DERECHO A LA VERDAD COMO DERECHO IMPLICITO

EL DERECHO A LA VERDAD COMO DERECHO CONSTITUCIONAL IMPLICITO

I. INTRODUCCIÓN

Las violaciones a los derechos humanos en los Estados, no son una novedad, ahora bien, las violaciones masivas de los mismos han ocurrido bajo determinados contextos de violencia. En Latinoamérica por cierto, las mismas se remontan principalmente, pero no exclusivamente a la existencia de regimenes autoritarios o dictatoriales, los cuales interpretaron que la doctrina de “seguridad nacional” les facultaba privar arbitrariamente de la libertad, desaparecer, torturar o ejecutar extrajudicialmente a los opositores al régimen a voluntad propia, y con total y absoluta impunidad.

La impunidad impide conocer lo que efectivamente sucedió con tal o cual persona, con un colectivo o conjunto de ellas, o incluso con una sociedad. En ese sentido, conocer la verdad de los acontecimientos se explica no por un ánimo perverso, sino por el deseo de saber que fue lo que en realidad ocurrió en una determinada sociedad en la cual se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos.

Sólo con la verdad se podrán conocer las causas de la violencia, identificar las circunstancias que llevaron a que dichas violaciones sucedan, investigar las mismas a fin de establecer la responsabilidad de los autores o encubridores, proponer una política de reparaciones, así como evitar, a fin de cuentas, que hechos similares pudieran volverse a cometer.

Es importante para la sociedad, y con mayor razón para los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, conocer la verdad de los hechos a fin de lograr una reconstrucción y reivindicación de la memoria de las miles de personas que han desaparecido, así como restaurar la dignidad de tales víctimas a fin de poder lograr que las heridas producto de la violencia y el conflicto social vivido puedan cerrarse.

En particular, en el caso peruano, el olvido y la negación absoluta por parte de la sociedad peruana de las violaciones masivas a los derechos humanos y situaciones de violencia, son muestras de que no se ha aceptado lo que la historia nos ha dejado. No se ha aceptado la violencia vivida, no se ha aceptado a fin de cuentas lo que nosotros vimos pero ni quisimos ver, lo que nosotros conocimos pero callamos, y mientras eso no se acepte, no se aceptará que faltan muchos peruanos entre nosotros, y eso es darle la espalda no sólo a miles de desaparecidos o a sus familiares, sino darle la espalda a la realidad social y política vivida por todos, y que así quisiéramos evitar va a ser imposible que lo hagamos, porque es parte de nuestra historia y, porque a fin de cuentas, es parte de nuestra vida.

El presente trabajo de investigación se compone de dos partes. En la primera se analizara la configuración y la existencia del derecho a la verdad, el cual ha venido cobrando cada vez mayor importancia en las últimas décadas . Mientras que en la segunda parte, investigaremos las dificultades que podemos encontrar en la aplicación de dicho derecho, en la medida en que suele colisionar con otros derechos fundamentales y/o principios del ordenamiento jurídico.

¿Cómo deben entonces de resolverse estos problemas que afectan de sobremanera la estabilidad del sistema jurídico en el cual nos encontramos?, ¿Qué derecho o principio debe de preferirse o priorizarse sobre los otros?, ¿Cuáles son las razones o fundamentos que nos pueden ayudar a tomar partido por una u otra decisión?, ¿Se justifica la preferencia de un principio sobre otro u otros?, ¿Cómo es que deben de resolver los jueces ante este tipo de conflicto jurídico? Son algunas de las interrogantes que deseamos resolver con la presente investigación.

II. CONFIGURACION Y EXISTENCIA DEL DERECHO A LA VERDAD

A nivel internacional, y principalmente mediante la adopción de múltiples tratados internacionales de carácter universal o regional , los Estados se comprometen a cumplir ciertas obligaciones para con las personas sujetas a su jurisdicción, principalmente, reafirman su intención de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en dichos acuerdos internacionales.

En general, el Derecho Internacional a fin de asegurar el ejercicio de los derechos humanos, impone a los Estados un “deber de abstención” hacia la vulneración (por acción o por omisión) de estos derechos , es decir, existe entonces para los Estados la imposibilidad de que agentes del mismo cometan violaciones a los derechos humanos, o incluso que el Estado tolere la comisión de las mismas por particulares.

