Tema 10 Administrativo

TEMA 10. LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Cuestiones generales del procedimiento administrativo.

1.1. El procedimiento administrativo como institución.

1.2. La regulación del procedimiento administrativo.

1.3. Los principios generales del procedimiento administrativo.

1.4. Los sujetos de la relación procedimental.

1.5. Los derechos y garantías de los interesados.

1.6. Derechos generales de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

2. La estructura del procedimiento administrativo.

2.1. La iniciación

2.2. La ordenación.

2.3. La instrucción.

2.4. La terminación.

3. La inactividad de la Administración.

3.1. El deber legal de dictar resolución.

3.2. El silencio administrativo: configuración, clases, acreditación, resoluciones tardías e impugnación.

Normativa: Administración General del Estado

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano.

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

1. Cuestiones generales del procedimiento administrativo.

1.1. El procedimiento administrativo como institución.

1.1.1. Concepto de procedimiento administrativo

De la misma manera que el “procedimiento legislativo” es el cauce formal para el ejercicio de la potestad legislativa, o que el “proceso judicial” es el cauce formal para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el “procedimiento administrativo” es el cauce formal para el ejercicio de las potestades administrativas a través del cual se producen los actos y las normas administrativas. En todos estos casos existe una estructura común, conformada por una serie de actos encadenados entre sí e instrumentales respecto al acto jurídico público que pondrá término al procedimiento.

La diversidad de potestades administrativas determina una notable variedad de categorías de procedimientos, que además presentan importantes peculiaridades según el sector o materia de que se trate.

1.1.2. Los fines del procedimiento administrativo

- Función de garantía de los derechos de los ciudadanos. El procedimiento administrativo constituye una garantía para los interesados, pues significa el sometimiento de la actividad administrativa a un cauce legalmente predeterminado. Esto es una conquista del Estado de Derecho, una derivación del principio de legalidad.

- Función de garantía del interés público. El procedimiento posibilita además que la Administración tenga en cuenta todos los intereses (públicos y privados) implicados en su actuación y evitando que actúe de manera irreflexiva o arbitraria. Desde este punto de vista, el procedimiento administrativo sería una manifestación del principio de eficacia de la Administración.

1.1.3. Las clases de procedimientos administrativos

- Procedimientos de primer y segundo grado: Los primeros serían aquellos en los cuales la Administración ejercita inicialmente una potestad administrativa (por ejemplo, el procedimiento por el que se impone una sanción), y los de segundo grado serían aquellos otros que están vinculados a un procedimiento anterior (por ejemplo, el procedimiento para resolver un recurso interpuesto frente a un acto anterior).

- Procedimientos ordinarios y triangulares: En los primeros la Administración actúa como “juez y parte” frente a los interesados (por ejemplo, un procedimiento sancionador). En cambio, en los llamados procedimientos triangulares la Administración desempeña una función arbitral frente a los intereses contrapuestos de los particulares (por ejemplo, el procedimiento para autorizar un expediente de crisis de una empresa).

- Procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva: Se trata de procedimientos en los que la resolución requiere la comparación en un único procedimiento, de acuerdo con los criterios fijados en la norma correspondiente, de una eventual pluralidad de solicitudes, propuestas o actuaciones a cargo de los interesados (por ejemplo, procedimientos de selección de funcionarios públicos).

1.2. La regulación del procedimiento administrativo.

1.2.1. La evolución de la ordenación legal del procedimiento administrativo

Regulación anterior a la Constitución de 1978:

1) Ley de Azcárate. Ley de Procedimiento Administrativo de 1889: Esta primera Ley se limitó a fijar unos pocos principios básicos a partir de los cuales cada Ministerio debía elaborar su correspondiente reglamento, de tal modo que cada Ministerio tenía su procedimiento, con diferencias notables.

2) Ley de Procedimiento Administrativo de 1958: Fue una Ley mucho más completa, que reguló todos los aspectos generales del procedimiento administrativo. El principal problema que presentó su aplicación fue que las normas sectoriales que regulaban procedimientos concretos, por su carácter especial, acabaron desplazando su vigencia.

1.2.2. La distribución de competencias sobre procedimiento administrativo

La Constitución establece un mandato al legislador para que regule el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos en el artículo 105. c) CE: “La ley regulará: El

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