Derecho Administrativo chileno

Inician con un débil ejecutivo, en contraste con los amplios poderes de los partidos políticos y el congreso. Así las cosas, la transformación progresiva de los poderes que detentaba el Presidente de la República, marcan uno de los aspectos o factores determinantes, para comprender el debate actual del Derecho Administrativo chileno. Al considerarse que el Congreso menoscababa persistentemente al presidente, principalmente en el área relacionada con el gasto público, se concertó la investidura de poderes regulatorios para todas las áreas de las políticas públicas y principalmente en materia económica, en lo concreto, en materia de control de precios o la seguridad del Estado.

Estos poderes regulatorios investidos le concedieron facultades extraordinarias al Presidente para limitar o restringir derechos constitucionales, tales como el derecho de propiedad, consagrado con la promulgación del DL Nº 520 de 1932, el cual se transformó en un verdadero instrumento global de regulación económica, y que pese a ser inconstitucional siguió siendo implementado mucho tiempo después. Dentro de estos poderes regulatorios podemos agregar con posterioridad los decretos de reanudación de faenas, decretos de requisición junto con la facultad del ejecutivo para dictar decretos de insistencia frente a la toma de razón de la Contraloría, cuando su opinión no era favorable e incluso antes de que esta emitiera su opinión.

El enfoque de la Contraloría sobre el procedimiento de examen de legalidad, era limitado, actuando con extrema deferencia hacia el ejecutivo, sin interesarse por la conveniencia o la oportunidad de las decisiones del gobierno. De esta forma, la expansión de los poderes del ejecutivo fue llevada a cabo con poca o ninguna preocupación por los procedimientos constitucionales y legales.

La acusación constitucional al contralor general marcó un momento decisivo que produjo un cambio en la interpretación que hacía la Contraloría de sus poderes de examen legal, pasando a ser un procedimiento que tanto el ejecutivo como el Congreso comenzaron a tomar en serio, aunque en forma gradual. Es así como dicho organismo adoptó una actitud más revisionista de la legalidad de los decretos del ejecutivo quién a su vez dejó de implementar los decretos de insistencia frente a la toma de razón.

Finalmente pese a que la Corte y el Poder Judicial estaban excluidos de las áreas claves de la política pública lograron mantener su independencia precisamente gracias a esa exclusión, sin perjuicio de que la Corte Suprema parecía estar dispuesta a mantener un bajo perfil político, ya que una vez que la Constitución de 1925 le otorgó el poder de fiscalizar la constitucionalidad de la legislación, esta en forma permanente, se resistió a cumplir su rol de protectora de la Constitución, rechazando un alto porcentaje de casos de examen judicial que fueron presentados ante la Corte. Finalmente, bajo la presión de individuos agraviados por decretos de la administración la Corte respondió invocando mecánicamente la inviolabilidad de la propiedad y el contrato, de esta forma, en lugar de contribuir a generar un consenso sobre la esfera y límites de la acción del Estado, se confió sólo en principios del derecho privado para oponerse a la acción administrativa. Esta reacción de la Corte sólo vino a reafirmar la idea generalizada entre los políticos de que la resolución de los delicados asuntos de política pública no podían ser confiados ni a la Corte Suprema ni al resto del poder judicial.

En mi opinión la interacción y evolución de estos factores permiten comprender el debate actual en orden a definir en manos de quien quedaría concretamente el conocimiento de lo contencioso administrativo, toda vez que ante el incremento de potestades que se entregan en un momento determinado al ejecutivo y en la medida que estas no respetaban la legalidad ni

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