De otro lado, también existe el “deber de garantía” para los Estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas en su jurisdicción, investigarlas, procesar y sancionar los autores de las mismas, así como reparar los daños ocasionados por estas. De esta manera, el Estado se coloca en una posición de garante de los derechos humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y salvaguardia de los mismos.

Es así que a nivel interamericano, algunos Estados se han comprometido (mediante la ratificación) a aceptar las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH). El mismo que al ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ha recordado que los Estados Partes han contraído la obligación general de proteger, respetar y de garantizar cada uno de los derechos establecidos en la CADH, de tal modo que “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención”

En ese sentido, y en virtud del citado artículo 1.1 de la CADH, la primera obligación asumida por los Estados Partes, es “respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención”, lo cual implica el deber de los Estados de asegurar la vigencia, el goce y disfrute de los derechos humanos mediante un sistema jurídico, político e institucional adecuado.

El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los Derechos Humanos son atributos inherentes a la dignidad humana (superiores al poder del Estado) que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público, en tal sentido, ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.

La segunda obligación de los Estados Partes según la CADH es “garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”, en virtud de la cual, los Estados deben de asegurar el ejercicio de los derechos humanos procurando los medios jurídicos adecuados de protección.

Como bien lo ha reiterado la Corte IDH: “Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Para cumplir satisfactoriamente tal obligación, los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las situaciones en las cuales se cometan violaciones de los derechos humanos, y en caso estas se hayan cometido, deberá de investigar (seriamente y con los medios a su alcance) las violaciones existentes dentro del ámbito de su jurisdicción con la finalidad de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes, así como asegurar a la víctima una adecuada reparación.

Obligación que no se agota con la existencia de un orden normativo interno, sino que es necesario también, una conducta por parte del Estado que asegure la existencia de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas adecuadas e idóneas, incluso debiendo remover los obstáculos (físicos o jurídicos) existentes para que las personas sujetas a su jurisdicción puedan disfrutar de sus derechos humanos, a fin de evitar que en caso se cometa tal violación, esta no quede impune.

Ambas obligaciones generales van de la mano con el deber que tienen los Estados según el artículo 2 de la CADH de adoptar las disposiciones necesarias en el derecho interno para hacer efectivos tales derechos humanos y libertades fundamentales, en caso el ejercicio de los mismos no se encuentre garantizado de manera satisfactoria.

De otro lado, de ambas obligaciones generales derivan ciertas obligaciones especificas de los Estados, entre las cuales podemos mencionar la obligación de prevenir las violaciones de los derechos humanos; la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en su ámbito de jurisdicción; la obligación de identificar, procesar y sancionar a los responsables de las mismas; la obligación de reparar los daños producidos por la violación de los derechos humanos, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado; y la obligación de establecer la verdad de los hechos.

Estas obligaciones específicas son independientes y autónomas, de naturaleza complementaria, no siendo alternativas ni sustitutivas; en tal sentido, el Estado debe de cumplir todas y cada una de ellas, es inadmisible que realice una elección sobre las mismas.

Si bien todas las obligaciones específicas antes mencionadas son fundamentales para el cabal respeto y garantía de los derechos humanos, así como para su correcta protección y la lucha contra la impunidad, como parte del presente trabajo de investigación sólo vamos a analizar la obligación de investigar y la obligación de establecer la verdad sobre los hechos, la cual ha venido a configurar el derecho a la verdad, el mismo que como ya lo mencionáramos antes, no es una obligación alternativa a las demás obligaciones del Estado antes expuestas, no significa que si se establece la verdad de los hechos las demás obligaciones puedan dejar de ser cumplidas obligatoriamente por el Estado.

• Obligación de investigar

El Estado se encuentra obligado a realizar investigaciones prontas, diligentes, serias, exhaustivas, imparciales e independientes frente a toda violación de los derechos humanos que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción. Mediante este deber de investigar, el Estado se encuentra obligado a desplegar motu propio las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon, pues a fin de cuentas se trata de una obligación jurídica y no de una mera gestión de intereses particulares. En ese sentido, se configura como una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.

Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en el caso Velásquez Rodríguez, en donde manifestó que dicha obligación de investigar “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

Precisando un poco más el contenido de dicha obligación, la Corte IDH ha señalado en la misma sentencia que:

El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.

