Justicia transicional en Colombia

JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA.

Antes de intentar desarrollar el tema, es importante, en primer lugar, intentar una aproximación de lo que se ha entendido por justicia transicional. Al respecto, el jurista Rodrigo Uprimmy ha dicho que la expresión ‘justicia transicional’ hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz^[1].

De entrada entonces, se evidencia como la situación actual del Estado colombiano se ajusta a una de las etapas de transformación que el citado autor refiere para hablar de justicia transicional, esto es, el desescalamiento progresivo del conflicto interno armado con miras a su finalización y la consecución de la paz.

De allí entonces, surge la importancia de intentar abordar el estudio de este tema, pues en razón de las violaciones masivas de los derechos humanos que se han presentado a lo largo del conflicto interno armado, el Estado colombiano ha reconocido oficialmente el derecho de las víctimas a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones.

Ahora bien, para comenzar a hablar de justicia transicional en Colombia es necesario realizar un recuento de los hitos o momentos de mayor relevancia histórica y jurídica que han incidido directamente en el proceso de su adopción e implementación.

Así, tenemos que en el año 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue aprobada la Ley 975 o “Ley de Justicia y Paz”, con la finalidad de facilitar la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. Debe recordarse, que entre los alcances que el legislador otorgó a dicha Ley, se encuentran la regulación de la investigación, el procesamiento y la sanción de las personas que deciden desmovilizarse, así como la extensión de beneficios judiciales bajo la condición de cumplir ciertas medidas, como la verdad, la reparación de las víctimas y una adecuada resocialización.^[2]

No obstante, para poner en marcha el mecanismo especial de justicia penal creado por la Ley 975, se crearon salas de Justicia y Paz en los Tribunales Superiores de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga, encargadas de juzgar a los desmovilizados que han sido postulados por el gobierno al proceso de Justicia y Paz, siguiendo los pasos establecidos en la Ley: versión libre, imputación de cargos, legalización de cargos, incidente de reparación y lectura de sentencia. Así mismo, se crearon áreas especializadas en otras instituciones como: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar e imputar cargos a los postulados; el área de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación, que representa a las víctimas indeterminadas y vela por el debido proceso en todas las etapas del proceso judicial; y el área de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, que dispone defensores públicos tanto para los postulados como para la representación judicial de los derechos e intereses de las víctimas.^[3]

consecuentemente, la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR-, conformada por representantes de entidades gubernamentales, órganos de control y representantes de la sociedad civil, significó la primera entidad encargada de construir el modelo de reparación de las víctimas e iniciar su implementación. La CNRR terminó sus funciones en diciembre de 2011, tras la aprobación de la "Ley de víctimas", que creó una nueva institucionalidad para la reparación de las víctimas y la construcción de la memoria histórica.

Finalmente, con el Grupo de Memoria Histórica creado en 2005 como un ente vinculado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el fin de elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identificara las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas memorias de la violencia, con una opción preferencial por las voces de las víctima, termina el primer periodo de implementación de la justicia transicional en Colombia.^[4]

De otra parte, con la entrada en vigencia del Decreto 1290, mecanismo para la indemnización de las víctimas, se establece la indemnización por vía administrativa para las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley. Esta medida, que fue puesta en marcha desde julio de 2009, entregó alrededor de 18 millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y la libertad sexual. En este decreto las víctimas de agentes del Estado fueron excluidas.^[5]

Con la Ley 1424, o Acuerdos de la Verdad, sancionada en diciembre de 2010, se establece un mecanismo no judicial de contribución a la verdad que concede beneficios jurídicos a miembros de los grupos organizados al margen de la ley por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos y transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Estos beneficios se conceden con la condición de suscribir un Acuerdo de contribución a la verdad con el Estado.^[6]

La Ley 1448 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras”, aprobada en junio de 2011, establece un conjunto de medidas para la reparación integral de las víctimas, que incluye la definición del universo de beneficiarios, medidas de asistencia, de compensación económica, de rehabilitación, de restitución de tierras y medidas de satisfacción, entre ellas la creación del Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas, que desde entonces se celebra el 9 de abril. Para desarrollarla, creó tres instituciones: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la "Unidad de Tierras" y el Centro Nacional de Memoria Histórica.^[7]

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