Historia Del Conflicto En Colombia

El conflicto durante el Frente Nacional

Pronto el descontento de los campesinos que habían visto defraudadas sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1958, fue asumido en parte por los denominados “Bandoleros” y del otro por los proyectos políticos revolucionarios emergentes. En efecto, la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el campo o por la reparación a las millones de víctimas despojadas, lo que generaría un profundo descontento dentro de la población campesina que halló en las medidas de hecho su forma de expresión. Igualmente el reparto a dedo de los puestos burocráticos entre los 2 partidos tradicionales y la cerrazón a nuevas alternativas y propuestas que no fueran del Oficialismo, se convirtieron en el caldo de cultivo de nuevos conflictos. Los temores propios de la guerra fría, y la idea de que la revolución cubana se acabaría extendiendo por todo el continente, hicieron el resto.

Gobierno de López Michelsen

Oficialmente era el final del llamado frente Nacional, pacto político de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador para repartirse el poder y poner fin a la violencia política de los años cincuenta; pacto que le había cerrado el espacio político a terceras fuerzas, como la ANAPO, permitiendo a las guerrillas justificar su existencia. No obstante en la práctica la paridad en los puestos públicos se mantendría hasta el final del Gobierno Betancur.

Con los propósitos iníciales de la concertación y de la institucionalización de la democracia, bajo el lema del “nuevo trato”, López intento realizar una mayor apertura, por un lado hacia el movimiento sindical, y por el otro incluso se propuso negociar con el ELN, que se creía se hallaba al borde de la extinción tras los duros golpes encajados entre 1973 y 1974. Pero la oposición de los militares que creían poder rematar de una sola vez el problema por la vía armada, hizo fracasar las negociaciones. Otro propuesta semejante salida del seno de las propias FARC, se abortó por la misma causa.

En consecuencia, las guerrillas se negaron a rendirse o a desaparecer y continuaron alzadas en armas. Lo que queda del ELN se reorganiza bajo el mando de Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino” en el sur de Bolívar y el 8 de septiembre de 1975, protagonizan un atentado que mata al Inspector General de las FF.AA. general Ramón Arturo Rincón Quiñónez.

En ese momento precisamente, pese a las promesas de convertir a Colombia en el Japón de Latinoamérica, y a la misma bonanza económica que vivía el país (gracias a los altos precios del café, y ya a los raudales de dinero que entraba con el tráfico de cocaína), las clases medias y bajas vieron defraudadas sus esperanzas en el Gobierno López: un creciente deterioro del poder adquisitivo afecto a los trabajadores, la inflación se salió de cause, y una fuerte recesión afecto los sectores no cafeteros de la economía desde 1975 hasta 1977. Como respuesta a esta difícil situación, a partir de 1975, se dio un aumento inusitado en los conflictos laborales. José Raquel mercado, dirigente de la unión sindical CTC, fue secuestrado y muerto por la guerrilla del M-19, acusado de “traicionar las clases populares” en abril de 1976. La CSTC más radical y con una mayor influencia comunista en sus filas se fortaleció. Se declaró entonces la emergencia económica y se aumentaron las facultades de los militares con Abraham Varón Valencia a la cabeza del Ministerio de defensa.

Gobierno de Turbay

Para las elecciones presidenciales de 1978, en medio de una abstención electoral bastante alta (solo vota el 45% de la población con capacidad para hacerlo), sale elegido Julio Cesar Turbay Quintero. En base a los rumores alarmantes que le llegaban sobre el crecimiento de las guerrillas y en respuesta a una carta de la oficialidad del Ejército firmada el 17 de diciembre de 1977, en la que reclamaban mayores poderes, Turbay expidió amparado en el Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978 el polémico Estatuto de seguridad. Se limitaron las libertades de expresión y movilización, se amplió el marco del código penal militar sobre los civiles y se consagró la violación del Habeas Corpus. Cuando días después, fue asesinado por el ADO, el ex ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, fue desempolvado el artículo 28 de la constitución de 1886, que permitía la detención hasta por 10 días de personas sospechosas de alterar el orden público.

Se vino una ofensiva durísima contra los sindicatos, continuando el esfuerzo iniciado por López. Las centrales obreras fueron cooptadas, sus líderes represaliados y el movimiento quedó decisivamente debilitado. Además tales recursos jurídicos, facilitaron los excesos de la fuerza pública, al permitirles realizar detenciones arbitrarias y prolongadas, interrogatorios con torturas y procesos militares sin garantías de defensa.

