Testigo Protegido

Protección de testigos contra la delincuencia organizada

Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal Investigador Parlamentario Subdirector de Política Exterior

Lic. Patricia Avila Loya

Auxiliar de Investigación

Enero de 2010

Av. Congreso de la Unión Núm. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969. México, D.F., Teléfono: 5036 0000, ext. 67014; Fax: 5628 1300, ext. 4726 email: gabriel.santos@congreso.gob.mx

Protección de testigos contra la delincuencia organizada

INDICE

Pág.

Resumen Ejecutivo I

Introducción

II

1.

Necesaria, una valoración crítica del testimonio

1

1.1

La importancia de los testigos

1

1.2

Protección de víctimas y testigos

2

2

Alcances del crimen organizado

3

3

Protección de testigos

4

3.1

Estados Unidos y la protección de testigos

6

3.2

Resultados de la protección de testigos en Canadá

7

3.3

México y sus testigos colaboradores

8

4

Transparencia y rendición de cuentas

11

5

Conclusiones

11

6.

Bibliografía

12

Protección de testigos contra la delincuencia organizada

Resumen Ejecutivo

El crecimiento y evolución de la delincuencia organizada trasnacional mantiene ocupada a la comunidad internacional en el despliegue y afinación de mecanismos legales de carácter local, regional e internacional para el combate de este flagelo considerado ya un asunto de seguridad nacional.

Como parte de estas estrategias, los gobiernos trabajan en la implementación de Programas de Protección de Testigos para incentivar y reforzar la participación de personas implicadas en el crimen organizado a fin de que proporcionen información que permita el desmembramiento de dichas bandas.

La Organización de las Naciones Unidas publicó hace dos años un Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada que sirva de base para sus legislaciones.

Procuradores de Justica de países miembros de la Organización de Estados Americanos se reúnen periódicamente para conocer sus avances al respecto, específicamente en lo referente a la protección de víctimas y testigos.1

Gregory Lacko, asesor del Departamento de Justicia de Canadá, sostiene que “la aplicación de un régimen de protección de testigos es una empresa extremadamente exigente. Tanto las apuestas como los riesgos son altos.2

“Las organizaciones criminales tienen en la actualidad un mundo sin fronteras derivado del crecimiento, la complejidad del comercio y la alta tecnología y “prosperan a pasos agigantados, pues han aprovechado ambiciosamente la falta de autoridad estatal, la pobreza y marginación en la que se encuentran inmersos numerosos países”, en opinión del Doctor Alfredo Dagdug Kalife.3

1 http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/estudio_coop.pdf

2 http://www.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/pw-pt/pw-pt.pdf

3 La prueba testimonial ante la delincuencia organizada, Alfredo Daddug Kalife, Editorial Porrúa, México, 2006,

pág. 27. I

Introducción

Los programas federales o nacionales de protección de testigos, que tuvieron su antecedente en el combate al terrorismo hoy son utilizados como “arma gubernamental” para enfrentar los desequilibrios generados por las actividades de los grupos delictivos dentro y fuera de sus países de origen.

Sin embargo, las estructuras administrativas y humanas que soportan dichos programas están siendo objeto de análisis y críticas en el intento de que se pueda medir su efectividad real.

En este trabajo, intentaremos echar luz sobre este tema, pero la tarea no es sencilla debido a que los Programas de Protección de Testigos están “blindados” por la confidencialidad y la reserva que a todo proceso judicial compete.

Estados Unidos, Canadá y México presentan informes parciales de los resultados sobre su operatividad, pues sólo dan a conocer la cantidad de personas admitidas en sus respectivos programas (en los dos primeros países hasta se manejan costos), argumentando “información sensible4”

Ni

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