Conflicto Estatitacion YPF

Para poder desarrollar el conflicto de la estatización de YPF del 2012 es necesario conocer un poco más a sus participantes:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue fundada en 1922, tras haberse descubierto petróleo en Argentina. Fue siempre una empresa de propiedad mayoritaria pública, hasta que con el gobierno de Menem, se empezó a privatizar la parte pública. Las privatizaciones fueron el resultado de la crisis económica argentina y las presiones liberalizadoras del régimen mundialista.

Para 1993, la parte pública era ya solamente del 32% del capital pero tenían la acción de oro, que es una facultad legal para tomar ciertas decisiones de gestión aún sin tener el Estado la mayoría del capital en la empresa. Aun bajo administraciones de orientación liberal, ni Brasil ni México ni Venezuela cometieron ese pecado. Todos los grandes países latinoamericanos mantienen, con mayoría estatal, sus grandes empresas petroleras. Años después Menem completó la desnacionalización cuando entregó la llamada acción de oro y, de esa forma, la capacidad de veto del gobierno. La pequeña Repsol se quedó con el control total de la enorme YPF. Fue en 1999 cuando la empresa española Repsol compró la parte del capital público que faltaba, así como el resto de capital privado adquiriendo el 97 % de la empresa. En el 2003, cuando el kirchnerismo llegó el poder lo hizo como contracara del menemismo. Durante algunos meses se especuló con la posibilidad de que el gobierno anunciara la reestatización de la empresa. Sin embargo, esa medida nunca se anunció. El Estado le quitó la concesión a las firmas que administraban el servicio de Aguas, el Correo, el espacio radioeléctrico, las AFJP y Aerolíneas. Con YPF-Repsol, en cambio, propició la “argentinización”. Le abrió la puerta de la empresa a un grupo nacional con una insólita garantía: podía pagar la compra con las utilidades obtenidas por la firma. Por lo que vendió entre 2007 y 2011 el 25,46 % del capital al Grupo Petersen, que es un conglomerado de empresas de Argentina propiedad de Enrique Eskenazi, quedando Repsol con el mayoritario 57,43 % del capital y el Estado con la acción de oro.

Repsol es una empresa energética global con experiencia en el sector de los hidrocarburos, desarrolla actividades de exploración, producción, refino, marketing y nuevas energías en todo el mundo. Con sede social en Madrid, España fue fundada en octubre de 1987 y en su origen estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías, previamente pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos. Fue conocida como Repsol-YPF desde 1999 hasta el 3 de mayo del 2012.

Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

La producción argentina de petróleo y gas se ha desplomado, se ha detenido la exploración de nuevas reservas y este país rico en petróleo tiene ahora que importarlo, con Repsol acusada de saquear la empresa y traicionar sus obligaciones.

La excusa de Repsol es que los controles de precios argentinos son absurdamente severos. Lleva queriendo vender desde hace algún tiempo su participación y en julio de 2011 pasado encontró un comprador potencial: la compañía de petróleos estatal china Sinopec. Ningún país puede mostrarse indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se haga de ellos. Este fue otro motivo para buscar la estatización de YPF.

El lunes 16-04-2012 el Estado argentino presenta un proyecto de ley para nacionalizar YPF para tener el control total de la empresa por medio del 51 % del capital, expropiando esa parte a Repsol.

La nacionalización parece un paso lógico y esperado en el proceso de crisis energética mundial. La excusa, real o fingida, es la queja del gobierno de que la empresa mantenía una escasa inversión y producción petrolífera, que hizo que en el año 2011 Argentina tuviera que importar por primera vez desde la privatización petróleo y gas natural, aunque se puede decir que el motivo real es la crisis energética, en la que el petróleo es cada vez más un bien estratégico fundamental controlado por los gobierno.

Este proyecto de ley se redactó de acuerdo al artículo 31 la Ley de Hidrocarburos 17319/67, en la que especifica que los concesionarios petroleros deben efectuar las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, [...] asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas y el autoabastecimiento de hidrocarburos.

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