres grandes ya existentes para repartirse el mercado colombiano. Antes de la consolidación de Andino, en el año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, ante evidencias de colusión tácita entre Argos, Holcim y Cemex, les hace firmar un acta donde las compromete a no tener prácticas restrictivas de mercado, tales como acordar precios y asignarse el mercado por zonas; en ese año los precios estaban demasiado altos, mientras la construcción y la demanda de cemento estaban prácticamente paralizadas. En octubre de 2004, comienza una guerra de precios que, según Andino con su marca Uno A, fue iniciada por la competencia: Argos con Ganacem, Cemex con Sansón y Holcim con Hércules; según Andino la guerra se inicia cuando las otras tres marcas invaden su territorio en Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde tenía el 90 por ciento del mercado, pero según éstas últimas, la guerra la inicio Andino al invadir sus territorios con su marca Uno A. La guerra de precios fue de tal magnitud que entre octubre del 2004 y agosto de 2005, los precios pasaron de un promedio de 22.000 pesos a unos precios mínimos de 6.000 pesos el bulto de cincuenta kilos; sin duda todas las empresas perdieron, a tal punto que se estima que dejaron de recibir (o de ganar) 200 millones de dólares en ese lapso; obviamente las grandes tenían gran respaldo financiero para aguantar el bajonazo de precios, cosa que no pasó con Andino, la cual tuvo que entrar a negociar su venta por 190 millones de dólares a cementos Argos en diciembre de 2005. Un mes después del acuerdo, los precios saltaron a 12.500 pesos, el doble de su valor mínimo, un mes antes. Debido a esta guerra, la Superindustria multa, en octubre de 2006 a Argos, Cemex y Holcim por un monto de 2.769 millones de pesos y a sus representantes por 414 millones de pesos; en ese momento la Supe financiera las acusó de colusión o acuerdos que iban en contra de la libre competencia, con el fin de sacar del mercado a Andino, lo cual efectivamente pasó. Más allá del análisis en el mercado del cemento, el cual es similar en muchas otras industrias y dada la entrada de grandes multinacionales al mercado colombiano en todos los sectores, la Superintendencia de Industria y Comercio debe contar con herramientas para proteger a los consumidores nacionales del ‘poder de mercado’, representado por monopolios u oligopolios actuando como carteles, que debido a su poder pueden manipular para su bien los precios de venta, las cuotas de mercado, los precios de compra de materia prima, asignación de territorios, control de la oferta final, entre muchas otras cosas. Colombia necesita fuertes leyes antimonopolio y anti cartel, que protejan a los consumidores y que mantengan a todo tipo de industria bajo leyes de competencia legal; aunque existen los Artículos 333 y 334 de la Constitución Nacional como leyes que regulan las políticas de competencia, éstas se quedan cortas para apoyar a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede actuar muy esporádicamente en este sentido, como es el caso de la multa contra La Nacional de Chocolates y Luker, por pactar precios de compra del cacao. Ahora a la pregunta: Afecta esto la calidad del servicio prestado o el producto vendido? Definitivamente si, a las empresas ser descubiertas en sus pasos de corrupción pierden la confianza en los clientes, además de que según el principio básico de calidad: “satisfacer las necesidades de los clientes”, con los altos precios la manipulación de la oferta, para nada se están cumpliendo las necesidades que tengan los consumidores. La integridad corporativa es rentable. Se ha comprobado que las compañías con programas anticorrupción y pautas éticas sufren hasta un 50% menos de incidentes de corrupción, y tienen menores probabilidades de perder oportunidades comerciales que aquellas que no poseen este tipo de programas. “Combatir exitosamente la corrupción significa buenos resultados económicos. Es hora de que las compañías se enfrenten a la posibilidad de pagar multas millonarias y de perder en el largo plazo la confianza de sus clientes y accionistas”, manifestó la Presidenta de Transparency International Huguette Labelle.

BIBLIOGRAFIA • http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/sector_privado/GCR2009_comunicadoTIAI.pdf • http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3343801”

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