Estado y ciudadanía en el Perú. Sinesio López (Lectura)

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Estado y ciudadanía en el Perú

Sinesio López Jiménez^[1]

El presente artículo analiza cuatro dimensiones de la relación entre el Estado y la ciudadanía en el Perú. La primera parte examina las formas de Estado en el Perú y las maneras a través de las cuales esas formas se relacionan con la ciudadanía, limitando o  impulsando  derechos,  responsabilidades  y  garantías.  El  análisis  parte  de  la  república liberal epidérmica del siglo XIX, en la que el Estado no tiene un cuerpo establecido pero se legitima a través de elecciones relativamente amplias, abiertas y poco institucionalizadas en una sociedad multicultural no reconocida y estructurada bajo relaciones de esclavitud (primera mitad del siglo XIX), de servidumbre y de clientelaje  y culmina en el actual Estado neoliberal que integra cultural y políticamente a los ciudadanos, pero los excluye económica y socialmente pasando por el Estado oligárquico, cuya exclusión total y cerrazón tanto a las libertades como a la participación política fue cediendo y abriéndose gracias a las presiones políticas de los partidos políticos mesocráticos y populares en medio de un proceso cíclico de  democracias  y  dictaduras;  y  por  el  Estado  populista  (velasquista),  que  fortaleció  sus funciones e instituciones y constituyó un corporativismo inclusivo y que, pese a su carácter dictatorial, amplió los derechos civiles y sociales a través de reformas estructurales e impulsó una política de reconocimiento de la ciudadanía multicultural.

La segunda parte analiza las políticas del Estado frente a las sociedad multicultural y las modalidades a través de las cuales esas políticas han ido obstaculizando o construyendo una  ciudadanía  multicultural.  En  una  primera  etapa  (1895-1945),  el  Estado  impuso una  homogeneización  forzada  a  través  de  la  educación  que  fue  al  mismo  tiempo  una castellanización.  En  una  segunda  etapa  los  gobiernos  reformistas  y  los  intelectuales indigenistas  (1945-1968)  impulsaron  una  homogeneización  amable  cuya  finalidad  era  la castellanización  indígena  reconociendo,  sin  embargo,  la  multiculturalidad  como  método pedagógico.  En  una  tercera  etapa  (1968  en  adelante),  el  Estado  desarrolló  una  política de  reconocimiento  de  la  ciudadanía  multicultural  en  sus  dos  variantes:  la  ciudadanía multiétnica y la ciudadanía diferenciada o multinacional.

La tercera parte estudia tanto el nivel efectivo de ciudadanía        alcanzado, independientemente  de  la  ciudadanía  normativa  reconocida  por  el  Estado,  como  las brechas  ciudadanas.  El  43%  de  los  peruanos  y  peruanas  son  ciudadanos  de  primera clase que gozan efectivamente de todos los derechos y garantías, el 25% son ciudadanos de segunda clase que acceden más a los derechos políticos que a los derechos civiles y sociales, y poco más de un 30% son ciudadanos de tercera que tienen derechos políticos pero carecen de acceso efectivo a derechos civiles y sociales. En esta parte se investigan también las brechas que presenta la ciudadanía en diversas dimensiones: social, regional, étnica, de género.

Finalmente, la cuarta parte investiga los tipos de relación que establecen los ciudadanos con el Estado a partir de dos encuestas nacionales (1997, 2004) sobre ciudadanía. Se establecen cuatro  tipos  de  ciudadanos  (comunitaristas  estatistas,  estatistas  liberales,  comunitaristas liberales y liberales) y se examina los modos de incidencia de estos tipos de ciudadanía en el nivel cognitivo, afectivo y evaluativo de derechos, obligaciones y garantías, así como las percepciones diferentes que ellos tienen de otras dimensiones de la ciudadanía: niveles de inclusión-exclusión, niveles de eficacia y representatividad del Estado y sus instituciones, niveles de vulnerabilidad social y tipos de democracia preferida. Más del 90% piensa, en las dos encuestas, que no existe igualdad ante la ley entre ricos y pobres, limeños y provincianos, hombres y mujeres y cerca del 40% cree que los derechos sociales (salud, educación, empleo) están poco o nada garantizados.

