Crisis de representacion politica en Mexico

Universidad Autónoma del Estado de México[pic 1][pic 2]

Facultad de derecho

Problemas contemporáneos de la realidad mexicana

Crisis de representación política y las instituciones gubernamentales.

Maria Esther Martínez Díaz

Baena Rosas Joaquín

Diaz Sánchez Julieta Alejandra

Garduño López Montes Juan Ramón

Ramirez Grana Francisco Uriel

Grupo 02

Crisis en la representación política de México

Desde los orígenes de la democracia representativa, la representación fue objeto de severas críticas. Las críticas versaban primero sobre el principio mismo. Para los defensores del gobierno de derecho divino y del poder aristocrático, el “gobierno del pueblo” solo había sembrado caos. Posteriormente, las izquierdas revolucionarias opusieron su visión de una democracia popular basada en la igualdad social a la abstracción de los derechos liberales y a la usurpación de la soberanía popular por las oligarquías políticas. Las críticas se enfocaban también en las elites políticas concretas que asumían la función de representantes del pueblo. Para las derechas antiparlamentarias, el poder legislativo era el nido de todas las intrigas y de la corrupción. Las izquierdas antiliberales veían en esas elites y sus partidos una expresión de la dominación de la burguesía.

Dentro de la teoría democrática, las críticas se volvieron más específicas. La idea de representación implica la delegación de la voluntad de la mayoría a una minoría elegida por voto popular. Sin embargo, la misma teoría reconoce la distancia existente entre el ideal y la realidad (Bobbio, 1984, Sartori, 1988). En la práctica, los ciudadanos votan a favor de elites políticas ya constituidas como oligarquías.

Estas últimas definen dinámicas e intereses propios y no responden necesariamente a las demandas de los ciudadanos. Asimismo, su pluralidad es limitada, ya que tienden a monopolizar la representación y a limitar el acceso a la lucha por el poder. Aun así, se suele hacer una distinción entre regímenes democráticos y no democráticos. Los primeros se distinguen por la pluralidad competitiva de las elites políticas y la participación abierta de la mayoría de los ciudadanos en el debate público y en la elección de los representantes (Dahl, 1989).

La crisis actual tiene un sentido específico que implica y rebasa las críticas recurrentes hechas a la democracia representativa. En el libro colectivo coordinado por Pascal Perrineau (2003), el diagnóstico del desencanto democrático de la sociedad francesa se basó en la observación empírica del progreso de la abstención como voto de protesta entre sectores muy politizados de la sociedad, la votación decreciente para los partidos de gobierno, la gran volatilidad del voto y una actitud ciudadana cada vez más crítica y cínica ante el gobierno. La explicación resaltó las disfunciones de los sistemas tradicionales de representación y la distancia creciente entre políticos y ciudadanos, lo cual habría debilitado el nexo cívico y el propio aprendizaje ciudadano de la democracia. No siendo totalmente pesimista, el mismo diagnóstico trató de dar cuenta del surgimiento de nuevas prácticas democráticas.

La distancia creciente entre políticos y ciudadanos, lo cual involucra directamente a la representación política, es un aspecto generalmente señalado de las insatisfacciones generadas por el estado actual de las democracias, tanto consolidadas como en vía de consolidación. Esa tendencia apunta hacia la radicalización de las lógicas autorreferenciales y reproductivas de elites cada vez más alejadas de las preocupaciones ciudadanas. Se podría ver en ella la expresión de un repliegue de la esfera política sobre sí misma o, en términos de Bourdieu, un síntoma de clausura extrema del campo político. La clausura no define únicamente un problema de déficit de representatividad, sino también de pérdida de pluralidad; pues va acompañada de un proceso de uniformización de las lógicas y agentes del campo político.

