Justicia Transicional y Memoria

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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

El 15 de diciembre de 2015 el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC alcanzaron un acuerdo sobre el punto 5 de la Agenda General de negociaciones, en torno a las víctimas y a la justicia transicional.  Dicho acuerdo, inicialmente consolidado como parte del Acuerdo de Cartagena del 26 de septiembre de 2016, seis días después, debió ser renegociado, como consecuencia del triunfo del No y quedó finalmente integrado al Acuerdo Final del Teatro Colón de Bogotá en noviembre. Lo pactado y que ha empezado a ser implementado legalmente por el Congreso de la República como cristalización del punto 5 implica la puesta en marcha y ejecución de un sistema  de dispositivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición orientado a satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, los cuales encarnan un difícil balance entre Paz y Justicia. A menos que el nuevo Gobierno, pero sobre todo la bancada del Centro Democrático en el Congreso modifiquen sustancialmente o destruyan la institucionalidad transicional creada, Los mecanismos creados, la ley de Amnistía y demás tratamientos especiales, la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la Justicia Especial para la Paz, y la Unidad Administrativa para la Búsqueda de Personas tenidas por Desaparecidas, habrán de jugar un papel central en los procesos de construcción de Verdad y Memoria que están teniendo y van a tener lugar en desarrollo de la construcción de la paz.

De la misma manera que en su momento el Macro-proceso de Justicia y Paz que siguió a las negociaciones de Santafé de Ralito durante el doble Gobierno de Álvaro Uribe –y que aún no ha terminado su labor-, también la Jurisdicción de Paz, la ley de Amnistía y la Comisión de Esclarecimiento y el Tribunal para la Paz, recientemente creados, son dispositivos de representación y valoración de la atrocidad bélica y en general, de lo sucedido durante más de cincuenta años de guerra intestina. De la integración e independencia de la JEP y de las dos comisiones aludidas, y del modo y profundidad con que ejecuten su mandato de aporcionar responsabilidades entre todas las partes en la guerra, habrá de depender en buena medida la calidad del ritual de paso que hará la sociedad colombiana de la guerra a la paz y con ello, hacia una nueva memoria e identidad colectivas, transformadas. Y por supuesto, como la memoria es política y se conjuga en presente, van a ser un escenario privilegiado de las luchas sociales y partidistas por la memoria en el difícil escenario de la competencia por la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

Contra la pretensión de algunos en el sentido de que las decisiones judiciales sobre los grandes crímenes políticos y de masas (crímenes de sistema) den lugar a una única gran memoria oficial que sea, a su vez, el eje de articulación de una nueva identidad nacional, la experiencia histórica enseña que el de la memoria colectiva es un objeto de disputa y un campo de batalla en el cual ni siquiera las verdades judiciales, a pesar del rigor procedimental que suele acompañar su construcción así como del fuerte imprimatur estatal –o supra-estatal- que reciben, dan lugar a una verdad y a una memoria colectivas homogéneas y compartidas capaces de ritualizar de una vez por todas y para siempre la gran ruptura de una sociedad con su pasado criminal de guerra y de opresión.

Así las cosas, en el horizonte de reflexión sobre las relaciones entre Justicia y Memoria a que ha dado lugar la emergencia de una nueva conciencia humanitaria a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el propósito central de este curso es mostrar los grandes procesos de la justicia extraordinaria, en general, pero sobre todo los de la justicia transicional, como objeto privilegiado de las batallas por la memoria. Para ese efecto, en una intención no sistemática sino apenas ejemplificante, nos vamos a adentrar en el análisis de algunos de sus dispositivos judiciales y no-judiciales, pero sobre todo, –por su carácter altamente paradigmático para la justicia humanitaria del presente- en los grandes procesos penales sobre el Holocausto, para ponerlos en diálogo con la experiencia colombiana de las últimas décadas en esa materia.

En lo que atañe a la relevancia del tema de la justicia transicional y las luchas por la memoria para la Colombia de hoy baste llamar la atención sobre lo siguiente:

La ley de Justicia y Paz  (ley 975 de 2005) que sirvió de marco normativo al macro-proceso de Justicia y Paz, y el Marco para la Paz (artículos 66 y 67 transitorios de la Constitución) mediante el cual el Gobierno Santos quiso definir anticipadamente los lineamientos de la Justicia Transicional en el contexto de las negociaciones de paz con las FARC, de la misma manera que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz que se pactaron en La Habana y que acaban de ser puesto en marcha, encarnan distintos modelos de representación de la atrocidad bélica, con impactos potencialmente muy diferentes sobre los procesos de construcción de la verdad y la memoria de la guerra.  A partir del triunfo del NO, pero sobre todo después del triunfo del Centro Democrático en las Elecciones que condujeron a la Presidencia de Iván Duque, la institucionalidad transicional legada por el acuerdo, concebida como había sido para hacer justicia de aporcionamiento de responsabilidades entre todas las partes involucradas en la confrontación armada,  ha estado sometida a fuertes ataques. No es claro que sobreviva a los mismos. El hecho que las luchas por la memoria en Colombia estén pasando por un momento de recrudecimiento, señalizado por fuertes demandas de la Derecha en el sentido de que se reescriba la historia reciente y se reconfigure con ello la memoria nacional, amerita que durante el curso se haga un énfasis especial en lo que, en esa materia, está sucediendo en el país.

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