II. Formas de Estado y ciudadanía^[2]

1. República liberal epidérmica del siglo XIX.

Salvo el caso de México, todos los países latinoamericanos  que conquistaron  la independencia de   España   redactaron   constituciones   republicanas.   Reconocieron   derechos   naturales inalienables, establecieron la libertad  de prensa, adoptaron los juicios por jurados, protegieron estos derechos a través de la separación de poderes y atribuyeron más poder al Legislativo.^[3] ¿Qué entendían por república los primeros legisladores latinoamericanos? Ciertamente, la república que ellos proclamaron no era idéntica o siquiera parecida a la República clásica de Roma y de las ciudades-repúblicas italianas (de los siglos XII al XV) que eran comunidades políticas pequeñas homogéneas y unánimes (ciudades-Estado), defendían el bien común, cultivaban  la  virtud  cívica,  formaban  ciudadanos  activos  (y  armados),  propugnaban  la[pic 2] moderación y la austeridad e instituían gobiernos representativos (mixtos). Tampoco era idéntica a las variantes conocidas del republicanismo clásico.^[4]

La concepción republicana de América Latina no era la misma, pero se acercaba a la república redefinida  por  Montesquieu,  quien  asumió  una  perspectiva  pluralista  con  respecto  a  las formas de gobierno,^[5] y para quien la república (la virtud cívica) no era incompatible con el comercio.^[6]  Montesquieu se enfrentó, no a los gobernantes ineptos de las ciudades-Estado como Maquiavelo, sino a las monarquías absolutas que dominaban territorios extensos y sociedades complejas, densamente pobladas. Ese enfrentamiento dio origen a la oposición entre el republicanismo y el absolutismo monárquico. Los independentistas norteamericanos (1776),  por  el  contrario,  se  aproximaron  a  una  concepción  clásica  de  la  república.  La independencia norteamericana no dio origen a una democracia sino a varias repúblicas.^[7] Los federalistas de 1787, en cambio, hicieron suya la concepción republicana de Montesquieu.^[8] Esa propuesta compatibilizó  la  república (la virtud cívica y el bien común) con el liberalismo

(el interés individual y el pluralismo) y con la democracia (la participación extensa y masiva y la representación). El resultado de esa combinación produjo la república liberal.

Para los políticos y legisladores latinoamericanos de comienzos del siglo XIX, la república era, en cambio, una forma de gobierno contraria a la monarquía. Se aproximaron, de ese modo, a la idea republicana de Montesquieu. A diferencia de los federalistas, los legisladores de América Latina no se plantearon el debate con el republicanismo clásico sino que asumieron  el  republicanismo  liberal  entendido  en  su  sentido  formal.  Ellos  no  se sintieron herederos de Maquiavelo, sino de Montesquieu. Simón Bolívar y sobre todo el ideólogo peruano Manuel Lorenzo Vidaurre constituyen una excepción. Vidaurre conocía bien tanto los Discursos sobre la primera década de Tito Livio como El príncipe. Apelaba también a Rousseau y a otros autores, pero su referencia central es Montesquieu. Su lectura de Maquiavelo no es unívoca: Lo veía como republicano, pero también como consejero del  príncipe.  En  Cartas  americanas  expresó  también  su  preocupación  por  el  futuro expansionismo norteamericano. Asumió la definición de ley del autor de El Espíritu de las leyes: “La libertad solo consiste  - como decía Montesquieu- en la seguridad que se logra bajo el amparo de las leyes. Si la ley no es más fuerte que el ciudadano, no hay libertad”.^[9] A diferencia de Montesquieu, Vidaurre y la mayoría de ideólogos de la independencia de América Latina creían que la república no estaba en contradicción con la religión y con la Iglesia Católica.

El Perú no ha sido una tierra fértil en donde germinara y se desarrollara con amplitud el republicanismo,  inspirando  la  formación  una  cultura  republicana  (bien  común  y  virtud cívica) de ciudadanías activas y gobiernos representativos. Carmen Mc Evoy  ha contribuido, sin embargo, a poner de relieve la presencia del republicanismo en la historia política peruana del  siglo  XIX.  Sus  notables  investigaciones  y  publicaciones  sobre  las  ideas  y  proyectos políticos republicanos de ese siglo (La utopía republicana, Un proyecto nacional del siglo XIX, Forjando la nación) han sido corrientes de aire fresco en la asfixiante perspectiva economicista que  predominaba  hasta  hace  poco  en  la  historiografía  peruana.  Esas  investigaciones han puesto en cuestión el predominio de las ideas republicanas y liberales en el proceso independentista y en la historia política del siglo XIX.^[10]

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