Esta obligación del Estado de investigar es indelegable e irrenunciable, en el sentido de que es necesario que se realice ineludiblemente como medio idóneo para combatir la impunidad de la violación a los derechos humanos, pues si la misma queda impune y no se restablece a la víctima la plenitud de sus derechos vulnerados, se ha incumplido una obligación general de los Estados (el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción), incluso esta obligación es incumplida, si se tolera que particulares actúen libre o impunemente vulnerando derechos humanos.

• Obligación de establecer la verdad de los hechos

América Latina vivió durante décadas atrás situaciones muy violentas que desencadenaron violaciones masivas y sistemáticas de múltiples derechos humanos. En dicho escenario detener arbitrariamente, restringir ilegalmente derechos, realizar torturas, ejecuciones extrajudiciales, así como desapariciones forzadas, eran práctica común, incluso, las 3 últimas por la magnitud y crueldad de los hechos, han venido a ser catalogadas con posterioridad por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como graves violaciones a los derechos humanos de carácter inderogable.

En ese sentido, las transiciones de la dictadura a la democracia por las que tuvieron que pasar varios Estados no han sido en lo absoluto pacíficas, las sociedades americanas han tenido que enfrentarse al problema del inmenso legado de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, sobre las cuales nunca les fue revelada la historia real, impidiéndoseles conocer la verdad de los hechos en la medida en que la gran mayoría de los responsables de tales violaciones eran agentes del Estado, a los cuales el gobierno protegía.

Por eso mismo, el gobierno impedía las investigaciones, ocultaba los resultados de las muy pocas investigaciones que pudieron efectuarse, o incluso promulgaba leyes de amnistía para proteger a los responsables, incentivando la impunidad de los hechos y de los autores, sin darse cuenta que le negaba también a la sociedad el derecho a conocer su historia.

Es en este contexto, que surge en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, principalmente en el Sistema Interamericano, un principio emergente que sostiene que frente a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, el Estado se encuentra obligado a investigar los hechos ocurridos con la finalidad de revelar la verdad sobre los hechos y circunstancias en las cuales se cometieron dichas violaciones.

El derecho a la verdad en el ordenamiento jurídico peruano es un principio implícito, en el sentido de no encontrarse recogido expresamente en una norma jurídica, se lo deduce del derecho a la justicia y del derecho a la información. Recordemos que el hecho de que sea un principio no le resta respaldo jurídico.

En ese sentido, para Juan Méndez , en la medida en que para él, “el derecho a la verdad es inseparable del derecho a la justicia de un contenido más general y que implica obligaciones por parte del Estado”.

• El contenido del derecho a la verdad

El derecho a la verdad en un primer momento estuvo vinculado al Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que se reconocía el derecho de los familiares a conocer la suerte corrida por sus familiares víctimas de desaparición en tiempos de conflictos armados . Esto fue empleado por la doctrina y la jurisprudencia internacional como el punto de partida y sustento de tal derecho.

Progresivamente, el derecho a la verdad se reconocería primero, respecto de las víctimas de desapariciones forzadas (en donde la víctima es detenida arbitrariamente, para posteriormente ocultase la suerte o el paradero de la misma a los familiares como a la sociedad en general) para luego ampliarse a toda víctima de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte IDH, en un primer momento reconoció la existencia del derecho que le asiste a los familiares de víctimas de desaparición forzada de conocer el destino o suerte corrida por el desaparecido, pero no ha limitado este derecho a los casos de desapariciones forzadas. En la sentencia sobre reparaciones del caso el Caracazo (en donde numerosas personas fueron ejecutadas por las FFAA y los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano), la Corte afirmó que “los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados, para que la sociedad venezolana conozca la verdad” .

Pese a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no hace referencia expresa al derecho a la verdad, el Comité de Derechos Humanos, ha reconocido también “la obligación de los Estados de garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos conozcan la verdad respecto a los hechos cometidos”. En posteriores ocasiones, ha reconocido expresamente la existencia del derecho a la verdad de los familiares de víctimas de desaparición forzada.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha reconocido desde su primer Informe a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el derecho a la verdad que les asiste a los familiares de víctimas de desaparición forzada. Más específicamente, en su segundo Informe, ha concluido que, respecto de los familiares del desaparecido: “unquestionably, their tight to know can be neither denied nor ignored”.

