COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ

La sociedad peruana vivió entre en las dos últimas décadas del siglo XX un intenso proceso de violencia. Fue el proceso iniciado por la organización maoísta conocida como Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, la cual fue combatida por las fuerzas armadas y la policía del Estado peruano. Entre ambos, además de otros protagonistas menores como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, las organizaciones campesinas de autodefensa y pequeños grupos paramilitares, ocasionaron miles de pérdidas humanas y materiales y pusieron en acto una masiva violación de derechos humanos.

En el año 2001, en un contexto de transición política tras la huida del país de Alberto Fujimori Fujimori, fue creada la Comisión de la Verdad con el encargo de investigar los hechos producidos durante aquellos años violentos. La Comisión —poco después rebautizada como Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por el presidente Alejandro Toledo— fue una organización estatal independiente, sin atribuciones judiciales, e integrada por doce ciudadanos elegidos sin criterio de representación, que trabajó durante veintiséis meses para cumplir un mandato legal muy complejo y abarcador: investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000; contribuir a que se haga justicia penal; brindar una explicación de los factores que hicieron posible el conflicto; determinar las secuelas dejadas por este en la población peruana; hacer recomendaciones de reparaciones para las víctimas; hacer recomendaciones de reformas institucionales, y dejar iniciado un proceso de reconciliación. Al concluir su periodo de trabajo, en agosto de 2003, la CVR presentó a los presidentes de los Poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y al país en general un Informe Final que contiene el resultado de sus investigaciones así como las recomendaciones de diverso género que se le pidió.

Trabajo con víctimas: retos y problemas

Como varias otras comisiones antes de ella, la CVR del Perú tomó la palabra de las víctimas como la fuente principal de su investigación. No se trató solamente de una decisión pragmática, ante la imposibilidad de citar judicialmente a los victimarios a rendir declaraciones; fue una decisión principalmente ética: ese ejercicio nacional de búsqueda de la verdad, que sería inédito y tal vez irrepetible, tenía que ser una instancia para escuchar la voz de los silenciados, de quienes por lo general no tienen acceso a la palabra pública. Una verdad construida con la palabra de las víctimas y, al mismo tiempo ajustada a rigurosos criterios de validez desde el saber jurídico e histórico-social, tendría no solamente autoridad científica sino también una fuerte autoridad moral.

Los testimonios de quienes sufrieron directa o indirectamente la violencia —de los cuales se tomó casi 17 mil— servirían, así, para establecer la verdad sobre los crímenes cometidos. Es decir, cada uno de ellos daría noticia, debidamente corroborada, de un acto específico cometido por una persona particular en un lugar y en un momento determinados. Nos llevaría a determinar la verdad en su dimensión más estrictamente fáctica y, mediante el análisis jurídico, a señalar el crimen en que se incurrió y, eventualmente, a su responsable. Al mismo tiempo, el conjunto de esas voces, en la medida en que señalaba tendencias, formas generales de comportamiento, experiencias repetidas de persona en persona, serviría para rescatar la verdad histórica: comprender la fisonomía general del proceso, de los factores que lo produjeron y de las secuelas que él dejó en la población.

Para cumplir la tarea de tomar la palabra de las víctimas fue necesario vencer varios retos y problemas, algunos de carácter sociopolítico y otros de carácter técnico.

Entre los primeros se cuentan la necesidad de sobrepasar el clima de temor lógicamente existente y de crear confianza en la Comisión. Sobre lo primero, es pertinente recordar que cuando la CVR hizo su trabajo, las acciones armadas se hallaban prácticamente extintas. Eso no significaba, sin embargo, que las víctimas no temieran que su testimonio les acarreara represalias. Como en muchos conflictos internos en diversas partes del mundo, en el Perú después que cesó la violencia víctimas y victimarios todavía coexistían en el mismo espacio social. Es lo terrible de este tipo de violencia: su finalización solamente inaugura una etapa de convivencia en la zozobra, en la desconfianza, en el justificado temor. En ese contexto, las garantías de confidencialidad de parte de la CVR fueron cruciales para que el deseo de compartir las historias de violencia pesara más que el comprensible temor en el ánimo de las víctimas.

De otro lado, hay que tomar en cuenta que en una sociedad tan golpeada por la violencia, la confianza en las instituciones por parte de la población se halla profundamente mellada. No fue obvio para todas las víctimas, desde un primer momento, que la Comisión era una adecuada depositaria de su palabra. Esta duda no se debía, necesariamente, en desconfianza hacia la CVR y sus integrantes, sino a un cierto escepticismo de las víctimas sobre el destino de su testimonio: antes de la Comisión, más de una organización las había entrevistado y ellas se sentían desalentadas ante la perspectiva de relatar por tercera o cuarta vez su historia sin resultados visibles. Una comisión como ésta necesita, pues, saber ganar la confianza de las víctimas, lo cual solamente se puede lograr siendo sincero y honesto desde el inicio sobre las intenciones que se tiene y lo que se puede ofrecer. La Comisión fue meridianamente clara en eso: ella era una organización del Estado, si bien independiente, y sin atribuciones para imponer sanciones ni otorgar amnistías ni para brindar reparaciones u otros tipos de resarcimiento. Quería oír la palabra de las víctimas para reconstruir la verdad y para devolver a sus voces la presencia pública y el reconocimiento oficial que secularmente les habían sido negados. Sobre ese entendimiento, las víctimas confiaron en la Comisión y no fueron defraudadas.

Finalmente, queda la cuestión de índole técnica: pedir la palabra a miles de personas es un asunto delicado y que puede ser sumamente frustrante si no se toman las previsiones para dar buen uso a esas palabras valiosas. Darles buen uso, en este caso, no implica

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