Constitucion politica: papel o realidad

Constitución, papel o realidad

Universidad externada de Colombia

Comunidad de derecho constitucional

Dra. María clara Galvis Patiño

31 de octubre de 2021

Constitución, papel o realidad

Las cartas constitucionales no son otra cosa que pactos sociales expresados de forma escrita, cuyas cláusulas son los principios y derechos fundamentales, que de naturales se transforman en positivos y constitucionales (Luigi Ferrajoli).

La antesala de la Constitución colombiana de 1991 corresponde a un período caracterizado por una violencia política fuerte y por una grave crisis institucional. Durante la década de los ochenta, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, los grupos paramilitares comenzaron a llevar a cabo masacres sangrientas como método de intimidación a la población civil, los narcotraficantes hacían detonar bombas en las ciudades a diestra y siniestra cada vez que se sentían atacados por el gobierno de turno y los grupos guerrilleros persistían en sus ataques constantes. A todo esto, por si fuera poco, se sumaban las violaciones a los derechos humanos, cometidas por el abuso del estado de excepción, que se convirtió en el mecanismo ordinario de actuación del Estado.

Es por eso que se dice que el proceso constitucional en Colombia de mil novecientos noventa y uno fue de ruptura con el pasado, en la medida en que se abandonó la tradición de considerar las constituciones como cartas de batalla para dar paso a una concepción de pacto de paz. Bajo esta idea, este proceso también buscó consolidarse como un proyecto de deliberación que incluyera las concepciones y puntos de vista de amplios sectores sociales y políticos, con el objetivo de consolidar bases para la seguridad y convivencia social; es decir, los puntos esenciales de la carta a los que todos se deberían someter y respetar, punto importante puesto que se trata de una condición necesaria para que dicha constitución no quede como una mera “hoja de papel” como expresó Ferdinand Lasalle. Si se hace un breve recorrido a través de la historia colombiana, a distintas generaciones les ha surgido la duda de si la constitución es una simple proposición a la que no se le ha logrado dar desarrollo, por lo que se hace necesario evaluar algunas de sus motivaciones y concepciones iniciales con la pregunta siempre presente de ¿qué tan reales o eficaces han sido estas?

Si se parte de la concepción de pacto de paz que se le dio a la constitución de 1991 y se observan las cifras, se puede empezar a vislumbrar uno de sus fallos. Inicialmente se buscaba mostrar que en Colombia si era posible realizar un proceso en que se sentaran las bases para una convivencia pacífica que dejara atrás los dolores del pasado y se enfocara en un futuro próspero, sin embargo, esto no ha sido hasta días actuales, una mera designación ilusoria de un proceso que no se ha podido materializar, ya que desde antes de su promulgación, pero más importante aún luego de esta, los hechos de violencia en Colombia no han cesado en casi ningún aspecto, incluso hay periodos en los que se han incrementado los índices: En 1991 se alcanzaron tasas de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 1992 Colombia registró el nivel más elevado de actividad armada, en 1993 los contactos armados por iniciativa de las FF.AA. superaron en más de 40% las acciones ejecutadas por los grupos alzados en armas, y tan solo entre 1990 y 2013 en Colombia se registraron cerca de 532.474 muertes por homicidio. En esta misma línea, el artículo 11 constitucional que establece «El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte» termina siendo solo una bonita consigna en el papel.

Por otra parte, hablar del origen deliberativo de la constitución también lleva encontrarse con diversas contradicciones en los ideales iniciales de la misma. Llevando a cabo un profundo análisis de cómo se dio este proceso se llegaría a pensar que, en realidad, esta fue una constitución que sucumbió a la prevalencia de las mayorías sobre el consenso real e inclusivo. El 42,9% de los artículos fueron aprobados por unanimidad, mientras un 39,3% fueron aprobados por el 90% de la corporación, y cerca de un 6% con menos del 80% de los votos. Una forma clara en la que se puede observar socialmente este problema es la falta de confianza de los particulares sobre algunos de los organismos estatales, como puede ser el congreso de la república. Por ejemplo, en el año 2019 veintiocho años después de la promulgación de la constitución, el DANE realizó una encuesta de cultura política, la cual arrojó que sólo el 27% de los encuestados confía en la presidencia, el 16% en los jueces y magistrados, la misma cifra para el congreso y finalmente la confianza en los partidos políticos es del 16%.

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