HACIA UN SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL FUNDADO EN DERECHOS.
Enviado por rominina • 4 de Octubre de 2012 • 2.122 Palabras (9 Páginas) • 761 Visitas
M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n • C h i l e • J u l i o 2 0 0 6 • N º 1
A P U N T E S D E PROTECCION SOCIAL
HACIA UN SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL FUNDADO EN DERECHOS.
En el transcurso de los gobiernos de la Concertación hemos transitado desde el dominio de las políticas asistenciales a la construcción de las bases de una red de protección social fundada en derechos garantizados.
Ello ha sido posible gracias a una consistente reducción de la pobreza, a la ampliación de accesos a las más importantes prestaciones sociales, al destacado impacto distributivo del gasto social y a las enmiendas legales para combatir la discriminación de diversos grupos de la sociedad, por su condición étnica o de género, su origen social y territorial, consideraciones etáreas o de orientación sexual.
Sin embargo, este proceso se ha producido con desigualdades derivadas de una inequitativa distribución del ingreso que, si bien ha estado históricamente presente en la sociedad chilena, se hace más intolerable actualmente ante la vivencia de una inclusión desigual, que no se explica en función de los méritos, sino del origen socioeconómico o cultural y de la falta de oportunidades.
Esa percepción deviene en frustración y en sentimientos de miedo frente a las inseguridades y desprotecciones de una sociedad abierta a la competencia de mercados globalizados.
La necesidad de un sistema de protección social no sólo emana de esas inseguridades, sino también de los cambios acelerados vividos por nuestra sociedad, que generan vulnerabilidades asociadas a nuevos riesgos, tales como el surgimiento de una pobreza “moderna” y su alta rotación, la existencia de empleos precarios e inestables, la creciente participación laboral de las mujeres, que dificulta compatibilizar los roles domésticos y la vida familiar especialmente al cuidado de los niños y adultos mayores.
También son vulnerables los diversos tipos de familias para las que no existen respuestas adecuadas, el envejecimiento de la población y la situación de los inmigrantes que aumentan progresivamente.
Estas vulnerabilidades trascienden a la población en condiciones de pobreza y amenazan a determinados segmentos no pobres, específicamente, a la población infantil; a personas con discapacidad; adultos mayores, especialmente solos; madres adolescentes y mujeres jefas de hogar; comunidades y personas indígenas; y, también, a los inmigrantes.
M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n • C h i l e • J u l i o 2 0 0 6 • N º 1
A P U N T E S D E PROTECCION SOCIAL
El proceso de democratización y los avances sociales que le han acompañado, han contribuido a la conformación de una ciudadanía que, con mayores derechos y cada vez más conciente de ellos, reclama su ejercicio y los hace exigibles.
El paso desde una política restringida a la satisfacción de necesidades básicas, hacia una política social fundada en el criterio de derechos ciudadanos es el más importante avance de estos años.
Qué es la protección social
A las acciones deliberadas de defensa ante los riesgos que impiden o limitan el despliegue de los derechos se las define, clásicamente, como políticas de protección social. Éstas han dado lugar a distintos sistemas, organizados según principios y reglas pactadas por cada sociedad.
Frente a las inseguridades que acompañan la vida en sociedad, poniendo en riesgo los derechos de las personas, se erigen sistemas de protección social que varían de acuerdo a los arreglos políticos que acuerdan las sociedades.
Identificar cuáles son estos riesgos y precisar su grado previsible de ocurrencia permite reconocer las vulnerabilidades que existen y detectar a los sectores sociales que las experimentan.
Instalar un Sistema de Protección Social es, por sobre un arreglo institucional, un acuerdo político al que concurre la sociedad para establecer las bases sobre las cuales quiere construir y regular su convivencia: determina qué derechos son para todos, cómo se garantizan y cómo se viabilizan.
Ello supone instituciones, instrumentos, programas y recursos, pero también requiere delimitar las atribuciones y responsabilidades del estado, del mercado, de las personas y de las familias.
Por lo tanto, tal Sistema de Protección Social constituye un dispositivo de políticas y acciones que acompañen el ciclo vital de las personas. El destinatario debe ser la familia en toda su diversidad, entendida como sujeto de riesgo al que se orienta la protección social. Al concebirse como un derecho exigible, la protección social debe fundarse en una concepción ciudadana y organizarse no sólo en torno al trabajo -para activarse en su ausencia-, sino también en torno a otros riesgos sociales permanentes que están fuera del ámbito laboral. Poner en marcha este sistema requiere precisar las fuentes de su financiamiento, delimitar qué políticas serán de asistencia directa -transferencias monetarias o de bienes- y cuáles de inversión social; supone definir políticas de carácter universal y otras de naturaleza selectiva; e implica, finalmente, diferenciar las prestaciones de carácter nacional de aquellas que se circunscribirán al ámbito local.
Cobertura del Sistema de Protección Social
Si bien existe una red social destinada a la pobreza y durante los últimos años se han estado construyendo las bases para un sistema de protección social a través del Chile Solidario, éste ha estado focalizado en la extrema pobreza. Persistir en políticas de protección social sólo hacia los más pobres puede convertirse en una opción regresiva, si consideramos la amplitud de sectores no pobres vulnerables que, sin soporte ante los riesgos, enfrentan la incertidumbre e inestabilidad laboral, los bajos ingresos, o ambos.
Al respecto, los datos sobre el impacto distributivo del gasto social son ejemplificadores, pues muestran la gran eficacia distributiva del Estado en el segmento de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad. Sin embargo,
el impacto del gasto social es considerablemente menor en sectores no pobres de bajos ingresos y con vulnerabilidades, especialmente entre el cuarto y el séptimo decil, siendo que el 70% de las familias tiene un ingreso inferior al promedio nacional.
En suma, dos terceras partes de las familias chilenas perciben ingresos inferiores al ingreso promedio nacional y menos de la mitad de éstas se benefician con transferencias significativas.
Es esta realidad
...