Proyecto de Ley que declara Loma Miranda como Parque Nacional

Proyecto de Ley que declara Loma Miranda como Parque Nacional.

Emilio Gallegos miró incrédulo el reporte legislativo que tenía en sus manos y reflexionó sobre la llamada que acababa de recibir del periódico Diario Libre. Colocó sus manos sobre su frente mientras reflexionaba acerca de los próximos pasos que debería dar.

Como presidente de una de las principales empresas mineras del país con la responsabilidad de desarrollar el proyecto que permitiría extender la vida de la operación que ofrece empleo y sustento a más de 3,000 familias, no tenía claro qué curso de acción emplear para conseguir bloquear el último intento de boicotear el proyecto minero en Loma Miranda.

A pesar de contar con una concesión del Estado Dominicano que declaraba una intención de uso de suelo minero para el área a explotar, completar todos los estudios y documentos que requerían las leyes vigentes y haber mantenido operaciones en la zona por más de 50 años sin que ocurriera ningún incidente significativo, grupos ambientalistas y comunitarios entendían que Loma Miranda, una montaña que pertenece a la Cordillera Central de la República Dominicana con una longitud de 12.3 km2 con importantes reservas de ferroníquel, era un “santuario natural” con una biodiversidad extraordinaria que necesitaba ser protegida.

Luego de numerosas protestas pacíficas y marchas a nivel nacional un grupo de legisladores, liderados por el senador de la provincia La Vega Euclides Sánchez habían tomado la iniciativa de proponer un proyecto de ley que buscaba declarar a Loma Miranda como Parque Nacional, colocando un bloqueo definitivo a los planes de la empresa y poniendo en riesgo las multimillonarias inversiones que había realizado a la fecha adquiriendo los terrenos y reubicando las familias que vivían dentro de su propiedad.

El nivel de presión y atención habían hecho de Loma Miranda mas que un proyecto minero local una causa nacional, por lo que el proyecto de ley servía como la plataforma ideal para todo senador o diputado que deseara aumentar su popularidad y demostrar su solidaridad con el sentir nacional. Considerando que en un año y medio se realizarían elecciones, esta era el momento para impulsar el proyecto de ley y con él conseguir una presencia mediática positiva.

La empresa, a pesar de haber realizado campañas de comunicación en la prensa nacional, reuniones privadas con los grupos ambientalistas y comunitarios y contar con estudios técnicos que evidenciaban la viabilidad del proyecto, no había podido convencer a la población que su proyecto no tendría efectos nocivos sobre el medioambiente y la oposición era cada vez mayor. Para complicar aún más la situación, semanas antes un análisis independiente de los estudios de impacto ambiental realizado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) cuestionaba el análisis social realizado y entendía que, en vista al nivel de rechazo social que generaba el proyecto, no resultaba viable una operación minera en la zona.

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