Estado Libre Asociado

Las recientes decisiones de Standard and Poor’s, degradando la clasificación de la deuda del Estado Libre Asociado al último peldaño (BBB- con perspectiva negativa) antes de la clasificación de chatarra, y luego la de Fitch siguiendo el mismo curso, no deberían sorprender a nadie. Ambas entidades alinearon sus clasificaciones con la de Moody’s que en diciembre de 2012 colocó al borde de la chatarra $38 billones en bonos del ELA.

Para quien halla seguido los informes y decisiones de Moody’s de los últimos años esto era algo esperado. Desde 1918 Moody’s ha utilizado una escala de clasificación de riesgo para los bonos municipales (Munis) distinta a la deuda corporativa. En abril de 2010 la agencia informó que estaría colocando los bonos municipales en la misma escala global que la deuda corporativa. La decisión afectó la clasificación de nivel de venta de unos 70,000 bonos emitidos por unos 18,000 emisores (Bond Buyer 2010). Moody’s señalaba entonces que las clasificaciones para las emisiones de deuda pública municipal aumentarían entre uno y tres niveles en la escala de riesgo (Moody’s 2010). Las obligaciones generales (Bonos) del ELA, que desde 2006 ostentaban la clasificación Baa3 -la última antes del nivel no apto para inversión o chatarra- fueron reclasificadas a A3 con perspectiva estable en abril 2010. Esta acción fue públicamente interpretada por la administración Fortuño como señal de que la casa estaba en orden, las finanzas del ELA se enderezaban como resultado de la medicina amarga de la ley 7 y otras medidas. Poco o nada se habló de que fue la Gran Recalibración de Moody’s elevó la clasificación de los bonos de 34 estados y Puerto Rico.

La pretendida mejoría y estabilidad financiera del ELA duró poco. En agosto de 2010 la perspectiva de los bonos del ELA fue cambiada a negativa y en mayo de 2011 a negativa con vigilancia crediticia. La representación pública de la administración Fortuño escondió sistemáticamente esta información llegando al extremo de hacer el ridículo. A finales de julio de 2011 se llevó a cabo la reunión anual de la Asociación de Vicegobernadores de los Estados Unidos en un hotel de Isla Verde. El entonces Secretario de Estado, Kenneth McClintock, y el gobernador Luis Fortuño, respondiendo a las interrogantes del Vice-gobernador de Maryland, Anthony Brown, acerca de los efectos de las cesantías y la los recortes de gastos de la ley 7, aprovecharon para exaltar las bondades perversas del Plan Fortuño. Para el secretario de estado la gestión de Fortuño había convertido a Puerto Rico “En el milagro del Caribe”. Según Fortuño “Hemos cambiado el curso de la economía puertorriqueña, encaminándola al futuro y a una nueva era de crecimiento y prosperidad”…“Lo que muchos de nosotros estamos haciendo a nivel estatal puede ayudar a mostrarle a Washington el camino, y lo que es necesario hacer a nivel federal…” (Daniel Rivera Vargas 2011) No habían transcurrido más de tres semanas cuando Moody’s, en agosto de 2011, reclasificó a la baja, de A3 a Baa1 los bonos del ELA, por la precaria situación de los sistemas de retiro. Esto, a pesar de las leyes 114 y 115 de 2011 que pretendían fortalecer estos sistemas.

En una poca difundida nota de Moody’s Analitic (9/2011), esta colocaba a PR en posición 53, de un total de 54 jurisdicciones de los Estados Unidos, en creación de empleos para 2010-2012 y en lugar 53 también en creación de empleos para el período 2010-2015. Al ritmo proyectado se alcanzaría el nivel de empleo total de 1996 finalizando el 2014. En noviembre 2011 Moody’s degradó la clasificación crediticia de la UPR, por problemas de liquidez, su estrecha relación con el maltrecho fondo general y el déficit del Hospital de Carolina. El 28 de marzo de 2012 Moody’s degradó varias series de emisiones de bonos de la AEE (De A3 a Baa1).

El 10 de abril de 2012 Moody’s avisó su intención de revisar a la baja la clasificación del crédito de tres bancos en PR (Santander, BBVA y BPPR) de acuerdo al BFSR (Banking Financial Strengh Rating). Para Moody’s, la economía de PR continuaba en una profunda y prolongada recesión, resultando en un difícil ambiente operacional. Aunque algunos signos de recuperación asoman, la perspectiva de recuperación sostenible es limitada por la pobre situación de las finanzas públicas debido a la severa condición deficitaria de los sistemas de retiro y la creciente carga del endeudamiento. Intentos por resolver esta situación incrementarán las tensiones en la debilitada economía. Moody’s añadía que, el debilitado entorno económico, con alto desempleo y valores de propiedades inmuebles deprimidos, amenazaba la calidad de los activos de la banca. Ciertas acciones de Banco Santander, Banco Popular y Bilbao Vizcaya fueron degradas el 20 de diciembre de 2012 por la agencia.