Para Carlos Chipoco , la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Además, el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.

En similar medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) ha manifestado que “El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron (…), así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto de las familias de las víctimas y a la sociedad en general”.

El alcance y contenido del derecho a la verdad ha ido ampliándose en la medida en que se ha fundamentado tal principio en diversos niveles internacionales como nacionales. En un primer momento, fue definido como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las cuales estas violaciones llegaron a cometerse.

En la actualidad se acepta que el derecho a la verdad implica conocer la verdad íntegra y completa sobre los hechos ocurridos, así como conocer las circunstancias específicas en las que se cometieron y quiénes participaron en ellos. En virtud de la jurisprudencia y la práctica nacional como internacional, la doctrina, resoluciones de determinados organismos u organizaciones internacionales, así como opiniones de diversos relatores especiales sobre el tema, se puede afirmar que el derecho a la verdad constituye en la actualidad, una norma del derecho internacional consuetudinario.

Como fue mencionado líneas arriba, la obligación del Estado de garantizar este derecho a la verdad no es sustitutiva o alternativa de las demás que le incumben en el marco del cumplimiento de su deber de garantía. La obligación de dar a conocer la verdad, existe y se mantiene independiente del cumplimiento o no de las demás.

En ese sentido, el experto sobre la impunidad de autores de violaciones a los derechos civiles y políticos, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el señor Louis Loinet, ha considerado que el derecho a la verdad o el derecho a saber, existe como tal y es un derecho inalienable.

Ante la pregunta de si la obligación del Estado de dar a conocer la verdad de los hechos generadores de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter imprescriptible o no, podemos formular que por la gravedad que implica el incumplimiento de esta obligación frente a los familiares de la víctima como de la sociedad en general, por la importancia que posee el derecho a la verdad para combatir la impunidad, así como por los efectos devastadores que su incumplimiento generaría en la sociedad, consideramos que puede configurarse como un derecho imprescriptible, en tal sentido, subsistirá mientras exista la incertidumbre sobre los hechos o las violaciones.

• Relación con otros derechos humanos

El derecho a la verdad nace muy ligado a otros derechos humanos como el derecho a la protección legal, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y el derecho a la información. En ese sentido, se podría afirmar que el derecho a la Verdad proviene de desagregar una serie de obligaciones impuestas a los Estados en los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción.

La Corte IDH en el caso Blake, ha realizado un profundo análisis sobre esta relación intrínseca del derecho a la verdad con otros derechos contemplados en la CADH, estableciendo que el derecho a las garantías judiciales (art. 8 de la CADH) comprende el derecho de los familiares de la víctima a que la desaparición y muerte de sus seres queridos sea efectivamente investigada.

En el mismo caso, dicho Tribunal Internacional manifestó que en virtud del derecho a la protección judicial (art. 25 de la CADH) es deber del Estado proveer los recursos internos eficaces para determinar el paradero de las personas privadas de libertad y prevenir las desapariciones en toda circunstancia.

En el caso de la promulgación principalmente en América Latina de leyes de amnistía o autoamnistía , de punto final u obediencia debida, se puede afirmar que las mismas, al impedir toda investigación o sanción a los responsables, privan a las víctimas de su derecho a conocer la verdad.

De otro lado, el conocimiento de la verdad puede considerarse como una forma de reparación hacia las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, en la medida en que se les da a conocer las circunstancias en la cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, se puede considerar que el derecho a la verdad es en cierta medida una forma de reparación, bajo la modalidad de la satisfacción que implica la verificación de los hechos y la difusión publica y completa de la verdad.

Así lo ha entendido la CIDH en uno de sus últimos informes, en el cual expresa que “el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad integra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias especificas y quiénes participaron en ellos, forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en modalidad de satisfacción y garantías de no repetición”.

• La titularidad del derecho a la verdad

Así como el alcance del derecho a la verdad se ha ido ampliando, lo mismo ha sucedido con la cuestión de los titulares de este derecho. Sin lugar a dudas, la persona victima de violación de sus derechos humanos posee este derecho si es que aún se encuentra con vida. De igual manera, el derecho a conocer la suerte, el destino o paradero de la persona, así como la verdad de los hechos, también lo poseen los familiares de ésta persona.

