Los escándalos políticos en México: avances y retrocesos

Introducción

El presente trabajo optó por analizar los avances y retos que enfrentan los escándalos mediáticos en la activación de los mecanismos de accountability electoral e interinstitucional de México, dado que en la práctica la denuncia de delitos de corrupción ha repercutido en la activación de los mecanismos electorales y ello ha favorecido el capital político de grupos políticos opositores. El principal hallazgo encontrado fue que si bien es cierto los escándalos mediáticos no cuentan con un calendario en específico para ser revelados, se encontró que estos adquieren mayor notoriedad en la época electoral, lo cual resulta en parte conveniente para que la opinión publica empuje la activación de los mecanismos de accountability horizontal y vertical, pero también hay falencias.

En la primera parte: “Hacia una rendicion de cuentas eficaz; América Latina”. Se resaltó la importancia y razón de existencia de la accountability social en el contexto latinoamericano. Sus formas de expresión. Así como conceptos asociados; accountability horizontal y vertical. En la segunda parte se analizaron las implicaciones de casos de corrupción como: “Los vídeo escándalos de 2004”, “La Casa Blanca” y “La Estafa Maestra.

I. Hacía una rendición de cuentas eficaz: América Latina

El fin de la Guerra Fría a finales de los ochenta, propició en América Latina, "un ambiente que condenaba abiertamente la existencia de gobiernos autoritarios o militares" (Becerra, 2007, p. 374), este giro coyuntural derivó en el derrumbe paulatino de los regímenes militares que hasta entonces habían prevalecido en la región y su conversión a la democracia. Sin embargo estas transiciones se limitaron al procedimiento y no al contenido, pues la mayoría de las nuevas democracias se enfocaron en garantizar la realización de elecciones libres, no se comprendió que "la democracia como una forma colectiva de vida no se agota con el desarrollo de las mismas, pues existen otros aspectos importantes" (Becerra, 2007, pp. 375).

Mediante este mecanismo, los populismos de derecha e izquierda, consolidaron la práctica de la democracia delegativa (O’Donnell,1991) en la que el presidente consideraba que al ser electo popularmente tenía el derecho de gobernar como mejor le pareciera, sin tener obligación de responder por sus actos ante otros. Esta conducta disfuncional, abrió la puerta la incapacidad del Estado para satisfacer demandas de la sociedad civil (responsiveness) y al abuso de poder y por ende a la corrupción gubernamental que al presente manifiesta en América Latina altos niveles como evidencian las escalas que presentan López e Hincapié (2014, pp. 10).

Ante este panorama, la Ciencia Política se cuestionó ¿Cómo limitar de forma eficaz el poder político en América Latina? Si bien es cierto existían dos mecanismos que en teoría fueron creados para evitar estas falencias; la accountability electoral o vertical y la accountability interinstitucional u horizontal, estas fueron insuficientes. La accountability electoral que alude a “la capacidad de ejercer un juicio retro o prospectivo, donde se piensa que este es un control del poder político” (López e Hincapié, 2014, pp. 4). se limitó a mantener o acrecentar el capital político tanto de gobierno como de la oposición, pues como sucede hoy en día, el criterio del votante careció de la información correcta y suficiente para evaluar eficazmente el desempeño de un gobernante.  

La accountability horizontal por su parte, que según Morlino (2007, pp. 7), refiere a "la responsabilidad que hacen valer frente a los gobernantes otras instituciones o actores colectivos que tienen conocimientos y poder para evaluar el comportamiento de los gobernantes", donde intervienen tanto agentes endógenos al Estado; contralorías, comisiones legislativas, fiscalías como agentes exógenos; partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc. fracaso en su intento de limitar por si sólo el poder político porque ignoro "la capacidad intrínseca de las elites para conservar el dominio de los recursos y dispositivos de poder del sistema político y limitar los espacios pensados como de rendición de cuentas". López e Hincapié (2014, 9), no considero los alcances que podía tener un presidente fuerte con un partido fuerte en el poder legislativo y con capacidad para elegir a los miembros de los órganos que interpretan y aplican las leyes.

