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LA PROBLEMÁTICA DEL ENFERMO MENTAL Y SU RESPONSABILIDAD PENAL EN VENEZUELA

arreturetaivanoc17 de Mayo de 2013

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POSTGRADO

POR: IVANOVICH ARRETURETA GUEVARA

LA PROBLEMÁTICA DEL ENFERMO MENTAL Y SU RESPONSABILIDAD PENAL EN VENEZUELA

Resumen

Introducción

Contexto empírico

Contexto teórico

Contexto metodológico

Contexto crítico

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias

EPÌGRAFE

"Los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad."

Cesare Beccaria (1738-1794) Literato, filósofo, jurista y economista italiano

Resumen

Los actos de violencia en la sociedad constituyen una trasgresión a sus derechos fundamentales, pues afectan su vida, su integridad física, psicológica, sexual y su libertad personal y todos los bienes jurídicos tutelados ò protegidos por el Estado. La violencia de la cual es victima la sociedad, no se limita sólo a las agresiones físicas sino que se presenta en variadas formas de hechos dañosos. Ante esta realidad se realizó la presente investigación cuyo objetivo general fue, estudiar la responsabilidad penal del enfermo mental contemplado en el Código Penal venezolano. Se justificó el trabajo porque la violencia hacia la sociedad es un fenómeno de gran actualidad que abarca a un número considerable de personas. Se sustentó la investigación en la teoría de los derechos humanos. El trabajo metodológicamente se apoyó en una investigación del tipo jurídico dogmático, con base documental. Dentro de las conclusiones obtenidas, se encuentran Que las causas de inimputabilidad son todos aquellos motivos por los cuales no se le puede atribuir a un sujeto el acto típicamente antijurídico que haya realizado. Por tanto se recomienda involucrar a los diferentes entes de Estado para la atención prioritaria y especializada para los enfermos mentales victimas de procesos penales y el establecimiento de políticas para controlar todo tipo de violencia hacia la sociedad y defender sus derechos.

Palabras claves: Conducta, Delito, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, responsabilidad penal.

Introducción

La creciente carga de trastornos mentales que afecta a las poblaciones de América Latina y el Caribe es demasiado grande para hacer caso omiso de ella. Por lo tanto, es una necesidad impostergable conocer la prevalencia de los trastornos mentales y la brecha de tratamiento, que está dada por la diferencia entre las tasas de prevalencia verdadera y las de las personas que han sido tratadas, que en algunos casos es grande pese a la existencia de tratamientos eficaces. Si se dispone de mayor información, se hace más factible 1) abogar mejor por los intereses de las personas que necesitan atención, 2) adoptar políticas más eficaces, 3) formular programas de intervención innovadores y 4) adjudicar recursos en conformidad con las necesidades observadas.

Existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad, y lo mismo aplica específicamente a la conducta criminal. El incremento de la violencia a nivel global, así como de los delitos y actos criminales, recibe ya atención prioritaria. Es así como la Convención Anual de Psiquiatría, APA (American Psiquiatric Association), realizada en Pensilvania en el 2002 estudió la relación de los trastornos mentales con la violencia y la conducta agresiva. Otras profesiones, gobiernos, países y organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud se han visto obligados a atender urgentemente el fenómeno dado su amenazante y constante incremento. En Puerto Rico, ya desde el 1983 se había celebrado el Primer Congreso sobre la Criminalidad en el Colegio de Abogados auspiciado por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