Sin embargo, la evolución de este principio y su consolidación en el derecho Internacional de los Derechos Humanos, han producido que tanto el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias como la CIDH, en virtud de la gravedad y las consecuencias que originan las desapariciones forzadas, dispongan que el grupo de personas afectadas por estos hechos sobrepasa el concepto de familia. En tal sentido, han atribuido el mismo derecho a otros parientes y dependientes de la víctima, como a los amigos y allegados a la misma.

Por otro lado, la gravedad y crueldad de la práctica de desaparición forzada de personas, seguida del carácter masivo y sistemático de la misma, han ayudado a que se consolide la idea de que la sociedad en si misma es también poseedora del derecho a la verdad. El establecimiento de Comisiones de la Verdad en distintos países comprueba la necesidad de que la sociedad conozca la verdad de lo acontecido.

Esto ha sido reafirmado por la CIDH al considerar que “toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Años después, y reafirmando su posición inicial, la misma CIDH ha considerado que: “el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación”.

En ese sentido, consideramos que la titularidad del derecho a la verdad, no se agota en la víctima o en sus familiares y allegados, la sociedad en general tiene también derecho a saber la verdad sobre las actuaciones de los agentes estatales, sobre la suerte corrida por las víctimas, sobre los hechos y circunstancias en las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, el derecho a la verdad es tanto un derecho individual como un derecho colectivo.

El derecho a la verdad es el derecho de las víctimas a ser oídas, es el derecho de la comunidad de obtener respuestas del Estado, a la vez que se configura como un elemento del derecho a la justicia que cada uno de nosotros poseemos, es también el derecho de conocer nuestro pasado para así poder evitar volver a cometer los mismos errores. De la misma manera, es también el derecho que cada uno de nosotros y la sociedad en general tenemos de conocer nuestras instituciones públicas, los integrantes de las mismas, así como los hechos que los agentes estatales cometieron.

III. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA VERDAD CON DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Una vez que tenemos claro la existencia del derecho a la verdad, así como las consecuencias que implica reconocerlo, es necesario ponerlo en práctica e intentar su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos nacionales a fin de convertirse en un instrumento de lucha contra la impunidad, más aún, en la medida en que esta tiende a convertirse en un medio de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos.

La impunidad hace posible la violación de los derechos humanos, y en un gran sentido la facilita, puesto que el autor de tales hechos no será declarado penalmente responsable. En ese sentido, existe un claro vínculo entre la comisión de violaciones graves, masivas o sistemáticas de derechos humanos y la impunidad, en caso contrario, es decir, si los autores de las violaciones son sancionados, se demuestra que no se esta dispuesto a tolerar las mismas.

Los mecanismos de impunidad son múltiples, dentro de los cuales podemos mencionar la impunidad mediante leyes, a través de la legislación que exime la persecución de los perpetradores de abusos de derechos humanos. Sin embargo, la impunidad también se origina con los problemas relacionados con el funcionamiento del órgano judicial, particularmente relacionados con su independencia e imparcialidad. Existe también la impunidad práctica, en la cual, no obstante la existencia de leyes que prevén la persecución a los violadores de derechos humanos, las amenazas y la intimidación dirigida en contra de las victimas de violaciones de derechos humanos, de sus familiares que denuncian tales violaciones y/o de los testigos, hacen peligrar la investigación.

El elevado nivel de impunidad en América Latina refuerza la violencia así como las violaciones de los derechos humanos, debilita también, la legitimidad del gobierno, el sistema democrático, así como incrementa la desconfianza de los particulares hacia los agentes del Estado y hacia el Estado por tolerar la misma.

Para acabar con la impunidad, para que lo ocurrido no vuelva a suceder, no solo se debe de buscar la verdad sino también la justicia, esto implica aplicar las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico respectivo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La justicia es un derecho de la sociedad, y por lo tanto el Estado tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.

No se puede dejar de lado la obligación de investigar tales violaciones y de juzgar y sancionar a los responsables, eso sí, respetando el debido proceso, porque sino caeríamos en un círculo vicioso en el cual, en la búsqueda de la protección de los derechos humanos, cometiéramos también violaciones a otros derechos humanos.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone a los Estados que frente a una violación de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, se encuentran obligados a otorgarle a todos y cada una de las víctimas, la posibilidad real de obtener justicia, más aún en los Estados en donde se busca reestablecer la democracia y el estado de derecho, como el Perú.

