Obra Colectiva “Léxico de la Vida Social”

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Obra Colectiva “Léxico de la Vida Social”

ESTADO INTERVENTOR

Profesor Gabriel Campuzano Paniagua

Definición. Estado interventor, Estado de bienestar, Estado asistencial, Estado providencia, Estado promotor, Estado ampliado, Estado planificador, Estado empresario, Estado patrón, entre otros, son términos que se han usado de manera indistinta y como sinónimos para referirse a la realidad concreta de las tareas del Estado en la vida económica de la sociedad capitalista posterior a los años 30 y hasta los 80 del siglo XX. Específicamente la idea del “Estado interventor” hace alusión a la tendencia estatal de los años posteriores a la gran crisis del 29, de intervenir directa y abiertamente en las actividades económicas y en el plano social ante el marasmo generado en el mundo contemporáneo por las secuelas de la misma crisis. Así la mano y hacienda estatales se ven palmariamente creando, fomentando, salvaguardando empresas y evitando quiebras.

Apoyando ciertos sectores industriales, monopolizando otros rubros específicos y actividades como, por ejemplo, el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, la aviación, los ferrocarriles.

Fomentando y construyendo la infraestructura necesaria para el despliegue de la industria y la ampliación de todas las actividades económicas. Creando ciertas “industrias nuevas y necesarias”, promoviendo el empleo y abriendo nuevas áreas empresariales o estableciendo medidas laborales, subsidios, y una amplia política social favorable, fundamentalmente, para las clases trabajadoras. Por supuesto, la utilización del presupuesto y gasto públicos fue esencial para orientar y dirigir toda la inversión nacional en las áreas o ámbitos considerados clave, en esta lógica de desarrollo capitalista. En todo este amplio proceso de intervención económica las “Empresas públicas” o “Empresas del Estado”, tuvieron un papel estelar. También se le identifica como la ampliación de la economía pública en la vida social.

Historia, teoría y crítica.

¿Sólo este período de 1929 a 1978—80 se denomina de Estado Interventor (E.I.)? O ¿Cuándo nace el Estado interventor? ¿Cuántos tipos de E. I. se conocen? ¿Es una forma específica, históricamente determinada, concreta y geo-referenciada? O ¿Simplemente es una característica específica de todos los estados modernos y, por lo tanto, no una etapa específica ni una forma de estado históricamente concreta?

Bajo mi perspectiva, no debemos pensar al Estado interventor sólo como una etapa puntual del Estado en el desarrollo capitalista y político contemporáneo históricamente acotado, sino también debemos concebir al Estado con esa característica propia de intervenir en la vida económica y social de manera amplia, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, a través de la legislación general, o a través de los mecanismos de regulación de la vida económica, o con la manera de orientar la inversión total de una sociedad vía la orientación del presupuesto y el gasto públicos. Con el manejo de las políticas fiscal y tributaria, los apoyos y subsidios al campo, las políticas asistenciales, el financiamiento de la educación pública y de la investigación, la provisión de servicios de salud, entre otros rubros. De la misma manera podemos pensar acerca del potencial que se encierra para una adecuada presencia social del Estado en la vida económica o en su desistimiento a intervenir a favor de los intereses públicos nacionales, con el manejo que se hace de las empresas estatales o empresas públicas. Cuya gama de formas de organización, creación y operación resulta muy heterodoxa en el caso de México. Pero, veamos más a detalle.

Para algunos autores, como William Patton Glade, el carácter interventor de los estados latinoamericanos derivaba de su esencia ibérica. Es decir, se refería al hecho de que los estados latinoamericanos eran directamente descendientes del estado absoluto español, cuya naturaleza fue altamente interventora y reguladora de la vida social y, por lo tanto, tenían una especie de propensión natural a la intervención en el plano económico. Por ejemplo, siguiendo esta idea, encontraremos que el Estado español del siglo XVIII poseía grandes propiedades agrícolas, intervino en la construcción de canales y en la minería.

