Criminalidad Y Corrupción En Honduras

Honduras

Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de

derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última

década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y

otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las

instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha

estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las

iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes.

Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas

campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda

protección a quienes se encuentran en riesgo.

Tras despedir arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de

Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a

destituir jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la

independencia judicial y fiscal.

Abusos y corrupción policial

La impunidad en casos de graves abusos policiales representa un problema crónico. Entre

enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18

personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex

Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido

muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El

gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos

de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.

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Evidencias convincentes recabadas por una investigación de Associated Press en mayo de

2013 sugieren la participación policial en al menos cinco ejecuciones extrajudiciales o

desapariciones de presuntos miembros de pandillas en Tegucigalpa. Las autoridades han

aportado versiones contradictorias con respecto a los avances de iniciativas para erradicar

la corrupción policial. La implementación de estos esfuerzos ha sido lenta e ineficaz. En

abril de 2013, el entonces jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera

Policial comunicó al Congreso que, de 230 policías que fueron evaluados según

parámetros sobre corrupción, 33 no superaron la prueba. No obstante, solamente siete de

estos fueron suspendidos, y algunos fueron reincorporados posteriormente.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

En noviembre de 2011, el Congreso sancionó un decreto de emergencia que permitió a

militares llevar a cabo funciones de seguridad pública, y desde entonces se ha prorrogado

periódicamente. En agosto de 2013, el Congreso sancionó una ley que autorizó la creación

de una fuerza de policía militar con atribución para controlar barrios donde haya violencia

y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos

militares contra civiles.

Independencia judicial y fiscal

En diciembre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la

inconstitucionalidad de una ley sobre vigilancia policial, que había conseguido el apoyo

de la mayoría en el Congreso y del presidente. Poco después, el Congreso destituyó a

cuatro de los cinco miembros de la sala por “conducta administrativa” impropia. En enero

de 2013 se designaron los reemplazantes, y en febrero la Corte Suprema desestimó un

recurso interpuesto por los jueces destituidos. El Consejo de la Judicatura, un órgano

independiente creado mediante una reforma constitucional en 2001 para designar y

destituir jueces, podría contribuir con su trabajo a frenar la interferencia policial en

procesos judiciales, pero al momento de la redacción de este documento sus miembros

aún no habían sido designados.

En abril de 2013, el Congreso suspendió en funciones al Fiscal General Luis Rubí y a su

adjunto, y nombró en reemplazo a una comisión interventora, mientras se encontraba

pendiente una investigación sobre la efectividad de esta fiscalía y presuntos actos de

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corrupción cometidos en su ámbito, una potestad que se confirió al Congreso tras una

reforma constitucional en 2002. Rubí y su adjunto renunciaron en junio, antes de que

concluyera la investigación.

Impunidad de abusos posteriores al golpe de Estado

Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades

civiles fundamentales, incluida la libertad de prensa

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