Participación ciudadana ¿algo real o simbólico?

[pic 1]

Participación ciudadana ¿algo real o simbólico?

En 2019, Chile sufrió diversos movimientos sociales que manifestaron el descontento sobre el funcionamiento del país, lo que provocó un proceso histórico para la ciudadanía chilena, la posibilidad de elaborar una nueva constitución, la cual contemplaría cuatro promesas centrales de participación ciudadana. Este itinerario fue denominado Proceso Constituyente y fue inédito para el país, puesto que, nunca se había elaborado una constitución de esta manera. Debido a eso, era necesario establecer las medidas de participación ciudadana que se habían prometido, algunas de ellas ya eran pactadas por una ley y otras se fueron estableciendo mediante el proceso. A lo largo de este período se realizaron cabildos, se recolectaron propuestas y había elección de representantes en votación para mantener la participación de la ciudadanía, sin embargo, con el pasar del tiempo los ciudadanos votantes, comenzaron a cuestionar si su participación realmente influyó en el proceso y contenido de la Constitución o más bien fue algo simbólico.

Es por eso, que nos enfocaremos en el estudio del Proceso Constituyente, para lograr analizar los mecanismos de la participación chilena y el verdadero impacto que tuvimos como ciudadanos en las decisiones tomadas en aquel proceso. Dando la importancia que merece, entender los mecanismos de participación y si cumplen realmente sus objetivos. Si la ciudadanía no se siente escuchada durante el proceso, ¿Fue participación real o solo simbólica?

Tenemos como objetivo analizar si la participación ciudadana en la redacción de la constitución 2020-2022, tuvo un impacto verdadero en las decisiones por parte de la Convención Constitucional, o si en verdad esa participación fue utilizada como estrategia simbólica para legitimar el proceso, frente a la opinión pública. Además, buscamos analizar los mecanismos de participación que fueron implementados de manera oficial y su acceso para la población general. Investigar qué percepción tenían los ciudadanos chilenos sobre el valor de su participación.

Este proceso marca totalmente la historia de Chile, ya que, marca una demanda social que nace de una crisis política-social. Esto hace que la participación de los ciudadanos sea necesaria para mantener legítimo este proceso, teniendo en cuenta que permitir la participación no implica que se aplique de manera concreta.

Indagar sobre este tema es bastante relevante en diversos ámbitos; académicamente contribuye al análisis de la democracia participativa, a estudios contemporáneos y a generar conciencia sobre nuestra historia. También favorece el análisis político social, sirviendo de guía para futuros procesos constitucionales o reformas que pueda experimentar Chile u otro país.

Nuestra hipótesis principal corresponde a que la participación ciudadana en el proceso de redacción de la nueva Constitución de Chile fue en su mayoría simbólica, ya que, a pesar de que existieron diversas instancias de participación, muchas de las propuestas levantadas por la ciudadanía no lograron convertirse en normas dentro del texto constitucional.

Esta hipótesis busca ser contrastada con datos concretos, tanto cuantitativos como cualitativos, para verificar si las percepciones y las evidencias coinciden con esta visión crítica.

Para poder analizar si la participación ciudadana en el proceso constituyente, fue real o simbólica, es importante conocer algunas teorías y experiencias previas que ayudan a entender cómo debería funcionar la democracia cuando incluye activamente a la ciudadanía. Este marco teórico se basa en tres enfoques principales: la teoría de la democracia participativa, la democracia deliberativa, y los antecedentes de procesos constituyentes en América Latina.

La teoría de la democracia participativa, desarrollada por la autora Carole Pateman (1970), plantea que una democracia fuerte no se limita solo a que las personas voten cada cierto tiempo, sino que debe permitir que la ciudadanía participe activamente en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Pateman sostiene que cuando las personas se involucran en el proceso político, ya sea opinando, proponiendo o participando en espacios colectivos se fortalecen tanto la democracia como el compromiso de la ciudadanía.

Desde esta perspectiva, no basta con ofrecer espacios de participación si estos no tienen consecuencias reales. Si la ciudadanía participa, pero sus ideas no son tomadas en cuenta en las decisiones finales, esa participación puede considerarse vacía o simbólica. Por eso, una participación legítima debe poder influir en los resultados, no ser solo una formalidad.

Otra perspectiva clave es la democracia deliberativa, especialmente desde el enfoque del filósofo Jürgen Habermas (1996). Para él, la democracia no solo se trata de votar, sino también de dialogar públicamente sobre los temas que afectan al conjunto de la sociedad. En este sentido, la esfera pública cumple un rol central: es el espacio donde las personas pueden intercambiar ideas, debatir argumentos y tratar de influir en las decisiones políticas a través del razonamiento colectivo.

Habermas advierte que si estos espacios deliberativos existen sólo como un gesto superficial, sin impacto real en las decisiones del poder, la participación pierde su valor. Es decir, si la ciudadanía es invitada a hablar, pero su voz no es escuchada ni tomada en serio, la participación pasa a ser decorativa, lo que debilita la legitimidad del proceso democrático. En el caso chileno, esto lleva a preguntarse si las propuestas ciudadanas recogidas durante el proceso constitucional realmente influyeron en el contenido del texto o si fueron simplemente utilizadas como una estrategia simbólica para dar una apariencia de inclusión.

El proceso constituyente chileno, iniciado formalmente tras el estallido social de octubre de 2019 y el plebiscito de entrada en 2020, fue presentado como una oportunidad histórica para reescribir las reglas del país con participación directa de la ciudadanía. Esta participación se promovió como un pilar central del proceso, en línea con lo que propone la teoría de la democracia participativa de Carole Pateman: una democracia más fuerte y legítima cuando las personas no solo votan, sino que también influyen en las decisiones políticas.

Durante el funcionamiento de la Convención Constitucional (2021–2022), se habilitaron diversos mecanismos de participación ciudadana, como audiencias públicas, cabildos, y sobre todo las iniciativas populares de norma (IPN), que permitieron a grupos organizados y personas individuales presentar propuestas concretas que, al reunir cierta cantidad de firmas, eran discutidas formalmente por la Convención.

Sin embargo, al aplicar la mirada crítica de Pateman y la perspectiva deliberativa de Jürgen Habermas, el proceso revela ciertas tensiones. Aunque en lo formal existieron canales de participación, en la práctica muchos de estos espacios fueron limitados en su impacto real. Por ejemplo, solo un pequeño número de propuestas ciudadanas logró transformarse en artículos constitucionales, y muchas de ellas fueron rechazadas o modificadas profundamente en las comisiones o en el pleno, sin mayor explicación o diálogo con sus proponentes. Esto genera dudas sobre cuánto influyó verdaderamente la voz de la ciudadanía en el texto final.

...