Perú Y Su Reforma De Estado

Perú y su reforma del Estado

Por: Raúl Bravo Sender.

El Estado es: el Gobierno con sus Ministerios, el parlamento, el Poder Judicial, los Organismos Autónomos Constitucionales, los Gobiernos Regionales y, los Gobiernos Locales.

En ese sentido, cuando abordamos el tema de la Reforma del Estado, nos referimos a, cómo queremos la composición del Parlamento y su actividad legislativa, del Sistema de Administración de Justicia y descentralización.

El punto en discusión es si es que el Estado es eficiente con lo que hace.

Ya que el Estado debe cumplir las funciones básicas de todo Estado Moderno para garantizar: estabilidad jurídica (reglas de juego claras) y, seguridad jurídica (sentencias firmes en el marco de uniformidad de criterio de los juzgadores para sentar precedente y jurisprudencia).

El Estado debe cumplir con sus funciones básicas y esenciales que aseguren: vida, libertad, propiedad (bienes) e igualdad ante la ley. Pero la función irrefutable de todo Estado Moderno es la de brindar Seguridad.

1. Reforma del Estado: Rol del Estado en la Economía y Reforma Tributaria.

El objetivo de llevar adelante, de la mano de la Reforma del Estado, una Reforma Tributaria es que, de una vez por todas exista estabilidad en el manejo de los recursos del Estado y que exista transparencia y equilibrio en cada ejercicio fiscal.

Como la generación de trabajo va a recaer en el sector privado, el Estado debe dedicarse a cumplir su rol promotor, el cual está orientado a crear las condiciones para que el sector privado pueda invertir, administrando justicia confiable y velando por la seguridad.

Éste es un problema de estructuras económicas que compromete a todos los peruanos, a todos los sectores de la administración pública y todos, porque formamos parte del sector privado, ya que bien intervenimos en la producción de bienes o, bien brindamos algunos servicios.

Lo que debemos aspirar es a que los tributos vayan reduciendo sus tasas y se vayan eliminando los que son antitécnicos y demagogos.

Muchos dicen que el sector informal de nuestro país es el sector más liberalizado porque no paga impuestos, funciona por la oferta y la demanda, está innovando constantemente, los precios los regula el mercado, etc.

Pero esta economía informal, está siendo movida por una nueva clase de empresarios, los que quieren crecer, pero la ley no se los permite, por lo que prefieren estar en el lado oscuro de la economía. Estos pequeños empresarios al no estar formalizados, al no contar con las herramientas legales para competir, no pueden gozar de las ventajas que implican estar en la economía formal, la que da seguridad. Como bien dice Ana Lucía Camaiora, “la mejor manera de proveer un empleo o un ingreso decente a los pobres es incorporándolos a la economía legal del país; pero una economía legal que provea más beneficios que costos”.

La ley en el Perú ha resultado ser una fuerza opresora a la iniciativa privada, ha demostrado ser ineficaz porque ha producido eso, que la mayoría de peruanos prefiera estar en la informalidad; no bastan las solemnidades ni que sean válidas las leyes, éstas deben ser eficaces.

Toda la historia de nuestro país está marcada por innumerables huelgas de los trabajadores del sector público, reclamando y exigiendo aumentos de beneficios laborales, nombramiento y es que ese es el proyecto de vida que la mayoría de los peruanos se trazan, tener un título profesional y ocupar una plaza en el sector público, haciendo del pueblo o del país ciudadanos nada emprendedores y conformistas.

2. Reforma del Sistema de Administración de Justicia

Pero de nada valdrán estas reformas si es que no les damos confianza a los inversionistas con la justicia o leyes; en el Estado (sector público) siempre ha estado la función de administrar justicia, pero ¿es verdaderamente eficiente el Estado brindando este servicio?, algunos hablan de una “Privatización de la Justicia”, es decir, que el sector privado se haga cargo, con un cambio de orientación en las leyes hacia los mecanismos más eficientes y eficaces que los podríamos encontrar en el sector privado, en donde la competencia y la búsqueda de prestigio y reputación, equilibrarían la imagen y el valor de la justicia, administrado por los privados.

En ese sentido, el monopolio del Estado, el de administrar justicia, debe ser equilibrado con la participación de la actividad privada; tampoco se trata de trasladarlo al monopolio del sector privado; hay que buscar fórmulas abiertas, libres de condicionamientos ideológicos, que se adapten a nuestra realidad.

Debemos apuntar a hacer de la Potestad Jurisdiccional del Estado, un sistema coordinado, integrado; el monopolio del Poder Judicial ya se terminó. Necesitamos un Sistema Judicial confiable, en el que la Justicia sea algo que se pueda predecir, para alcanzar seguridad jurídica; esto es lo que piden las empresas: seguridad jurídica y que sus inversiones estarán seguras, ya que los fallos se adecuarán a la uniformidad de criterio y se restringirán al imperio de la ley, aunque muchas veces ésta es injusta, porque puede ser con nombre propio, favorecer a pequeños grupos de interés, por eso la ley debe ser lo más general, ésta es tarea del Parlamento compartida con el Gobierno, la de dar leyes justas, generales, para todos, sin exclusiones, además de brindar estabilidad jurídica, cuando no cambian las leyes a cada rato y, estabilidad política, aunque ésta última depende de los compromisos políticos.

Un horizonte confiable, predecible, que permita al empresario invertir, para generar puestos productivos de trabajo y crear así, riqueza, único camino para llegar al desarrollo sostenido; la riqueza

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