Trabajo Penal

1. El señor Wigberto Rafael Guerra manifiesta que el 23 de enero de 2006 contratistas de Electricaribe acudieron al inmueble ubicado en la calle 42 N° 36 - 128, bodega 114, barrio Chiquinquirá de Barranquilla, con el propósito de adelantar una inspección rutinaria de las instalaciones eléctricas, sobre lo cual se levantó el acta de revisión e instalación eléctrica N° 05444021, donde se anotó “Número de medidor no registrado en el sistema comercial” (f. 1).

Afirma el accionante que los funcionarios de la empresa incurrieron en actos de falsedad, al indicar en el acta citada que “el usuario hizo uso del derecho de asesorarse de un técnico particular”, a sabiendas de que en la diligencia no le informaron que podía contar con un experto de su confianza, para controvertir la prueba y presentar sus descargos, pero no obstante las anomalías en la lectura del consumo, se escribió dicha acta, violando el debido proceso y el derecho de defensa.

Posteriormente la empresa de servicio publico, basada única y exclusivamente en el acta levantada el 23 de enero de 2006, liquidó e impuso sanción pecuniaria por presunto fraude, por valor de $ 9.759.640, “a favor de la empresa”.

El 6 de abril de 2006 el actor presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación ante Electricaribe, por medio de los cuales solicitaba que nuevamente se revisara el caso, para anular el cobro de la sanción impuesta. La entidad se pronunció de manera negativa frente a lo solicitado (f. 31).

Considera el accionante que la actuación de Electricaribe vulnera su derecho fundamental al debido proceso por diversas razones, en cuanto realizó la inspección de las instalaciones eléctricas y de los equipos de medida y no le informó que se podía asesorar con un técnico y porque no fue informado del proceso que se adelantó en su contra. Sostiene así mismo que la entidad carece de potestad para imponer sanciones económicas

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