Que en el Estado peruano se reconozca el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, significa que el gobierno debe permitir y promover la investigación exhaustiva de tales actos violatorios de derechos humanos. En ese sentido, es muy importante analizar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Peruano como el supremo interprete de la Constitución (TC en adelante), el cual en una reciente sentencia sobre desapariciones forzadas , ha reconocido que “la nación tiene el derecho a conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.

De otro lado, el TC confirmando lo ya afirmado anteriormente, ha ido un poco más allá en lo que respecta a la titularidad del derecho a la verdad, afirmando que “al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados”.

En dicha sentencia, el TC deriva el derecho a la verdad no sólo de las obligaciones internacionales contraídos por el Estado peruano en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, sino también de la propia Constitución, la cual en su artículo 44 establece la obligación del Estado de cautelar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, en especial los que afecten la dignidad del hombre.

Para los fines de la presente trabajo, la Construcción que el TC realiza del derecho a la verdad es muy importante y fundamental, en la medida que manifiesta que aunque dicho derecho no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, es un derecho plenamente protegido, derivándolo de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 139.3 de la Constitución. Inclusive le reconoce rango constitucional al derecho a la verdad, al considerarlo una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno.

El derecho a la verdad se ampara en las demandas de justicia de las victimas de las violaciones de los derechos humanos, que a fin de cuentas importa a toda la sociedad; en la protección de la dignidad humana; el derecho a la tutela judicial efectiva; así como en el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos.

De otro lado, al analizar el problema de la colisión existente en la aplicación del derecho a la verdad con otros principios tanto constitucionales como internacionales, observamos que al investigar la verdad, y con la finalidad de procesar y sancionar a los responsables por la violaciones a los derechos humanos, se puede llegar al conflicto con el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada.

En especial, al momento de investigar sobre la verdad de los hechos y procesar a los responsables de los mismos, ocurriría una grave confrontación con el principio del non bis in idem que se configura en materia penal como una de las expresiones de la cosa juzgada. Dicho principio universalmente aceptado ampara la imposibilidad de juzgar a una misma persona dos veces por un mismo hecho, independientemente de si ella fue condenada o absuelta.

El principio de cosa juzgada en el estado de derecho tiene un papel fundamental, en la medida en que brinda a las decisiones judiciales carácter definitivo, inmutable, intangible y coercible. La firmeza de las decisiones judiciales es condición necesaria para que exista seguridad jurídica, la cual tiene dos funciones, la negativa que es prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto; como la función positiva que es brindar seguridad a las relaciones y al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, pese a la importancia que brinda la seguridad jurídica, dicho principio no es absoluto, esto no significa que la revisión de sentencias judiciales sea la regla, no hay que confundirse, la revisión de sentencias sigue siendo la excepción. En ese sentido, se justifica la medida en los casos en los cuales se puede percibir la existencia de una evidente injusticia en los procesos judiciales como en la Resoluciones de las mismas, de esta manera, se permite que pueda repetirse el proceso con la finalidad de llegarse a una decisión acorde al ordenamiento jurídico, que tiene como principio básico la búsqueda de la justicia.

Del mismo modo, el principio del non bis in idem no es absoluto, y puede ser limitado, con la finalidad de proteger y garantizar valores, principios y derechos fundamentales que posean mayor trascendencia que el mismo, uno de los cuales es precisamente la búsqueda de la justicia y el respeto por los derechos humanos.

En los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en un contexto de impunidad, sistematicidad y violencia generalizada, el deber del Estado de investigar tales violaciones es mayor que en los casos de simples delitos. No por algo los primeros se insertan en lo que la doctrina internacional conoce como las graves violaciones a los derechos humanos, que en algunos casos, llegan a configurar un crimen internacional como bien lo señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En este contexto, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre los mismos, las demandas de verdad y justicia, la necesidad de evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones, poseen tal importancia que no sólo autorizan sino que incluso exigen una limitación del principio del non bis in idem.

En ese sentido, es fundamental lo establecido por la Corte IDH en el caso Barrios Altos (en donde miembros del “grupo colina” ingresaron de manera violenta a un inmueble abriendo fuego indiscriminado contra las personas que allí se encontraban, asesinando a 15 e hiriendo de gravedad a otras 4), en donde estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

En el mismo caso, la Corte IDH ha considerado que “las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” .

