Justicia Transicional en Magallanes

Justicia Transicional en Zonas Extremas. Magallanes, una memoria no escrita.

Introducción

Hacer una breve referencia sobre la Zona Austral Patagónica de Chile, se puede indicar que: Magallanes, desde el mismo momento de configurarse como parte integrante del Estado, ha sido una zona militarizada con un alto contingente de efectivos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas producto de su alta valorización estratégica geográfica.

Llevado esta perspectiva al contexto histórico que nos involucra, es fácil imaginar las condiciones y operaciones logísticas que se gestaron a partir del Golpe Cívico Militar del día 11 de septiembre de 1973; y que en ningún caso, dado la lejanía de los hechos o circunstancias que provocaron el quiebre del Estado de Derecho a nivel central, les fueron ajenas a los magallánicos con una evidente y sistemática persecución a los adherentes del gobierno depuesto aplicándose en ellos las mas atroces violaciones a sus derechos humanos. Después de 17 años de feroz dictadura, nueve casos de ejecuciones y uno de desaparición forzada es el trágico resultado que hasta el momento, se encuentra establecido con convicción en los Informes de Verdad y Reconciliación.

Investigación

Iniciada el transito, post dictadura, cuyos primeros pasos fue el informe Rettig, y sin mayores derivaciones a nivel regional, ya se sospechaba entre los familiares la nula intensión de recurrir ante la justicia, originando la necesidad de iniciar investigaciones de carácter particular para la prosecución de estos delitos de lesa humanidad en la Región de Magallanes.

La mayoría de las presentaciones legales se inician en 1998, pero no es hasta el año 2003 que se realizan las primeras acciones investigativas reales en la región austral, con el mínimo soporte documental historiográfico o estadístico (informes de los años 1990-1994, Comisión Rettig (CNRR) y Comisión Superior Asesora respetivamente). Tener alguna referencia de material cuyo valor patrimonial era intangible y que a la vez estuviese a disposición en ese entonces era nulo, los testimonios vertidos en las mencionadas comisiones estaban en estricto resguardo, y dada la lejanía de la ciudad de Punta Arenas con el Centro de Operaciones de la Comisión residente en Santiago, era casi imposible tener acceso a los mismos.

Se debió partir de cero. Las primeras diligencias se establecen con los abogados de reconocida trayectoria para conducir una investigación seria y responsable sobre DD.HH. Entre ellos: Nelson Caucotto, Hugo Gutierrez, Hiram Villagra y Magdalena Garces de los cuales 3 serian quienes posteriormente asumirían la representación de las causas una vez concluidas las investigaciones en Magallanes. La obtención de material se establece por intermedio de entrevistas personales con todas las dificultades logísticas. Una disciplina de investigación era precaria e inexistente en ese entonces, ese era el nivel de cultura en esta materia en la zona austral.

Se logra materializar mas 90 entrevistas, entre victimas sobrevivientes, familiares de ejecutados y miembros del ejercito de diverso grado militar, incluido un ex segundo comandante de Regimiento.

Los datos recogidos eran relevantes, entre ellas el logro material de constancia que verifica después de originado el Golpe, que en Magallanes fue controlada en su totalidad bajo una orgánica que existió y que ejerció de forma exclusiva el control de la zona y que constituye un dato relevante y único en el marco de la historiografía de la represión: “la existencia de una Junta de Gobierno Provincial”, institución creada el mismo día 11 de forma paralela a la Junta Nacional.

Otros datos tan relevantes como que en la zona cumplieron servicio en época de dictadura: Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, Augusto Lutz,  Juan Emilio Cheyre, y otros como cómplices civiles entre los cuales se destaca Walter Rauff, Nazi pertenecientes a las denominadas S.S. alemanas, criminal de guerra oculto en la Patagonia Chilena. Así se revela que los casos ocurridos en regiones no han logrado ser parte del historial nacional de los hechos represivos durante la dictadura y que particularmente la historia represiva de Magallanes aun no está escrita.

Problemática.

Representatividad y orientación legal en temas de Derechos Humanos en Magallanes es nula. No se cuenta con abogados con especialización en esta temática y fue inevitable presentar las causas investigadas ante los tribunales de Santiago con patrocinio de abogados que no conocían la realidad de los hechos en concreto, debiendo incurrir en jornadas agotadoras para explicar las circuntancias y conclusiones de las investigaciones, converger en una estrategia legal y de esa forma, recurrir por los primeros dos casos que involucraba a 4 personas victimas de ejecuciones ocurridas en Magallanes para que fueran asignados Ministros con dedicación exclusiva y extraordinaria.

Los objetivos principales que se plantearon fueron en primer termino consignar por intermedio de las sentencias, las responsabilidades penales que correspondían, vale decir el logro de justicia efectiva. En segundo término, específicamente en uno de los casos, confirmar los datos aportados en la investigación que hacían referencia a un dato desconocido hasta ese momento por los mismos investigadores y abogados patrocinantes; la existencia en la región de Magallanes de una operación ligada directamente a la denominada “CARAVANA DE LA MUERTE”.

La sentencia definitiva emanada de la corte Suprema en el año 2010, después de 5 años de proceso, establecía con condenas efectivas de cárcel a sus responsables directos vivos y confirmaba una verdad historiografía aun no rescatada y revelada. Sergio Arellano Stark había encomendado ordenes directas de asesinar hasta el extremo austral.

Patricia Verdugo, experta investigadora del Caso Caravana, autora del libro “Los Zarpazos del Puma” entre otros, en visita a la Zona en el año 2004, fue la que entregó los primeros indicios a los investigadores locales.

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