En resumen, si bien existieron siempre reticencias ante el modelo de la democracia representativa, hoy cuatro elementos singularizan la crisis actual de la representación: inadaptación de los sistemas tradicionales de representación; distancia creciente entre elites políticas y ciudadanía; radicalización y homogeneización de las lógicas oligárquicas del campo político y falta de alternativas sustanciales en términos de programas políticos, lo que hace que la posibilidad de elegir sea vista como ilusoria. La actualidad de la crisis de la representación rebasa las críticas tradicionales al modelo de la democracia representativa. A la vez, esa actualidad da pie a la reactivación de las antiguas críticas, si bien en condiciones sociopolíticas e ideológicas distintas de las del pasado. Las críticas combinan los viejos prejuicios antidemocráticos con la búsqueda legítima de alternativas. No existe alternativa fácil, ya que el problema de la delegación no se circunscribe al único modelo de la democracia representativa e implica cualquier forma de acción colectiva. En este sentido, el reto de la democracia define una tensión irreductible entre la necesidad de mediaciones institucionales y el imperativo de mecanismos de participación ciudadana. Esa tensión obliga a superar el viejo debate entre democracia representativa y democracia directa, así como el antagonismo actual entre la idealización del marco institucional y la “antipolítica”, sin necesariamente resolverse en el marco actual.

El problema es general y de ninguna manera exclusivo de México; tiene su expresión aquí, donde se agudiza por las mismas condiciones sociales y políticas de un país que sale apenas de un régimen autoritario de larga duración. Pues, si bien las democracias consolidadas no son modelos de democracia, existe por lo menos en ellas una ciudadanía, un pluralismo y sistemas de representación más fortalecidos. En México, las herencias autoritarias implicadas en la uniformidad de las elites políticas y su autonomización mayor ante la sociedad obligan a cuestionar hasta la realidad efectiva de la democracia conquistada en las urnas. De todas formas, los déficits de las democracias consolidadas y las diÀcultades de las democracias emergentes son las variaciones de una problemática común, en condiciones distintas. Desde este punto de vista, es propicio considerar la generalidad y la especificidad del caso mexicano.

La pluralización del sistema de partidos en el contexto de una competencia más abierta y equitativa pactada entre actores políticos y arbitrada por los ciudadanos fue la condición de la democratización mexicana. Esa pluralización es ahora el punto de quiebre para cuestionar no solo la calidad, sino también la propia realidad de la democracia mexicana. En realidad, si bien hubo mayores garantías y acuerdos en ese plano, los procesos electorales no dejaron nunca de ser impugnados ante los tribunales y contestados en la calle. La muy mediática elección presidencial de 2006 dejó un testimonio espectacular de ello, pero es tan solo el acontecimiento más visible de una realidad rutinaria, ya que se trata de un escenario recurrente en la elecciones locales y estatales. Para muchos comentaristas, tanto de los medios de comunicación como del ámbito académico, el problema radica en una cultura política poco favorable al reconocimiento de la derrota en las urnas. El hecho es que las prácticas fraudulentas heredadas del pasado están aún en el orden del día y son comunes dentro de todos los partidos. Se puede incluso afirmar que existe una cultura del fraude electoral tan antigua y consolidada, en México, que la sospecha que versa sobre los procesos, además de tener muchos elementos de prueba a su favor, es ya constitutiva del imaginario popular. Es así como nadie se sorprendió, ni se escandalizó tanto cuando, al alba de la elección de gobernador de 2010 en Veracruz se difundieron grabaciones del entonces gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, en las cuales este último daba instrucciones para “organizar” acarreos y otras estrategias ilícitas con el fin de asegurar la victoria del candidato de su partido (PRI). Rápidamente el debate se desvió hacia la ilegalidad y el posible origen de las grabaciones. Hasta en lo electoral, la democracia mexicana no se encuentra aún garantizada y esto es de conocimiento y reconocimiento público.

La diferencia con el pasado radica en el hecho de que no existe ya un árbitro central de las pugnas políticas, como lo fue la institución presidencial en la época del PRI hegemónico. El declive de la autoridad presidencial, así como la relevancia nueva de los procesos electorales, desembocaron en el desplazamiento del centro de gravedad del sistema político y de los modos de reclutamiento político desde la burocracia federal hacia las administraciones estatales, concretamente hacia los gobernadores y hacia los partidos políticos. Paradójicamente esto contribuyó a lo que es considerado por muchos analistas como una “feudalización” del espacio político mexicano, es decir, a la consolidación del poder de los gobernadores y de los enclaves autoritarios regionales.

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