En un caso anterior, pero fundamental para la comprensión de este tipo de conflictos relativos a la aplicación del derecho a la verdad, la Corte IDH ha manifestado en el caso Velásquez Rodríguez que el:

Deber de investigar hechos de este género (se refiere a las desapariciones forzadas) subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”.

Visto lo anterior, es clara la tendencia del derecho internacional de limitar el principio del non bis in idem en los casos de violaciones graves a los derechos humanos, lo cual nos da un fuerte indicio para tomar posteriormente una posición al respecto.

La Corte Constitucional Colombiana ha realizado un profundo análisis sobre este tipo de conflictos entre principios, y ha llegado a manifestar que “esta obligación estatal de investigar y sancionar es tanto más intensa cuanto más daño social haya ocasionado el hecho punible. Y por ello ese deber estatal adquiere particular fuerza en los casos de violaciones de derechos humanos”.

Las violaciones graves de los derechos humanos como las desapariciones forzadas, configuran aquellos comportamientos que más intensamente desconocen la dignidad de las personas, a la vez que provocan a las víctimas y a los familiares mayor dolor y angustia por no conocer cuál fue la suerte o el paradero de sus familiares. Por esos motivos, el derecho que poseen a la investigación de los hechos como a la determinación de la verdad, ameritan la más intensa protección, y en tal sentido, el deber del Estado de investigar y sancionar estos comportamientos adquiere mayor entidad.

En ese sentido, se concluye que el respeto a los derechos humanos es un asunto que interesa no sólo a los Estados sino también a la propia comunidad internacional. Y por ello el derecho internacional ha establecido mecanismos internacionales de protección de esos derechos humanos, que son complementarios de los mecanismos internos que los propios Estados deben desarrollar. Tal complementariedad indica que usualmente los Estados no han sido capaces de realizar investigaciones serias ni imparciales que hayan llevado a sancionar efectivamente a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.

En ese sentido, los derechos humanos son demasiado importantes para dejar su protección exclusivamente en manos de los Estados, pues la experiencia de los regímenes totalitarios ha demostrado que el Estado puede llegar a convertirse en el mayor violador de tales derechos humanos. Por ese motivo, es que principalmente que se concede a los individuos la capacidad de acudir a un órgano internacional para denunciar violaciones a derechos humanos por parte de su propio Estado, concediéndoseles cierta subjetividad internacional.

Otra institución o mecanismo importante para la protección de los derechos humanos, es la “jurisdicción universal” que faculta a cualquier Estado a sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, pese a no haberse cometido en el ámbito de su jurisdicción, ni por nacionales suyos, ni contra sus nacionales, alegando que dichos hechos son de importancia para toda la comunidad internacional.

Prueba de la vigencia y la importancia de este mecanismo para evitar la impunidad, fue lo sucedido con el ex Presidente chileno, Augusto Pinochet, ante el pedido de la justicia española por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como el genocidio, las torturas y las desapariciones forzadas.

Otro argumento para fundamentar la importancia de realizar investigaciones imparciales y serias para solventar el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad, es la creación del los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la ex–Yugoslavia y Ruanda. Y con mayor razón, la creación mediante el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, de carácter permanente, y con el objetivo principal de sancionar individualmente a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como lo son los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión.

Un ejemplo claro de cómo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entiende el principio del non bis in idem, lo podemos apreciar en el artículo 20.3 de dicho instrumento internacional, en la medida en que establece que dicho principio no es aplicable cuando ha existido en el tribunal nacional el propósito de sustraer al autor de tales hechos, de la responsabilidad penal por crímenes de la competencia de dicha Corte; o cuando dicho proceso en el tribunal nacional, no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial, o lo hubiere sido de alguna manera que fuese incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Esto significa que, conforme al Estatuto de Roma, el principio del non bis in idem no opera frente a la Corte Penal Internacional cuando el proceso nacional no fue abordado seriamente, y con la suficiente imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales, puesto que en esos casos, la cosa juzgada no es más que aparente y la persona no fue realmente enjuiciada.

La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es de tal magnitud debido a la gravísima afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, que no puede dejarse a merced de la actividad estatal. Cuando un Estado no está dispuesto a cumplir el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ya sea por ineficiencia o por interés, la comunidad internacional por intermedio del Derecho Internacional, ha creado los medios y mecanismos para intervenir a nombre propio.