El delito como expresión del comportamiento humano requiere un análisis a la luz de la Psicología y la Psiquiatría como ciencias y el Derecho Penal. Estas ciencias han desarrollado un cuerpo consistente de conocimientos que explican el comportamiento delictivo y otros fenómenos psicosociales relacionados con éste. Entre estas dos ciencias naturales, existe una rama de la psicología que comprende todo este cúmulo de conocimientos y ha sido denominada por Hollin (1989) Psicología Criminológica. Así mismo, esta rama constituye todo el aporte científico ofrecido por la psicología a la criminología. De la Psicología Criminológica se deriva la psicología criminal y la psicología jurídica. La psicología criminal se ocupa de explicar las causas científicas del comportamiento delictivo, por lo cual se encuentra íntimamente vinculada al campo de la criminología. El desarrollo de la psicología criminal como disciplina es básicamente teórico y sirve de fundamento a otras áreas aplicadas de la psicología, específicamente, a la psicología jurídica. Así, la psicología jurídica es un área aplicada que se encarga de estudiar el ajuste del comportamiento humano al cumplimiento de la ley y la interacción del hombre con las instancias legales en el proceso de la administración de justicia. Dentro de la psicología jurídica se encuentra la psicología forense la cual se encarga de realizar el peritaje psicológico una vez que se ha cometido el delito. La psicología jurídica constituye un soporte importante en el que descansa el trabajo jurídico penal y se encuentra relacionada directamente con el derecho penal.

En Venezuela la principal enfermedad mental del venezolano es la ansiedad. De acuerdo con los cálculos de Ministerio de Salud, 216.957 personas, es decir, 0,77% de la población, sufren de algún trastorno mental. Las cifras son elocuentes. Cifras del Ministerio de Salud señalan que para 2008, 216.957 individuos sufrían de algún tipo de trastorno en Venezuela y esto trae como consecuencia que estas personas cometan delitos. Tomando como punto de partida que el Gobierno afirma que la población general del país en ese momento era de 27.934.783 personas, entonces los afectados representarían 0,77%. El Distrito Capital es la entidad con mayor cantidad de casos, seguida de Miranda y en tercer lugar, Zulia. Luego están Carabobo, Monagas, Aragua, Táchira, Guárico, Lara y Mérida. Delta Amacuro se encuentra en el último peldaño. La organización no gubernamental Provea requirió al organismo estatal, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, que le proporcionara las estadísticas de trastornos mentales que ellos manejan.

De acuerdo con el Manual de enfermedades y trastornos mentales de OMS, estas son definidas de la siguiente manera:

La enfermedad mental "es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida". Además, el término "enfermedad mental" puede asociarse a estigmatización social. Por estas razones, este término está en desuso y se usa más trastorno mental, trastorno o psicopatología.

En cambio los trastornos mentales "son una clasificación categorial no excluyente, basada en criterios con rasgos definitorios. Admiten que no existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto, careciendo de una definición operacional consistente que englobe todas las posibilidades. Un trastorno es un patrón comportamental o psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Más aún, afirman, existen pruebas de que los síntomas y el curso de un gran número de trastornos están influidos por factores étnicos y culturales. No olvidemos que la categoría diagnóstica es sólo el primer paso para el adecuado plan terapéutico, el cual necesita más información que la requerida para el diagnóstico".

De allí, que el presente estudio tiene como objetivo estudiar la imputabilidad y la culpabilidad del enfermo mental contemplado en el Código Penal Venezolano, siendo que estas causas eximentes de la responsabilidad penal en las personas que cometen delitos enfermedades o trastornos mentales revisten diversas formas (Psíquicos, psicológicos, sensoriales, económicos, entre otros) y representando en ello un grave problema de salud.

El estudio se encuentra justificado puesto que, la enfermedad mental y los trastornos mentales, a pesar de no permanecer relativamente oculta o ignorada, es un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos, pues afecta la dignidad y valía de la persona humana. Por tal hecho, la erradicación de la enfermedad mental es una tarea que compromete al Estado, las instituciones y a la ciudadanía en general para mediante variadas formas, se divulgue información que permita garantizar que las personas con estas dolencias no se les violen sus derechos humanos víctimas victimas de estas arbitrariedades judiciales y denuncien los hechos, a través de un proceso judicial rápido y efectivo; y por ende que las víctimas reciban una atención de calidad.

El estudio se apoyó en la teoría del Derecho Público enfocado en el Derecho Penal. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se desarrolló bajo el tipo de investigación documental descriptiva, con base documental, sustentándose en la aplicación de un instrumento de recolección de datos donde se recogió la información que brindó las pautas para determinar los resultados del estudio.

En virtud de la relevancia de esta investigación la misma se estructuró de la siguiente manera:

Capítulo I: Contexto empírico, el cual

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