PONENCIA REFORMA EDUCATIVA

REFORMA EDUCATIVA Y DERECHOS LABORALES

La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del silencio” Paulo Freire

El decreto de reforma del gobierno federal en materia de educación realizado el pasado 26 de febrero del 2013, al que llama reforma educativa, tiene su origen público en el 2010 cuando la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) hace 15 recomendaciones, en el marco del Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas , en las que proponen una estrategia de acción con la finalidad de que el gobierno federal a través de la SEP asuma la responsabilidad de abrir todas las plazas de los docentes a concurso y, para ello, deberá implementar un sistema de evaluación docente basado en estándares donde los docentes que presenten un bajo desempeño (como resultado no como proceso) deberán ser excluidos del sistema educativo.

Con la llegada del Lic. Enrique Peña Nieto a la Presidencia de nuestro país y de la conformación del Pacto por México se hace posible el DECRETO por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando evidentemente las recomendaciones antes señaladas, más las insistentes aportaciones de la organización Mexicanos Primero, es decir, se hizo una reforma educativa con la opinión y presión de organismos extranjeros y grupos empresariales mexicanos, insisto, una reforma educativa sin los maestros pero sí en nuestra contra. En relación a lo antes expuesto llego a la siguiente consideración:

La reforma educativa fortalece la omisión del estado ante la gratuidad de la educación pública y favorece la incertidumbre laboral de los maestros.

Al grito de vamos a recuperar la rectoría del estado en materia de educación, el gobierno de Peña Nieto justificó su propuesta de reforma educativa, hoy ley constitucional, para convertir la educación pública en un jugoso y prospero negocio de la iniciativa privada, para ello, incluso, fue necesario terminar con su aliado incomodo: Elba Esther Gordillo y hacer de Juan Díaz de la Torre no en un aliado sino un paje, quien junto con el gobierno tratan de poner al magisterio nacional en vulnerabilidad completa, eliminando nuestras conquistas laborales (llámese base, inamovilidad y permanencia) y con ello acabar con la resistencia digna de los maestros que nos oponemos a los designios empresariales por hacer de la educación una mercancía.

Ahora, al amparo del decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se echa mano de su contenido para actuar contra los maestros y la educación pública:

Empezaré por citar la adición a la fracción III del artículo 3º que a la letra dice:

“…Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional…” esta modificación desde luego que es lesiva, porque abre las puertas de la incertidumbre laboral de los maestros a nivel nacional y, en particular, de los maestros que laboramos en el Valle de México. Estos señalamientos modificaciones y adiciones que contempla el decreto, terminan con los derechos que se establecen en:

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional que en su artículo 6º expone. “Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior (artículo 5: trabajadores de confianza) y que, por ello, serán inamovibles...”

El Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública. Ostenta en su Artículo 5.- “…los trabajadores de base de la secretaria de educación pública se subdividirán en tres grandes grupos: docentes, técnicos y administrativos.

Artículo 6.- para los efectos de este reglamento, son trabajadores docentes, los que desempeñan funciones pedagógicas…”

Ley General de Educación (Última reforma publicada DOF 09-04-2012) en su artículo 21 señala “…Las autoridades educativas establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social…”

Las leyes y reglamento antes mencionados amparan nuestros derechos laborales, sin embargo, con la reforma educativa se sepulta toda aspiración a conservar estos beneficios de los trabajadores de la educación, pues el sexto transitorio de la reforma educativa advierte: Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

La reforma educativa contempla también la evaluación obligatoria, entendida esta, como un instrumento de medición (estandarizado, por su puesto, como lo sugiere la OCDE) de acuerdo a lo que señala la fracción IX inciso a) del artículo tercero que a la letra dice: “...realizar mediciones que correspondan…” como una de las facultades del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), por lo que antes de ser despedidos los maestros serán discriminados

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