Ensayo Codigo Del Menor

ENSAYO CODIGO DEL MENOR

En 1989 fue un año crucial en la historia de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, tanto a nivel global como en Colombia. Los años anteriores habían marcado un cambio en el desarrollo histórico de los derechos humanos internacionales, particularmente los reconocidos de manera específica a grupos poblacionales determinados, en tanto se daba el paso de instrumentos jurídicos generales y neutros a documentos específicos, que regulan derechos y políticas concretas destinadas a grupos poblacionales determinados. Este paso se materializó inicialmente con la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979”, seguido de un instrumento específico para los niños y las niñas: la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1989, y otro específico para las personas pertenecientes a pueblos indígenas y grupos étnicos como el Convenio 169 de la OIT, 1989.

En Colombia también se avanzaba en la definición de una legislación especializada para personas menores de 18 años, distinta, pero parte del derecho privado y de familia, llamada Código del Menor (decreto 2737 de 1989), en la que se reconoció que los menores -como eran nombrados en esa época, no sólo en Colombia sino en general en las legislaciones de América Latina y el Caribe-, que protagonizaran situaciones irregulares (abandono, carencia de familia, comportamientos desviados) debían ser acogidos en programas organizados por el Estado para su protección.

La Convención sobre los Derechos del Niño reguló en su momento los derechos específicos de la población mundial menor de 18 años, tanto en lo que se refiere a derechos universales como aquellas condiciones de vulnerabilidad manifiesta (violencia y desigualdad) o de violación de derechos que obliga a los Estados a atender y emprender acciones afirmativas específicas para superar y proscribir los hechos que dieron lugar a las vulneraciones, e impulsar así la igualdad material de quienes no tienen garantizados sus derechos, de a quienes les han sido vulnerados, con aquellos y aquellas que en general los tienen garantizados.

De ahí entonces el concepto de protección integral (al que la Convención de los Derechos del Niño le otorga el carácter de imperativo jurídico y deja de ser doctrina), referida a que los Estados deben asegurar a todo niño o niña (persona menor de 18 años) el ejercicio y garantía de sus derechos (los reconocidos a todas las personas), la seguridad de su protección especial en casos de vulneración (negación del ejercicio del derecho), el restablecimiento en casos de violación (afectación del derecho) y la provisión de políticas sociales básicas (políticas públicas) para mejorar las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia mediante el aseguramiento del ejercicio de sus derechos.

Bajo esa premisa de la protección integral, entendida desde la garantía de los derechos y la seguridad de su restablecimiento, el esfuerzo legislativo colombiano de 1989 se quedó corto al regular únicamente el proceso para restablecer los derechos de los menores de 18 años que caracterizaran nueve situaciones irregulares y no normalizar los temas de garantía de derechos, de políticas sociales y de prevención. De allí la necesidad de adecuar las normas nacionales a los retos internacionales de derechos humanos, en los que el esfuerzo del Estado no podía sólo centrarse en restituir derechos o solucionar problemas, sino que debía integrar todos los componentes políticos, sociales y jurídicos que demanda la aplicación del concepto de protección integral.

Desde el año 2002, un grupo de entidades del Gobierno, del Ministerio Público, del Sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se unieron con el propósito de construir de manera conjunta un proyecto de ley integral para la infancia y la adolescencia en Colombia que permitiera actualizar el Código del Menor vigente desde 1989, y poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño , los demás instrumentos internacionales de derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991.

Reunidos en la Alianza por la niñez colombiana dichas entidades, en conjunto con un grupo de legisladores, establecieron un espacio

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