Reorganización de las guerrillas

Luego de que las FARC celebraran sus dos primeras conferencias guerrilleras entre 1964 y 1966, otras cuatro más se realizaron hasta 1978. En ellas se prefiguró el encuadramiento de los insurgentes en frentes, columnas y compañías móviles, se creó el estado mayor y el secretariado, y además se dictaron normas de carácter financiero. Pero sería con la sexta conferencia realizada en enero de 1978, que se inicia realmente el proceso acelerado de crecimiento y expansión de las Farc, con el desdoblamiento de sus frentes que pasan de 6 en ese año a 27 en 1982.

No obstante, fue la séptima conferencia de mayo de 1982, la que marcó una ruptura. Realizada en el Guayabero (Meta) concluyó con la integración de un ejército revolucionario, lo que quedó consagrado agregando la sigla EP (Ejército del Pueblo) al nombre de las FARC, desde entonces FARC-EP. Además se adoptó un plan militar inmediato, situando el eje del despliegue estratégico en la Cordillera oriental tomando a Bogotá como su centro, mientras se disponía la creación de una cadena de 12 frentes que irían desde La Uribe hasta la frontera de Venezuela y que permitiría aislar el sur-oriente del resto del país. Se ordenó también, duplicar el número de estructuras de 27 a 48, ocupando con ellas las regiones donde la implantación de la organización era débil, y tomar una actitud más ofensiva. Ya no se trataría de emboscar al enemigo sino de buscarlo, coparlo y destruirlo. Multiplicar los ataques, desgastar y desmoralizar a las fuerzas estatales obligándolas a movilizarse constantemente. Paralizar la vida económica a base de sabotajes a la infraestructura nacional. Dar por tierra con el régimen, erosionando sus bases en 8 años. Aparte de estas decisiones militares, se tomaron disposiciones en el marco financiero, asignando cuotas de dinero a cada frente. Cuotas que deberían recaudar de los grandes capitalistas y empresarios del país, pero también entre los grandes barones de la droga, dando instrucciones en todo caso de que no apareciera el nombre de la organización involucrado. Los cinco años que siguieron serían de una vertiginosa expansión de las FARC-EP por amplios espacios del país. El crecimiento de frentes fue significativo en el Meta, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia (nordeste, Bajo Cauca, Urabá), Choco, Valle, Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ello le permitió al secretariado unir sus cuarteles del sur-oriente a una salida al mar por Urabá.

Mientras tanto, el ELN afectado por una importante ofensiva militar en 1973 y reorganizado en la frontera con Venezuela, celebró en 1983 la llamada Reunión de Héroes y Mártires de Anori. Se eligió una junta directiva de 9 miembros y se nombró jefe político al sacerdote español Manuel Pérez, consolidando la estructura central del grupo. Privilegiando la extorsión, las vacunas y los robos sobre los sectores energéticos, mineros y agropecuarios de la economía, la fuerza insurgente obtuvo cuantiosos recursos financieros que le permitieron pasar de 100 hombres y 3 frentes en 1983 a 14 frentes y 1000 miembros en 1986. Ese mismo año en una nueva asamblea nacional, se conformó el comando central COCE de 5 miembros y se dispuso la creación de los “frentes de guerra”, que deberían agrupar a un conjunto de frentes de una misma región, dando a la organización una estructura federal. Se constituyeron 4 de estos frentes de guerra: el nor-oriental, norte, nor-occidental y sur-occidental, prefigurándose un quinto en el centro del país.

El EPL, por su parte se rehízo bajo la férula de los hermanos Calvo. En abril de 1980, el IX congreso del partido Marxista-leninista rompió con las tesis maoístas, puso énfasis en el trabajo político de masas y abrió paso a la conformación de importantes núcleos de milicias urbanas (Bogotá, Cali y Cartagena), combinando este proceso de desarrollo con la utilización de instrumentos legales de lucha democrática. Desde el Noroccidente pronto sus frentes se extenderían hacia el interior de Antioquia, el Eje cafetero y los Santanderes.

La administración Betancur (1982-1986)

El proceso de paz

El gobierno del “Movimiento nacional”, marco un nuevo inicio en la política estatal para el manejo del conflicto armado, al reconocer el carácter político del fenómeno guerrillero. Es así como se abrieron conversaciones con los grupos de “oposición armada”, dejando atrás las soluciones militares. El 18 de noviembre de 1982, el congreso aprobó la ley de amnistía, la ley 35, proyecto de Gerardo Molina. Pese al secuestro y asesinato por el ORP, un oscuro grupo guerrillero, de Gloria Lara de Echeverri (ex directora de las juntas de acción comunal) en noviembre de 1982, y de la

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