Medios De Participacion

Objetivos de medios de participación….

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra a la democratización de la sociedad venezolana, permitiendo el acceso de la mayoría de la población, a la práctica de participación y control de aquellos aspectos que constituyen nuestra vida como colectivo. Haciendo un somero examen del texto constitucional en función de este objetivo, tenemos que:

- Se establece la participación directa de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, además de la participación indirecta a través de los representantes elegidos (art. 5), a saber:

• “Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

- Se protege la participación del pueblo en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas, como una forma de ejercicio de la soberanía (art. 62). A saber:

• “Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.”

- Se asientan las formas de participación popular (art. 70).

• “Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad....”

La consolidación de la organización social deberá de igual manera actuar en el ámbito productivo, para consolidar áreas como la agricultura y el tratamiento de la tierra, como una palanca para el desarrollo nacional. Para ello se deben conceptualizar modelos de producción agrícola, que con el apoyo de las tecnologías posibiliten una producción basada en el uso racional y sustentable de los recursos naturales.

Para el año 2013 se desea que las instituciones del Estado Venezolano dediquen sus esfuerzos a la consolidación de los aspectos mencionados anteriormente, cada una desde su campo de acción específico. Todos los elementos deseados deberían permear las instituciones dentro de sí, los modelos de relación, de oganización y de trabajo, así como la forma en que los ciudadanos interactúan con ellas.

Como caso específico, CENDITEL debe ser una organización participante del desarrollo de la sociedad venezolana, dando impulso a las tecnologías y conocimiento libre como palanca de los cambios deseados en lo social, tecnológico, educativo y otros ámbitos de la vida nacional. Se debe impulsar el cambio cultural desde un quehacer institucional que refleje las necesidades de la sociedad.

El proceso de transformación social, económica y política que vive la República Bolivariana de Venezuela, acorde al mandato establecido en la Constitución Nacional aprobada en 1999 por la Asamblea Constituyente y refrendada por el pueblo ese mismo año, convoca la participación de todos los ciudadanos y ciu dadanas y obliga al conocimiento de los cambios planteados en la patria grande que soñó Bolívar.

Estamos viviendo nuevas formas de relación entre el gobierno y el pueblo. La Carta Magna sienta las bases de la democracia participativa y protagónica y esto significa que ya los ciudadanos no permanecen alejados de los asuntos públicos, práctica sana y conveniente para garantizar la marcha del estado en cualquiera de sus competencias. Lo que está en juego es un nuevo trato entre el estado y la sociedad: en lugar de relaciones marcadas por el paternalismo y por las cúpulas partidistas, la gente pasa a ocupar un rol activo y directo en las actividades y decisiones que involucran su comunidad, su municipio o su región.

Estamos hablando del control social necesario para que el ejer- cicio de gobierno sea eficaz y productivo. Estamos hablando de la profundización efectiva de los cambios que requiere el país, de ir hacia el "salto adelante" que menciona el presidente Hugo Chávez Frías.

Los derechos humanos es uno de los ejes transversales que nos conducen al cumplimiento de lo que plantea la Constitución Nacional y se concreta en su artículo 70: "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria el mandato, las iniciativas legislativa, cons- titucional y ciudadana cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo".

Otro de los ejes es la participación ciudadana como núcleo vital del proyecto bolivariano. Sobre esta base surge la propuesta de la Contraloría Social para todo lo vinculado con el control, vigilancia y supervisión de las obras servicios y programas sociales que se ejecuten a través de los órganos de la administración pública, específi- camente en las áreas de competencia del municipio.

El tema no es novedad. Sobre el mismo se discute y se buscan alternativas en países México, Nicaragua, Cuba, Honduras, Perú, Chile Ecuador, San Salvador, España, Alemania, etc. En Venezuela, desde hace muchos años las organizaciones comunitarias solicitan el ejercicio del control social: ante los niveles de incompetencia de los organismos públicos es necesario crear una nueva cultura política.

SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA

Cuando hablamos de participación ciudadana estamos señalando caminos diferentes a los transitados. La participación ciudadana es definida como el derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se verifiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, de manera que se prevenga la comisión de actos de corrupción, permitiendo -desde la sociedad civil- generar un proceso de control a la gestión de lo público, es decir, a lo que nos pertenece, lo que es de todos y lo que nos involucra a todos.

También podríamos decir que es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.

De una u otra manera, los constituyentistas encargados de la redacción de la Constitución de 1999 tomaron en consideración las peticiones y sugerencias de los ciudadanos y sentaron las bases de lo que sería la Contraloría Social en nuestro país. Su necesidad tomó cuerpo en el país a pesar de la resistencia que aún existe en algunos sectores. La gente se organiza en comités de contraloría que toman como bandera el artículo 62 de la Constitución Nacional.

"Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones para su práctica".

El ejercicio contraloría social representa uno de los elementos fundamentales en esta batalla decisiva que libramos contra el buro- crático representativo –herencia de 40 años de puntofijismo-, en un estado social de derecho y de justicia, en el que las gentes en forma amplia y masiva logren acceder y participar a todas las instancias del aparato del estado. Lo anterior implica que los ciudadanos tie- nen derecho a intervenir en la planificación, diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas puestas en marcha por los distintos organismos del estado.

Poder para el pueblo

Este sistema de supervisión pública, aunque luzca exagerado, será, de acuerdo a las expectativas de los forjadores de la nueva Venezuela, pieza fundamental para cumplir con dos objetivos estratégicos planteados en la reunión sostenida por el presidente Hugo Chávez Frías con los integrantes de su equipo de gobierno a princi- pios del pasado

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