Había constituido también, varios Monopolios Reales, o las famosas Compañías Coloniales, dedicadas al comercio internacional y verdaderas instituciones empresariales públicas, así como las Fábricas Reales o Fábricas de la Real Hacienda. También, el estado español inicia en ese siglo, el servicio público de Correos y Telégrafos. Entre las Fábricas Reales podemos destacar la “Fábrica de Porcelana del Buen Retiro”, la de “Vidrios Artísticos de la Granja de San Ildefonso” y la de “Tapices de Santa Bárbara” llamadas en conjunto empresas artístico-industriales de la Hacienda pública española. Hay un sinnúmero importante de empresas de este corte que se instituyeron en el tiempo, como, por ejemplo, la “Real fábrica y escuela de relojes”, la “Real escuela—fábrica de platería” y la “Real manufactura de lapidación y pulimento de piedras preciosas”, entre otras empresas públicas que florecieron en el Siglo XVIII español pero que tratarlas aquí desbordaría el objetivo del presente trabajo. Baste decir que, con este ejemplo, estamos en presencia de un Estado que es concebido como un inmenso promotor económico o fabricante y que erige fábricas o establecimientos técnico—educativos—productivos con la finalidad de enseñar artes, artesanías, nuevas técnicas de producción, diseño y con la finalidad de comercializar y aprovechar los recursos que ahí se generaran para la hacienda pública.

Por otro lado, la historia y desarrollo del capitalismo nos habla de un Estado siempre activo y presente en la vida económica y social. Como dice Braudel (citado por Pipitone) “....el capitalismo es impensable sin la complicidad activa de la sociedad…el capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado”. Para avanzar, desarrollarse, ampliarse, el capitalismo necesitó, como necesita ahora, de un ambiente social propicio, los canales adecuados de producción y comercialización, la creación y ampliación de mercados, y un ambiente de seguridad para garantizar el desarrollo y permanencia de los negocios, es decir, necesitó de un poder político centralizado y no difuso, lo suficientemente consolidado y extendido y con la flexibilidad suficiente para propiciar el adecuado clima de negocios, donde los mercados y la economía prosperan y el bienestar se construye.

En esta misma línea, Marx y Engels en el “Manifiesto del Partido Comunista” hacen alusión a esta identificación del capitalismo con el Estado y a la centralización del poder político: “La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refundan en una nación única, bajo un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera”.

En el proceso mismo de la construcción y consolidación de los Estados, como en el caso de los estados ibéricos y el estado alemán, por ejemplo, pueden existir condiciones y elementos que diferencien radicalmente la constitución de un Estado minimalista, cuya principal función consista en garantizar la paz social y la libertad individual, de un Estado (interventor) que desempeñe un papel crucial no sólo en garantizar la seguridad y la paz sociales, la ampliación, garantía y fortalecimiento de las garantías y libertades individuales y sociales, sino también, el impulso a los procesos de industrialización y desarrollo económico y ampliación de los niveles de bienestar, además de la construcción y mantenimiento de la paz social mediante diversos programas de asistencia pública. Así, en estos países, el “contrato social” entre gobiernos y sociedad ha respondido más bien a una visión del Estado como algo más que un simple garante de la paz social o una institución neutral que arbitra los conflictos de intereses de grupos sociales o personas en conflicto.

Ya comentamos líneas arriba, cómo los Estados latinoamericanos tienen la propensión a intervenir bajo la idea de crear condiciones para el bienestar y el desarrollo económico. En el caso alemán, Brigitte H. Schulz señala que la Constitución alemana declara que "la República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social." Y que esta frase le encomienda a este no sólo permitir las libertades individuales, sino también garantizar que se contemplen estas libertades en un sistema de seguridad social más amplio. Éste es el fundamento ideológico del Estado Social Alemán.

La diferencia con los Estados de bienestar modernos, cuyos orígenes se remontan a las iniciativas de la política keynesiana, es que el Estado Social o de bienestar alemán, se fundó décadas antes bajo el gobierno del Canciller Bismarck. Bajo su dirección, Alemania creó el primer seguro público de salud en 1883, el primer seguro de accidentes en 1884 y la pensión por discapacidad y las jubilaciones en 1889. Estas acciones sociales fueron importantes elementos del proceso de construcción del Estado en Alemania. Otro elemento clave en la constitución y características del Estado alemán derivan del hecho de que la unificación alemana se haya hecho bajo Prusia, puesto que el legendario servicio civil prusiano desempeñó un papel clave en la elaboración de los objetivos de las políticas. Ser funcionario público del servicio civil en Alemania era una profesión respetada y cotizada, y el gobierno se convirtió en uno de los principales emprendedores. De hecho, hacia finales del siglo pasado, Alemania tenía, en términos relativos, el funcionariado público más numeroso del mundo. El proceso de construcción de la nación y la transición a la industrialización y la urbanización estaba, por lo tanto, íntimamente ligado a las políticas gubernamentales concretas y a un Estado sumamente intervencionista bajo la dirección de un cuerpo profesional de funcionarios civiles.

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