Frente a dichos déficits, surge la accountability social, que de acuerdo con Peruzzotti y Smulovitz (2002, pp. 32), se define como una “forma vertical de control, basada en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, que tienen por objeto monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos y activar la operación de agencias horizontales de control". Este mecanismo vertical - no electoral, contempla la participación permanente del ciudadano en sus tres fases cíclicas: 1) Vigilancia; estar al tanto de los actos del gobernante o funcionario, 2) Denuncia, exponer en la vitrina publica sus conductas indebidas, 3) Calificación, supervisar que las autoridades competentes sancionen debidamente (Jiménez, 2012, p. 105).

La conjunción de estas fases persigue el fin de activar la maquinaria de instituciones sancionadoras (accountability horizontal), pero a la vez de dotar de criterio al ciudadano para determinar el destino electoral o laboral de los políticos o funcionarios implicados en actos indebidos (accountability electoral), (Peruzzotti, 2010, p. 13), habría entonces que agregar esto último a las fases descritas por Catalina Jiménez. De este la rendición de cuentas social persigue la consolidación de un ciudadano autentico, pues trasciende su papel de simple votante.

De acuerdo con López e Hincapié (2014, pp. 12-14), este mecanismo vertical se materializa en cuatro formas:

1. Judicialización de la política; defender y hacer reconocer derechos y demandas individuales a través de organismos estatales como: defensorías, ministerios públicos y cortes de justicia.
2. Participaciones intermedias interinstitucionales; abrir espacios de deliberación vinculatoria a la sociedad civil para hacerla participe en la toma de decisiones de asuntos de suma importancia pública.
3. Protesta y movilizaciones; escenarios de presión en los que ciudadanos organizados manifiestan su inconformidad frente a decisiones y políticas gubernamentales que consideran afectan sus intereses.
4. Escándalos mediáticos; exposición pública de prácticas de corrupción o abuso de poder, gestadas en la clandestinidad, que puede propiciar tanto sanciones materiales como simbólicas.

De las anteriores formas, las dos primeras son de naturaleza jurídico – institucional, la tercera de naturaleza movilizacional (Peruzzotti y Smulovitz, 2002, p. 44) y la cuarta de naturaleza mediática, misma que se manifiesta mediante; el periodismo de denuncia y las redes sociales. El periodismo de denuncia consiste en una "investigación periodística que busca poner al descubierto información confidencial relacionada con actos de ilegalidad gubernamental" (Peruzzotti, 2010, p. 9).

Ante cualquier otra noticia; el periodismo de denuncia, recoge información de una fuente privilegiada cuya identidad es confidencial, supervisa su desarrollo en las instancias horizontales, si hay irregularidades en el proceso las denuncia, al mismo tiempo descubre nuevos elementos que contribuyen a esclarecerlas mayormente, y su difusión se basa en los medios de comunicación tradicionales "afín de lograr movilizar convicciones en la opinión pública de manera de ejercer presión efectiva sobre las autoridades". (Peruzzotti, 2010, p. 9).

En contraste al periodismo de denuncia, las denuncias hechas en las redes sociales se caracterizan por:

1. Carencia de detalles; los escándalos políticos difundidos en redes sociales muchas veces carecen de fuente fidedigna, o de evidencias contundentes (Escalada, pp. 27 – 34).
2. Consumo noticioso por rango de edad; revisando el caso de México que veremos más adelante, resulta que un escándalo político visto en redes sociales influye en el criterio político de personas en edad promedio de 18 a 29 en medios digitales (redes sociales y blogs), en tanto el escándalo visto en medios en línea (periódicos, internet), influye en personas de edad de 30 a 49 y los escándalo vistos en medios tradicionales influye en personas de edad de 50 en adelante. (Barquera, 2017).
3. Impacto mediático; un escándalo político difundido en redes sociales genera al instante un tema de discusión y sus protagonistas son juzgados bajo los cánones morales de la sociedad (Escalada, p. 30).

Independientemente de sus medios, los escándalos mediáticos pueden derivar en sanciones simbólicas como: “la derrota electoral, la renuncia al cargo, ostracismo político separación permanente de la función pública (Peruzzotti, 2010, p. 13), o bien en sanciones materiales como la activación de los mecanismos horizontales; juicios penales, de desafuero y políticos (impeachments). El reto que enfrenta la rendición de cuentas social en el contexto latinoamericano es que la figura de los escándalos mediáticos, active ambos tipos de sanciones, pero ello solo será posible si esta figura converge con la judicialización de la política y con las protestas y movilizaciones.

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