El 17 de abril de 2012 Moody’s anunciaba que colocaba unos $6,800 millones de deuda antigua y $9,200 millones de deuda subordinada de COFINA (El total de lo emitido, unos $16,000 millones) para revisión a la baja de hasta dos peldaños, como resultado de la nueva metodología para evaluar riesgo adoptada por la agencia. En tres meses se pronunciarán al respecto. Para entonces, el 28% de la deuda de COFINA se había emitido entre julio de 2007 y junio de 2008. El resto a partir de junio de 2009. La acción por venire podía anticiparse desde 2010, cuando Horacio Aldrete de S & P, señalaba: “It is our understanding and it is our view that [COFINA] is a tool to be used on a temporary basis in order for them to go through the process of re-balancing their budgets,” “It’s definitely, in our view, not a tool that can be used -at least not to a great extent- over a long period of time to fund ongoing recurring deficits.” Finalmente, el 18 de Julio de 2012 Moody’s efectuó la degradación de la clasificación de los $16,000 millones en bonos de COFINA.

Cuando el 13 de diciembre de 2012 Moody’s bajó la clasificación de $38,000 millones en bonos del ELA, adujo razones que no eran para nada nuevas:

1. Débil perspectiva de crecimiento económico luego de seis años de recesión. La posibilidad de crecimiento podía ser menor aun por los esfuerzos a realizarse para controlar el gasto [Público] y la reforma de los sistemas de retiro, ambas necesarias para enderezar las finanzas públicas. La ausencia de propulsores significativos del crecimiento económico y la pérdida de población reducían la posibilidad del crecimiento económico.

2. Niveles de endeudamiento publico muy altos y en aumento

3. Débil desempeño financiero, incluyendo pobre crecimiento en los recaudos, elevados déficit estructurales del presupuesto que ha llevado a la dependencia en el financiamiento deficitario y restructuración de la deuda para financiar operaciones

4. Ausencia de elementos significativos de reforma de los sistemas de retiro sin un claro panorama de cuando sucederá. La reforma de los sistemas de retiro, severamente deficitarios, es necesaria para evitar el agotamiento de los activos de los sistemas.

En casi todas las notificaciones emitidas por Moody’s se advierte sobre el delicado estado de los sistemas de retiro del sector público, el alto nivel de endeudamiento público, el elevado y persistente déficit del presupuesto y el precario estado de la economía, que no daba signos de crecer y finalmente salir de la prolongada recesión en que ha estado sumida desde 2006.

El gobierno actual no estaba ajeno a este cuadro y sabía exactamente que, contrario a lo proclamado por la pasada administración, la casa no estaba en orden. De hecho, Moody’s le dio el beneficio al nuevo gobierno de efectuar la degradación estando aun en el poder el gobierno anterior. A pesar de las múltiples advertencias, la nueva administración llegó con las manos vacías en lo que respecta a la política económica a seguir para corregir la grave situación de las finanzas públicas y el estancamiento económico de largo plazo.

Enfrentado con la inminente degradación a nivel de chatarra del crédito del ELA, y el de las corporaciones públicas que dependen del Fondo General, el gobierno de turno ha continuado con los lineamientos principales del Plan Fortuño, profundizando el ajuste estructural que este representó: Cuadre de las finanzas públicas de naturaleza recesionario por la reducción del gasto público y mayores contribuciones, acompañado de privatizaciones y desreglamentación de la economía. La APP del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, la propuesta medicina amarga para los presentes y futuros pensionados del sector público, mayor fiscalización del cobro y envío del IVU a Hacienda por los pequeños y medianos negocios principalmente y ahora proponen la investigación de miles de asalariados que alegadamente no declaran la totalidad del ingreso devengado. Todo esto es más medicina amarga y refleja las serias limitaciones institucionales del actual gobierno a la hora de trascender el legado del Plan Fortuño.

En una economía donde la tasa de evasión contributiva alcanza el 30% (M. Puig, 2009), en la que abundan las leyes de exenciones contributivas, con más de setenta de ellas, muchas aprobadas en plena crisis fiscal y que le cuestan sobre $1,000 millones anuales al erario, es difícil entender la escasez de buenas y justas ideas para enfrentar la crisis por parte de esta administración.

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