EQUIDAD DE GENERO

Equidad de genero en México

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) planteó una profunda

revisión de las políticas de población aplicadas hasta su celebración, en 1994, poniendo

de relieve el peso de las relaciones de género en la definición del escenario

demográfico y en el desarrollo. En la nueva agenda de las políticas de población derivadas

del consenso de la CIPD, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres

se perfilaron como requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, así

como para hacer frente a los desafíos demográficos.

Para lograr lo anterior, se exhortó a los gobiernos a instrumentar los cambios

institucionales y las reformas jurídicas y constitucionales necesarias para salvaguardar los

derechos de las mujeres y promover la equidad de género. Se alentó también a la

comunidad internacional y a los gobiernos a adoptar acciones para fortalecer, reorganizar

o ampliar los servicios de salud reproductiva, los sistemas educativos y los programas

laborales, con la finalidad de asegurar el acceso de la mujer en condiciones de igualdad.

En México, la política de población se ha comprometido desde sus inicios a mejorar la

condición de la mujer y a lograr la equidad de género.

El Gobierno de México reconoce que el mejoramiento de la condición social de la mujer constituye un desafío de primer orden, que debe enfrentarse tanto por consideraciones de justicia y equidad, como por el hecho de que de ello depende la incorporación plena de todas las energías creadoras y de transformación de las que México dispone. Bajo estos principios, el gobierno de México ha llevado a cabo diversos programas y acciones, congruentes con la CIPD y con la Plataforma de Acción derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.

El principio fundamental de igualdad jurídica del hombre y la mujer se integró en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1974, quedando

plasmada en el artículo cuarto. En lo que se refiere al marco normativo, el Programa

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres

(PROEQUIDAD), es el instrumento que refleja el compromiso del gobierno federal

con las mujeres de México a partir de los tres postulados fundamentales definidos en

el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: Humanismo, Equidad y Cambio. Este

compromiso se arraiga, de manera sólida, en la labor que han desarrollado en el país,

desde finales del siglo XX, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales,

partidos políticos y funcionarios públicos. Lo anterior ha requerido de la consolidación

de acuerdos desde la diversidad y pluralidad ideológica.

La CIPD, así como las conferencias internacionales de la mujer (México, 1974; Copenhague,

1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995), han sido instrumentos muy importantes en la consolidación de los mecanismos de equidad de género y las estrategias de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, lo cual ha requerido la legitimación de la agenda de las mujeres frente a los distintos actores sociales. En el proceso de legitimación de institucionalización de la perspectiva de género, no se puede dejar de reconocer

el papel estratégico de los distintos grupos de mujeres y las organizaciones de la sociedad

civil. Estos grupos han jugado un papel trascendental en términos de abogacía,

vigilancia y seguimiento para incorporar la perspectiva de género en la agenda nacional.

Sin duda la ratificación por parte del Estado Mexicano de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) así como del

Protocolo Facultativo de la misma Convención (2002) se han traducido en avances concretos

y en el establecimiento de un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos de las mujeres.

La mujer en el ámbito laboral en Mexico

Las investigaciones recientes sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo ofrecen una serie de datos estadísticos que muestran, de manera cruda, la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en el México actual.

Frente a la ilusión moderna de que el descenso demográfico y la salida del hogar pondrían término a la opresión femenina, la realidad que nos muestran las investigaciones de las últimas décadas sobre mujer y trabajo, tanto en el área rural como en la urbana, deja poco espacio para las esperanzas puestas en el desarrollo y la modernización como factores de cambio inmediato y positivo.

El problema del ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, va más allá de cuestiones como la elección voluntaria e individual entre el "ocio" y el "beneficio", o de factores corno la capacitación y la educación. Algunos teóricos aducen que el "capital humano" femenino es bajo en comparación con el masculino, en cuanto a la inversión en escolaridad, capacitación y nivel de experiencia acumulado, como resultado de la permanencia sostenida en el mercado de trabajo. No obstante, estudios más cuidadosos, demuestran que la incorporación de las mujeres en dicho mercado no obedece exclusivamente a factores como una diferente

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