Institucionalidad factor de desarrollo y la crisis social permanente latente en los últimos 70 años en el Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

[pic 1]

ENSAYO

INSTITUCIONALIDAD FACTOR DE DESARROLLO Y LA CRISIS SOCIAL

PERMANENTE LATENTE EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS EN EL PERÚ

AUTOR:

JOHAN EDGAR CHOQUE LUJÁN

CURSO:

DESARROLLO ECONÓMICO

TEACHER:

ECON.MG. JUAN SEGUNDO RÍOS PÉREZ

Morales - Perú

 2025

INSTITUCIONALIDAD FACTOR DE DESARROLLO Y LA CRISIS SOCIAL

PERMANENTE LATENTE EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS EN EL PERÚ

Objetivo del Ensayo

Este ensayo tiene como propósito central analizar el vínculo profundo entre la debilidad institucional en el Perú y la persistencia de una crisis social estructural que ha atravesado las últimas siete décadas. A pesar de ciertos periodos de crecimiento económico, el Estado peruano ha mostrado ser incapaz de canalizar ese crecimiento en bienestar sostenible, justicia distributiva o gobernabilidad democrática.

La tesis que se sostiene es que la ausencia de una institucionalidad sólida y legítima no solo ha limitado las capacidades estatales para impulsar el desarrollo, sino que ha perpetuado la exclusión territorial, la desigualdad económica y la desafección ciudadana. Esta institucionalidad fallida no es accidental, sino producto de una trayectoria histórica de modelos de desarrollo importados, decisiones económicas verticales, reformas incompletas y concentración del poder político y fiscal en el centro del país.

Índice

• Institucionalidad y desarrollo: una relación desigual en el Perú
• Corrupción, desigualdad y centralismo: raíces de la crisis social permanente
• Descentralización fallida e institucionalidad regional ausente
• Hacia una institucionalidad democrática: desarrollo endógeno y justicia redistributiva

1. Institucionalidad y desarrollo: una relación desigual en el Perú

Según North (1993), “las instituciones son las reglas del juego de una sociedad” (p. 15), las cuales configuran incentivos y reducen la incertidumbre. En el Perú, sin embargo, las instituciones han estado capturadas por élites, mal diseñadas o simplemente debilitadas, generando un desarrollo desigual y altamente volátil.

El caso peruano muestra cómo el crecimiento económico notablemente entre 2003 y 2013 no logró traducirse en desarrollo sostenible. Araníbar (2012) señala que las brechas sociales y territoriales persistieron, evidenciando que sin una institucionalidad que redistribuya, regule y represente, el crecimiento beneficia a pocos y excluye a muchos.

Desde una visión del Estado del Bienestar, Esping-Andersen (1990) permite entender cómo distintos modelos institucionales producen diferentes resultados sociales. El Perú ha operado bajo un esquema liberal asistencialista, con baja desmercantilización y alta estratificación, lo que refuerza la desigualdad (pp. 35–37).

2. Corrupción, desigualdad y centralismo: raíces de la crisis social permanente

La corrupción estructural y la concentración del poder son dos pilares de la debilidad institucional en el Perú. Lefeber (1991) advertía que cuando el mercado opera sin contrapesos institucionales sólidos, se produce captura del Estado (p. 128). En Perú, todos los presidentes desde 1990 han estado involucrados en escándalos de corrupción, lo que destruye la confianza ciudadana y debilita la legitimidad democrática.

Ríos Pérez (2011) plantea que el Perú convive con tres economías superpuestas: una informal, una indígena y otra capitalista subordinada. Esta triple fragmentación se traduce en una estructura económica desigual y desconectada de una institucionalidad integradora.

Además, el centralismo fiscal impide que las regiones ejerzan autonomía real. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sigue controlando más del 80 % de los recursos públicos, mientras las regiones enfrentan trabas burocráticas y dependencia financiera. Esto agrava la conflictividad social, alimentando un sentimiento de abandono y exclusión.

3. Descentralización fallida e institucionalidad regional ausente

El proceso de descentralización iniciado en los años 80 fue impulsado sin dotar a las regiones de recursos técnicos, planificación ni autonomía reales. Como denuncia Sagasti (2002), las reformas se centraron en lo macroeconómico, ignorando la gobernabilidad local.

Los gobiernos regionales no cuentan con personal calificado ni mecanismos eficientes para planificar su desarrollo. Además, la falta de articulación entre los niveles de gobierno ha generado superposición de funciones, desconfianza entre autoridades y nula rendición de cuentas.

La CEPAL (2000) ha destacado que el desarrollo debe ser contextualizado y equitativo, tomando en cuenta la heterogeneidad estructural. Sin embargo, el modelo peruano impone esquemas técnicos sin legitimidad social, reproduciendo relaciones de exclusión y desigualdad.

4. Hacia una institucionalidad democrática: desarrollo endógeno y justicia redistributiva

Frente a este escenario, se propone construir una institucionalidad democrática y legítima. Portes (2006) sostiene que las instituciones exitosas deben estar enraizadas en valores, normas y estructuras de poder propias del contexto. De lo contrario, no generan confianza ni eficacia (pp. 20–22).

Un modelo de desarrollo endógeno debe priorizar la participación ciudadana, el reconocimiento de la diversidad cultural y la equidad territorial. Esto implica reformas estructurales como:

- Una reforma fiscal progresiva que aumente la inversión pública en regiones excluidas.

- Profesionalización del servicio público, con meritocracia y transparencia.

- Rediseño del contrato social peruano, donde el Estado sea percibido como garante de derechos y no como ente lejano o represivo.

Incluso las críticas de Friedman y Friedman (1990) al Estado del Bienestar son útiles si se reinterpretan. Aunque defienden el mercado, también reconocen que el paternalismo mal diseñado genera dependencia crónica (p. 104). En el Perú, ese tipo de asistencialismo ha reemplazado a la protección social universal. Reformular el rol del Estado no es eliminarlo, sino volverlo eficiente, democrático y justo.

...