Por consiguiente, en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y non bis in idem. En ese sentido, una sentencia que absuelve a los responsables de tales hechos, no puede considerarse justa, ni puede tener la calidad de cosa juzgada.

Y es que la seguridad jurídica en una sociedad democrática y en un estado de derecho, que tiene como eje central o la dignidad humana, no puede estar edificada sobre la base de silenciar el dolor y los reclamos de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ante la importancia de tales principios, la seguridad jurídica, la cosa juzgada o el non bis in idem, deben ser limitadas, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones.

Como lo reafirma de una manera categórica la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia antes mencionada:

“La preponderancia de los derechos de las víctimas y de la búsqueda de un orden justo sobre la seguridad jurídica y el non bis in ídem es aún más evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las víctimas y los perjudicados por una violación a los derechos humanos, la situación resulta aún más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente, ya que esas personas no sólo fueron lesionadas por un comportamiento atroz sino que, además, deben soportar la indiferencia del Estado, quien incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados.

De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en que el Estado, en forma protuberante, dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos, no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación seria e imparcial de los hechos punibles. Y por ende, precisamente por ese incumplimiento del Estado de adelantar seriamente la investigación, la persona absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non bis in ídem”.

En base al empleo de los criterios de razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, concluimos que el derecho a la verdad, se impone frente a los obstáculos existentes en el ordenamiento jurídico interno que podrían impedir las investigaciones necesarias para dar a conocer la verdad de los hechos, así como procesar y sancionar (si es el caso) a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

El hecho de que un principio desplace a otro, no implica que el principio desplazado es eliminado del ordenamiento jurídico, sino que en el caso en concreto no se aplica, pero sigue teniendo vigencia, sino que por razones de una mejor y más justa aplicación del derecho, otro principio ha prevalecido por sobre él en virtud de un juicio de ponderación, que nos ha llevado a preferir el principio a conocer la verdad de los hechos relacionado al respeto tanto de la víctima, de sus familiares y de la sociedad en general.

Principio que en la actualidad se configura tanto a nivel internacional (en donde comenzó a gestarse) como en el derecho nacional, como un derecho a la verdad independiente y autónomo, el cual pretendemos sea recogido lo más prontamente posible por un instrumento jurídico internacional, así como por el ordenamiento interno.

IV. CONCLUSIONES

Cuando se trata de violaciones masivas a los derechos humanos, que incluso pueden llegar a configurar crímenes de lesa humanidad, el derecho de las víctimas frente al Estado no se extingue en la reparación pecuniaria, sino que requiere de una reparación integral que incluya la investigación y revelación de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, así como el esfuerzo por procesar y sancionar a quienes resulten responsables de las mismas. Como premisas de tal reparación integral surgen el derecho a la justicia y el derecho a la verdad.

Para que un Estado afectado por procesos de violencia política y, en donde se han producido violaciones masivas de los derechos humanos, logre consolidar el proceso de paz y refuerce la construcción de la democracia, será necesario que en el mismo exista justicia, sin embargo, para que ésta exista, es necesario comenzar por la determinación de la verdad. Como bien lo mencionó Salomón Lerner en el discurso de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “la verdad que es memoria sólo alcanza su plenitud en el cumplimiento de la justicia”.

En dicho contexto, el derecho a la verdad se levanta como un estandarte que tiene como norte la consolidación del proceso de reconciliación nacional, ante lo cual, no podemos olvidar que la verdad es un elemento necesario en el proceso social de construcción de la memoria colectiva, a la vez que ayuda a la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos.

Si la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática y el conocimiento de la verdad de los hechos dentro de una situación de violencia deriva en la prevención de mayores violaciones a los derechos humanos, no queda sino que afirmar que el derecho a la verdad no sólo contribuye a esclarecer la verdad de lo sucedido y rescatar la memoria de las víctimas, sino que contribuye de sobremanera a la consolidación de los valores democráticos en la sociedad.

El derecho a la verdad es imprescriptible y por lo tanto se deberán de aclarar los actos violatorios a los derechos humanos que sean reclamados por la sociedad, a la vez que seguirá configurándose como un derecho inalienable de todo Estado que se considere democrático.

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